Exdirector de la Dian destapó lo que está violando Petro con decreto que modificó la retención en la fuente: “Estamos en el peor de los casos”

El Ministerio de Hacienda aplicó una medida excepcional para abordar los desafíos financieros que enfrenta Colombia. Por medio del Decreto 0572 de 2025, el Gobierno nacional autorizó el adelanto del cobro de la retención en la fuente correspondiente a 2026, y lo trasladó a 2025. La decisión tiene como objetivo principal aliviar los problemas de liquidez que afectan a la administración pública.

Ante ello, el ministro Germán Ávila explicó que la acción se fundamenta en la necesidad de garantizar la estabilidad fiscal en un contexto económico complicado. De acuerdo con el funcionario, la medida se sustenta en el artículo 365 del Estatuto Tributario, que otorga al Gobierno la facultad de establecer retenciones en la fuente con el propósito de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta y sus complementarios.

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Dicha norma establece que el Gobierno puede determinar los porcentajes de retención considerando factores como la cantidad de los pagos o abonos, las tarifas impositivas vigentes y los cambios legislativos que puedan influir en dichas tarifas. Además, aclaró que estas retenciones serán consideradas como buena cuenta o anticipo del impuesto. El decreto entró en vigor el 29 de mayo.

La medida, que había sido anticipada semanas antes, busca responder a las dificultades económicas actuales, lo que le permite al Gobierno contar con recursos adicionales de manera inmediata. Esto, según lo señalado por el ministro Ávila, es importante para mantener la estabilidad fiscal en un momento en el que las finanzas públicas enfrentan presiones.

Así las cosas, el adelanto del cobro de la retención en la fuente es una herramienta que el Gobierno decidió utilizar dentro de sus facultades legales, con el fin de garantizar el flujo de recursos necesarios para cumplir con las obligaciones del Estado. No obstante, hay muchas críticas al respecto. Gremios del sector productivo ven una amenaza para el crecimiento económico del país.

Ante ello, Infobae Colombia dialogó con el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Lisandro Junco Riveira, miembro del equipo económico que asesora a la candidata presidencial Vicky Dávila. Para él, entre otras cosas, la norma es irresponsable frente a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas del Estado.

¿Cómo califica y qué reparos le hace al decreto 0572, que modifica la retención en la fuente?

El Gobierno tiene facultades para modificar las tarifas de retención en la fuente, sin embargo, estas deben ser dentro del marco de los principios del derecho tributario. El decreto sobrepasa los límites y genera un gran impacto en la caja de las empresas y personas naturales. Asimismo, cambia los topes que existían para aplicar las retenciones.

Dicho en otras palabras, al disminuir los valores por el cual se deben hacer retenciones termina ampliando el número de contribuyentes del impuesto de renta.

Esto, técnicamente, se llama ampliar la base gravable y modificar sustancialmente el impuesto a la renta. Esta facultad solo la tiene el Congreso de la República, no el Gobierno. En resumen, es una reforma tributaria que sacaron de manera irregular afectando a los ciudadanos del común y a los empresarios.

¿Está pensando en demandarlo o ya lo hizo? Sobre las demandas que ya hay, ¿qué espera de estas?

Para bien, hay varias demandas, unas de políticos, otras de abogados preocupados. Lo lamentable es que los gremios importantes no demandan y lo que hacen es emitir comunicados, que son insuficientes.

Nosotros, esta semana radicamos una demanda que hemos trabajado. El sustento de la demanda es la violación de varios principios constitucionales y legales, empezando por el principio de representación, nuestra Constitución establece que es el Congreso el que puede modificar o establecer los impuestos, en este caso lo hizo el Gobierno.

Por otra parte, se vulnera un precedente constitucional que se conoce como “proscripción en exceso”, que se traduce en la prohibición de imponer cargas tributarias desproporcionadas. Este decreto duplica, triplica y hasta cuadruplica las retenciones en la fuente, afectando la caja de las empresas y absorbiendo los pocos ingresos que pueden tener las personas naturales.

Sumado a esto, el decreto viola el principio de sostenibilidad fiscal, porque recauda pagos que se deberían dar en 2026, y por obvias razones es irresponsable frente a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas del Estado.

Lógicamente, nuestra demanda recoge la violación del principio de confianza legítima, porque ha sido el mismo Gobierno el que mencionó abiertamente que anticipar los recaudos va en contra del equilibrio o balance fiscal. Hay muchos más argumentos, sin embargo, el más sólido es solicitar la falsa motivación, porque el decreto se sustenta en “suavizar” el recaudo en las próximas vigencias, trayendo a 2025 lo que corresponde a posteriores vigencias. Este es un decreto que se debe caer por esta y varias razones más que estamos exponiendo en nuestra demanda.

¿Si el próximo Gobierno no tiene caja debido a esta norma, tendrá que hacer una nueva reforma tributaria rigurosa? ¿Cómo tendría que ser?

Sí, una que baje impuestos y que luche contra la evasión con la fuerza de las sanciones, pero con la simplicidad en donde no haya excusas para pagar impuestos. Con el proyecto ciudadano liderado por Vicky Dávila tenemos claro que Colombia ya está sufriendo lo que expone Arthur Laffer en su curva, que es que las cifras de recaudo de los últimos tres años muestran que entre más altos los impuestos, menos recaudo, menos competitividad y menos productividad.

La propuesta de simplificación tributaria va a incrementar el recaudo como porcentaje del PIB, partiendo de un sistema de tributación plano, aunque con deducibilidades específicas.

Está enfocado en incentivar la inversión con contratos de estabilidad muy atractivos para los inversionistas, sumado al plan de reducir costos de cumplimiento y, de esta manera, generar mayor crecimiento económico, lo que traerá mayor recaudo. Es decir, al tener una tributación simple, se genera más recaudo, hay dinero servido sobre la mesa, que está en la evasión. Con nuestra propuesta, va a ser más sencillo buscar los 5,4% del PIB que no nos pagan.

¿En esa reforma tributaria usted sería partidario de reducir el IVA y el umbral de quienes declaren renta? ¿Qué impuestos eliminaría o cuáles agregaría?

El IVA debe ser modificado. Un estudio del Ministerio de Hacienda de 2020 estableció que, si Colombia sustituyera el IVA por un impuesto al consumo, pasando de la tarifa general del 19% al 8%, se tendría un recaudo adicional por concepto de este impuesto, de 0,6% del PIB.

Si se logra llevar hasta un 10%, podría haber un mejor sistema, más sencillo y con mayor efectividad. Esta propuesta se complementa con la lucha contra la evasión, solo así podremos encaminar las finanzas públicas hacia un círculo virtuoso en bienestar de todos.

Los umbrales para declarar renta no se deben mover.

¿Qué implicaría esto para el ciudadano de a pie? ¿Podrían eliminarse subsidios, como por ejemplo, para vivienda?

Las personas van a ver un Estado recuperado en inversión social. Vamos a avanzar, no en discurso, sino en hechos. Estamos trabajando en políticas frente al descenso de la tasa de natalidad, utilizando modelos exitosos, como el de Singapur (baby bonus) y Reino Unido (child trust fund) o la propuesta de Donald Trump (Trump account), que es un programa de una cuenta indexada con $1.000.000 por niño, invertidos en unas cuentas que busquen rendimientos altos, con el fin de generar logros sociales y económicos, que sea útil y transformador.

Debe estar focalizado en poblaciones vulnerables, combinado con educación financiera y explorando alternativas de inversión con mayores rendimientos reales. En la práctica son unas cesantías para incentivar la natalidad.

Además, estamos enfocados en muchos frentes de generación de empleo a través del nearshoring de servicios, la priorización de la inclusión digital, reducir la informalidad, aumentar el comercio electrónico local, fomentar la innovación, incrementar la productividad a través de estrategias de reducción de costos para todos los ciudadanos.

Frente a los subsidios, vamos a hacer ajustes con el objetivo de enfocarnos en optimizar el gasto corriente y mejorar la eficiencia en sectores como la administración pública. Por ejemplo, reducir costos operativos, eliminar duplicidades en entidades públicas y racionalizar subsidios ineficientes. Los de subsidios de vivienda no se van a eliminar, se van a mejorar y van a crecer. Es claro que la inversión en vivienda impulsará la economía. A través de la generación del empleo, tiene un efecto multiplicador en cadenas productivas y de consumo y dinamizaremos 30 subsectores económicos, pero el más importante es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

A propósito de que el próximo Gobierno no tenga caja, ¿eso implicaría incumplir la regla fiscal y que las agencias rebajen más la calificación de Colombia?

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estima que se necesitan ajustes de hasta $46 billones en ingresos o gastos para 2025. El Gobierno no ha hecho el ajuste y las metas de recaudo no se están cumpliendo. Eso se traduce en que no se cumplirá una vez más.

Esto es importante, porque estamos en crisis fiscal. El Fondo Monetario Internacional, que revisa de manera periódica el estado de la economía y las finanzas de un país (lo que se conoce como revisión del Artículo IV), aún no publica los resultados de este análisis. Eso es una pésima señal y un reflejo de la incapacidad del Gobierno de dar claridad sobre la situación real de las finanzas públicas.

Con Vicky, tenemos una propuesta de obtener ingresos de manera diversificada, a través de la obtención de recursos de la cartera de la Dian, que es superior a $40 billones, buscando ante el Congreso una ley que permita por un tiempo modificar, para disminuir las sanciones y los intereses considerablemente, con el fin de recuperar esta cartera y lograr el cumplimiento de los contribuyentes.

Esto sería un primer paso en la estrategia de movernos a un sistema tributario más simple y eficiente. El contribuyente no puede seguir con situaciones como la que se viene presentando en la cual los sistemas siguen en contingencia y no se pueden cumplir las obligaciones tributarias.

En el peor de los casos, y si la Dian no cumple con ese recaudo que se esperaría, ¿qué puede pasar con las finanzas de la Nación?

Estamos en el peor de los casos. Hay una crisis fiscal. El crecimiento económico que estamos viendo no proviene de políticas del Gobierno nacional, sino que son generados por el ahínco de los empresarios y de los planes de gobierno de muchos alcaldes y gobernadores, que están generando empleo, reactivación y el crecimiento.

En agosto de 2026 tendremos una estrategia clara que nos permitirá superar el déficit fiscal a través de una combinación de austeridad, eficiencia de los gastos estatales, fortalecimiento del recaudo, reactivación económica y cumplimiento de la regla fiscal.

Estas medidas, ejecutadas con transparencia y consenso político pueden sacarnos de la crisis fiscal y restaurar la confianza de los mercados, evitando un daño más profundo"

Recientemente se conoció un comentario de Daniel Raisbeck, miembro del equipo económico de Vicky Dávila, en el que propuso, “a título personal”, eliminar el salario mínimo y otros derechos. ¿Lo comparte?

El equipo de Vicky está conformado por diferentes posturas y profesionales. Nuestra forma de trabajo es la de un centro de pensamiento, en donde todas las ideas son recibidas y los análisis siempre se hacen frente a los datos y proyecciones.

La postura de Daniel es personal, no la del equipo y menos la de Vicky. Este tema no lo hace parte de nuestro ejercicio, porque Colombia ha avanzado hacia la consecución de derechos y el salario mínimo y demás obligaciones laborales no se modificarán.

Estamos avanzando en una propuesta desde el equipo para aumentar el empleo, buscar bajar la informalidad a través de diferentes incentivos, pero jamás quitando derechos laborales.