Cae por segunda vez presunto integrante de Guerreros Unidos ligado a Ayotzinapa
A casi una década de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, autoridades federales han recapturado a Juan Miguel Pantoja Miranda, alias “El Pajarraco”, señalado por su presunta participación directa en el traslado y custodia de los normalistas hacia el basurero de Cocula, Guerrero, donde fueron ejecutados y sus cuerpos incinerados.
Pantoja Miranda, de 37 años, fue ubicado por medio de trabajos de inteligencia en el municipio de Almoloya, Hidalgo, donde se mantenía en movimiento bajo distintas identidades. Esta es la segunda vez que es detenido; la primera ocurrió en 2018, pero fue liberado tras alegar que su arresto anterior había sido irregular y bajo tortura; ahora enfrenta nuevamente cargos por delincuencia organizada, delitos contra la salud y desaparición forzada.
Según documentos a los que tuvo acceso la prensa, “El Pajarraco” ofreció un crudo testimonio ante representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el que confesó haber vigilado a los normalistas antes de su asesinato. Aunque su declaración no tiene valor judicial debido a que fue obtenida sin un proceso formal, sus palabras describen con detalle una escena espeluznante.
El relato señala que fue obligado por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos a custodiar una camioneta repleta de estudiantes secuestrados, quienes eran escoltados por vehículos de la policía local. Durante el trayecto, los gritos de los jóvenes y el hacinamiento dentro del vehículo eran constantes. Ya en el basurero, recibió por radio la orden de ejecución.
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Según su versión, los 43 normalistas fueron asesinados a tiros por un grupo armado, y posteriormente sus cuerpos fueron incinerados sobre una estructura improvisada de rocas y neumáticos; en uno de los momentos más perturbadores del relato, describe cómo uno de los jóvenes que aún mostraba signos de vida fue rematado con una piedra.
Pantoja afirmó haber decidido hablar movido por su “conciencia sucia” y por la incapacidad de dormir en paz desde aquella noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Su recaptura reabre el caso con nuevos elementos que podrían ser utilizados por la Fiscalía si se logra acreditar su testimonio bajo las normas legales vigentes. Mientras tanto, padres y familiares de los 43 siguen exigiendo verdad y justicia.
Fuente: El Imparcial
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