Lío en AEI por policías testigos de “Manzanita”

-Lío en AEI por policías testigos de “Manzanita”
-Apuesta Duarte a su blindaje de extraditado
-Panistas voltean a MC y dejan de lado al PRI
-A horas de ser validada elección judicial

Insólito, es como puede definirse la presentación ayer de dos policías y un comandante de la Agencia Estatal de investigaciones (AEI) como testigos de descargo en favor de “ La Manzanita”, María del Rosario C. H., acusada y detenida por el delito de homicidio calificado contra otro comandante de la propia (AEI), de otro elemento de dicha corporación, de un agente federal y de otras tres personas más.
Los hechos ocurrieron en abril del 2022 a la altura del racho San José, en la carretera hacia Nuevo Casas Grandes. Murieron en una emboscada, Alejandro Domínguez Cabriales, su escolta; el oficial, Gil Manuel Malo, y cuatro personas más.
Desde el inicio de las indagatorias apareció el nombre de María del Rosario y del jefe delictivo de la región, Ricardo González Toala, alias “El Chicharrón”. Ella fue detenida por agentes de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, el pasado fin de semana, luego que las respectivas órdenes de aprehensión no avanzaran por otras áreas de la AEI.
Ahora es posible entender que seguramente por complicidades no había avance. Ayer fue la audiencia de vinculación en un juzgado de control encabezado por la jueza, Paola Otero Monárrez, que desestimó el testimonio de Daniel Morales, comandante de la AEI de Palomas y los agentes Alejandro Acuña Quintana y Miguel Ríos Chávez, elementos operadores directos del jefe estatal de la corporación, Arturo Zuany.
Pretendió la defensa mezclar la detención por homicidio con supuestos intentos de extorsión contra María del Rosario por parte del Fiscal de la Zona Noroeste, Alejandro Vargas.
Los agentes atacaron con todo a Vargas presumiblemente azuzados por Zuany, pero ¡oh sorpresa!, como testigos en favor de quien es acusada de asesinar a sus compañeros.
Empieza a develarse mucho del fondo que impide pacificar aquella región con cientos de desaparecidos y casi 100 cuerpos hallados en narco fosas durante los últimos meses sin detención alguna por todo ello. Algo anda más que podrido.
El lío interno en AEI apenas empieza.
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El exgobernador, César Duarte, tan campante que aparece en las redes sociales y los sitios públicos cada vez más seguido, anda con la tranquilidad del blindaje que le brinda el haber sido extraditado, de acuerdo con la apreciación de algunos abogados.
Su actividad a la vista de todos no es una provocación política ni jurídica, explican, sino el simple ejercicio de su derecho a hacer lo que le venga en gana, dentro de los límites que le aplicó la justicia estatal, entre ellas las de traer geolocalizador en el tobillo y no poder salir de la ciudad de Chihuahua. Ni siquiera a Parral puede viajar, donde está su casa vandalizada.
Así, aseguran, puede sostener las reuniones que quiera y donde quiera, ya sea para reconformar su grupo político, hacer alianzas, buscar cobija de la Secretaría del Bienestar o nomás dejarse ver para normalizar su presencia pública después de los poco más de cuatro años preso, primero en Estados Unidos y luego en Aquiles Serdán.
Aunque debe saber el exmandatario que hay infinidad de hilos que pueden jalar sus rivales políticos, desde procesos vigentes en la Fiscalía General del Estado hasta los presones de su rancho en Balleza que va a derribar la Comisión Nacional del Agua, la libertad difícilmente la podría perder.
La extradición a México fue concedida por la causa que sigue abierta en la eterna espera del juicio oral, la de peculado por cerca de 100 millones de pesos, pero de ahí en fuera no le pueden fincar cargo alguno extra. Ese es su blindaje de extraditado, es más bien a lo que se atiene.
A menos que cometa un nuevo delito después de la fecha en que fue entregado a la justicia mexicana, Duarte Jáquez parece haber librado la prisión para siempre. Con que se cuide hasta de no pasarse un semáforo en rojo, puede tener la libertad garantizada, entre más se diluyan los casos que pesaban en su contra.
Así, mientras pueda tener las mejores defensas legales del estado, puede seguir con esas apariciones interpretadas como meras provocaciones tanto para el poder estatal como para el federal.
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Mucho se habla de un PRIAN en la elección judicial recién concluida, pero la realidad es que las candidaturas impulsadas por esa alianza en el plano federal fueron unas cuantas, mientras que en la contienda estatal fueron unas tantas más, pero más azuladas que tricolores.
Ni al caso profundizar en los perfiles promovidos por esa despintada coalición de intereses políticos, cuya eficiencia electoral ha quedado en entredicho desde las elecciones de 2024.
Así, en Palacio de Gobierno y la dirigencia de Acción Nacional, encargada a la juarense Daniela Álvarez, corre con fuerza la idea de que es más factible analizar la posibilidad de hacer alianzas y pactos formales con Movimiento Ciudadano, mejor que con el PRI.
Aunque es sabido cómo se las gastan los diputados Alfredo “Caballo” Lozoya y Francisco “Pancho” Sánchez, arrendadores de las siglas del partido naranja, también es conocido que los tricolores han quedado en calidad de vende humo, en especial porque la dirigencia tricolor, a cargo de Alejandro Domínguez, representa solo una parte mínima del priismo.
Entonces, si MC tiene como principal obstáculo al PRI para aliarse con el PAN y las posibilidades de que vayan los tres juntos a posteriores aventurales electorales, sería el naranja la opción número uno para los albiazules, ya no el tricolor.
Tanto la experiencia de la elección de 2024 como la cadena posterior de chantajes e intentos de extorsión de los priistas, con la amenaza de no aliarse con el PAN para 2027, forzan esa tendencia de buscar fortalezas electorales fuera del PRI.
El mayor avance de esa posible alianza con los naranjas está en la pasada elección judicial, en la que la esposa de “Pancho”, Nancy Josefina Escárcega, fue la beneficiaria de un asiento en el nuevo Tribunal de Disciplina, cuya conformación tiene además una magistratura de Morena y tres del PAN, de exclusivo origen en el PAN, nada que del PRIAN.
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El fin de semana, el Instituto Nacional Electoral (INE) le pegaba a un avance del 80 por ciento en el cómputo de la elección de los jueces de distrito, por lo que era cuestión de horas para que pudiera declarar la validez de la elección y determinara a los ganadores del proceso del pasado domingo.
De esta semana no pasa el INE, dentro del plazo que se autoimpuso para determinar los números finales de la elección judicial.
Pero en el Instituto Estatal Electoral las cosas han fluido más lentamente en el confuso cómputo de la elección de los juzgadores de primera instancia.
Si bien los avances, a una semana de la elección, permitieron determinar que el Tribunal de Disciplina quedará presidido por Javier Acosta Molina y el Tribunal Superior del Estado con Marcela Herrera a la cabeza, no hay certeza, por el lento avance del conteo, en la integración de todas las 30 salas del TSJE que habrán de ocuparse y menos en los 270 juzgados civiles, familiares, penales, laborales, menores y mixtos de todo el estado.
Nos precisan del IEE que el plazo de los 10 días fijado por el INE era la estimación del organismo nacional, pero no para el estatal, aunque el cómputo se ha mantenido a todo vapor, con los recursos que tiene a su disposición.
De cualquier forma, el órgano técnico electoral espera consolidar los datos, con todas las polémicas y sospechas surgidas, en esta semana.
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La reforma judicial a nivel estatal, por cierto, contempla que, ya terminada la elección, sea integrada una Comisión de Transición que deberán encabezar las magistradas saliente y entrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en este Myriam Hernández y Marcela Herrera, respectivamente.
En lo que la segunda es oficialmente declarada como ganadora -sin impugnaciones relevantes, según las vísperas- los magistrados salientes ya dejaron de recibir asuntos para esperar a sus relevos, porque son bastantes las salas que habrán de renovarse y unas cuantas las que continúen con su titular.