Imputaron por peculado y abuso de autoridad a un diputado de La Cámpora por la difusión de fake news Infobae
El diputado nacional de La Cámpora Emiliano Estrada fue imputado este viernes por peculado y abuso de autoridad, en una causa en la que se lo acusa de haber incurrido en el uso indebido de fondos públicos para ejercer una campaña de difamaciones en redes sociales.
La decisión fue tomada por la jueza Mariela Giménez, quien, por otro lado, resolvió que el expediente prosiga en el Juzgado Federal N°2 de Salta, a pesar del requerimiento del juez Sebastián Casanello para trasladar la causa a Comodoro Py.
La magistrada, además, a pedido del fiscal federal Carlos Amad, confirmó que solicitará el desafuero de Estrada ante el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. Esa resolución fue impugnada por la defensa del acusado, que además pidió audiencia para que sea resuelta.
“El pedido de desafuero contra Estrada estará basado en violaciones a la Ley de Ética Pública por abuso de autoridad y peculado de servicios”, manifestó el fiscal tras la audiencia, a la que no se presentó el legislador.
En realidad fueron dos los pedidos de inhibitoria de competencia interpuestos y rechazados por la jueza Giménez. Uno, el de Casanello, del juzgado correccional 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el otro, de la jueza Claudia Puertas, del Juzgado de Garantías 8 de la justicia provincial.
Estrada se encuentra imputado como autor de los delitos de intimidación pública, previsto en el artículo 221 del Código Penal, y peculado de trabajos y servicios, previsto en el artículo 261 2º parte del Código Penal, ante la presunción de que la organización y distribución de tareas de esta organización estaba siendo financiada con fondos públicos, provenientes del Congreso de la Nación, ya que el pago de los servicios de dos de los imputados (sus asesores) provenía del erario público nacional.
El objeto de la investigación es determinar si Estrada, electo por la provincia de Salta y ex ministro de Economía durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, montó una usina de noticias falsas para desprestigiar a rivales políticos, empresarios y periodistas.
Según consta en la causa que tramitó en Salta, quienes ejecutaron las tareas fueron los empleados del Congreso Nacional Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand. Ambos admitieron su culpabilidad para acceder a un juicio abreviado en la justicia de esa provincia. Acordaron una pena de un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios del delito de intimidación pública, y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los ex empleados legislativos reconocieron que seguían instrucciones directas del diputado. Según argumentaron para defenderse, tomaban las campañas difamatorias como “responsabilidades laborales” y no se habían percatado de que eran maniobras ilícitas.
Principalmente en TikTok, usaban cuentas llamadas “La Casta Salteña”, “Casta Salta” y “La Casta de Sáenz”, entre otras, para viralizar los ataques digitales. Aunque el contenido tenía objetivos varios, la mayoría de los videos eran contra el gobernador salteño Gustavo Sáenz, a quien vinculaban con la corrupción y el narcotráfico.
Un tercer integrante del equipo de Estrada fue investigado por la fiscal de Ciberdelitos, Sofía Cornejo Solá, pero lo sobreseyeron antes de la elevación a juicio.
Esta parte de la causa transcurrió en jurisdicción provincial porque los videos pretendían “alterar el orden público” puntualmente en Salta. En este expediente el diputado también está imputado por intimidación pública, pero no hubo avances contra él gracias a que se amparó en sus fueros parlamentarios.
El problema de competencias que se generó en la Justicia Federal fue por el delito de peculado, ya que se habrían utilizado recursos humanos del Estado para objetivos políticos personales.
Sucede que un abogado se presentó en Comodoro Py para denunciar a Estrada por los hechos que ya se estaban investigando en Salta. La presentación recayó por sorteo en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 7, a cargo de Casanello, y en la Fiscalía N° 9 de Marijuan, a quien el juez le delegó la investigación.
