Reforma judicial, la siguiente página El Financiero
Alrededor de 13 millones de personas participaron en el ejercicio democrático inédito que celebramos el primer día de junio. Las voces críticas se apresuraron a declarar un fracaso, como lo hubieran hecho cualquiera que fuera el resultado.
A la novedad del ejercicio se añadió su complejidad, por el número de cargos y las diversas materias que debían cubrirse con personas juzgadoras, magistradas o ministras.
Las insuficiencias o fallas tienen que ser analizadas con objetividad para evitarlas en futuros ejercicios.
Un sector de la derecha sigue gritando en el vacío. Llamó a no acudir a las urnas y ahora vocifera por la irrelevancia de su estrategia.
Sus declarantes son coherentes, porque siempre han rechazado las consultas populares y otras formas de participación ciudadana distintas de los comicios regulares. En ese camino, vuelven a exhibir el racismo y el clasismo que los definen.
Fiel a su origen, clama ahora por la intervención extranjera, con las consabidas fórmulas que aluden a la “incertidumbre jurídica”, un eufemismo que define a los jueces al servicio de los grandes poderes económicos.
El ruido durará un corto tiempo, porque la reforma profunda del Poder Judicial es un hecho, fundado en la legalidad y ahora respaldado por millones en las urnas.
Las voces más sensatas han llamado a dar vuelta a la página y concentrarnos en lo que sigue, en virtud de que la elección de personas juzgadoras (que en esta ocasión sólo abarcó la mitad de los cargos) no era un fin mismo, sino un paso para alcanzar la meta de contar con un Poder Judicial libre de corrupción, de nepotismo y privilegios.
Hacia adelante es necesario redoblar los esfuerzos para reconocer y apoyar la legitimidad del Poder Judicial, con respeto a su autonomía y al mandato constitucional que está obligado a ejercer plenamente.
En 2024, el pueblo de México tomó la decisión de respaldar la propuesta del movimiento de transformación, que popularmente se ha conocido como Plan C.
El punto de partida era un Poder Judicial capturado por intereses ajenos a los nacionales, corrompido en todas sus estructuras y donde el nepotismo era la norma. En todos los instrumentos de aprobación de instituciones, el Poder Judicial aparecía en los últimos lugares.
“La justicia es para quien pueda pagarla”, una frase popular, resume la percepción existente sobre el Poder Judicial.
La elección ha comenzado a reconfigurar el rostro de un poder que tradicionalmente ha sido percibido como divorciado de la sociedad y distante de aspiraciones y anhelos de las mayorías.
Los cuadros provenientes de la carrera judicial darán paso a personas juzgadoras con perfiles distintos, al tiempo que crece la presencia de mujeres —en un poder que era reticente a la paridad— y de personas provenientes de universidades públicas.
Celebrados los comicios, siguen la vigilancia social y el respaldo de todos los sectores para alcanzar el objetivo de un Poder Judicial que funcione y cuente con amplia legitimidad.
Las nuevas personas juzgadoras deben estar a la altura de la confianza de la ciudadanía. Más pronto que tarde, las y los ciudadanos deben constatar que el cambio que comenzó en las urnas se traduce en transparencia, pronto acceso y eficiencia en la impartición de justicia.
En consonancia con el cambio, la división de poderes ha de garantizar que las resoluciones del nuevo Poder Judicial sean libres y autónomas.
Tenemos la mayor parte del camino por andar en la construcción de un Poder Judicial para todas y todos, ajeno al dominio de poderes fácticos, libre de corrupción y nepotismo.
En esa ruta deben estar nuestros empeños.
