El Ejército mexicano, en un dilema Excelsior

Hace apenas unos días, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que exmilitares de su país, incluso elementos en activo, se estaban reclutando como mercenarios con los principales cárteles del narcotráfico en México.
Petro reconoció esta situación al informar sobre la detención de 11 colombianos en México, presuntamente involucrados en la explosión de una mina antipersonal que causó la muerte de ocho elementos de la GN en Michoacán.
“La exportación de personal militar hacia conflictos armados extranjeros se ha convertido en una amenaza regional”.
Anunció una iniciativa legislativa para impedir que militares colombianos participen como mercenarios en guerras ajenas.
Ya antes, fuentes de inteligencia y exoficiales colombianos señalaron lo que se comentó en este espacio, que el CJNG y facciones del Cártel de Sinaloa, estaban incorporando a sus filas a decenas de exintegrantes del Ejército colombiano, muchos de ellos con experiencia en combate urbano, manejo de explosivos, francotiradores, guías caninos y operadores de drones armados.
También se ha documentado la presencia de desertores de grupos insurgentes como el ELN y las disueltas FARC.
De acuerdo con las fuentes colombianas, cada año se retiran de las Fuerzas Militares unos 10,500 efectivos, muchos de los cuales reciben pensiones mensuales de entre 330 y 800 dólares y, en cambio, los cárteles mexicanos les ofrecen entre cinco y siete veces más.
El fenómeno no es nuevo.
Exmilitares colombianos han sido vinculados en los últimos años a conflictos en Ucrania, Yemen, Sudán, Afganistán e Irak.
Lo alarmante es que esa experiencia letal ahora está al servicio de los cárteles mexicanos.
Grupos como el CJNG ya han mostrado un alto grado de sofisticación táctica y armamentista; ahora, con entrenamiento militar extranjero, avanzan hacia la formación de verdaderos ejércitos privados.
Frente a esta amenaza, el papel del Estado mexicano y sus estrategias de seguridad han sido cuestionables.
Tan sólo en el sexenio de López Obrador, su gobierno fue omiso y hasta permisivo con grupos criminales, además de que maniató a las FA.
Sheinbaum por su parte, ha pretendido soltar más al Ejército, pero ante esta reestructuración de los cárteles, la Defensa se encuentra en un dilema: actuar con fuerza total —como si se tratara de una guerra regular— o redefinir su estrategia con base en inteligencia, contención quirúrgica y desmantelamiento de redes logísticas del narcotráfico.
Ambas rutas tienen riesgos, pero la primera lleva a una espiral de violencia sin control y con alto costo en vidas civiles.
Una confrontación directa como si se tratara de una guerra entre Estados sería un error táctico y político, porque no hay una frontera clara ni un enemigo uniformado ni reglas de combate que impidan que los daños colaterales se multipliquen.
La alternativa más sensata, aunque más compleja, es apostar por inteligencia militar real: infiltración de redes, seguimiento de recursos, intercepción de tecnología, vigilancia de rutas y, sobre todo, colaboración internacional que ataque el problema desde la raíz del financiamiento y el tráfico de armas.
Eso implica algo que ningún gobierno ha querido asumir de frente: desmilitarizar el enfoque de seguridad y profesionalizar las tareas de inteligencia, dejando atrás la falsa dicotomía de Ejército vs.
narco.
El gobierno de Claudia Sheinbaum no puede seguir con la inercia del abrazos, no balazos ni tampoco con la militarización sin rumbo.
Está en una encrucijada: o apuesta por construir una estrategia de seguridad eficaz, o perpetúa un modelo que ha fracasado.
El Estado mexicano debe demostrar su fuerza y no sobrecargar al Ejército con tareas mientras los cárteles se preparan para la guerra.
El Estado no puede ser derrotado aun cuando el enemigo se está profesionalizando.
 DE IMAGINARIAEl Museo de Antropología cerró sus puertas justo cuando recibía el premio Princesa de Asturias.
El motivo: un conflicto con la empresa de seguridad privada encargada de su resguardo.
Un hecho inédito, considerando que Omar García Harfuch pudo haber asignado, de manera temporal, protección federal.
Afortunadamente, la custodia del museo ya está a cargo de la Policía Auxiliar, bajo la dirección de Lorenzo Gutiérrez.
Columnista: Miguel Ángel Godínez GarcíaImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0