Niñas y niños nacen con malformaciones por gas fósil en el sureste del país Excelsior

Ernesto Méndez / ernesto.
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mxLa exposición de mujeres embarazadas a emisiones provenientes de la quema de gas fósil en mecheros está asociada con impactos críticos en la salud de los recién nacidos en estados del sureste del país, alertó un estudio de CartoCrítica y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
La investigación, encabezada por Manuel Llano Vázquez, Carla Flores Lot y José Rafael Flores, se centró en la llamada provincia petrolera Cuencas del Sureste, ubicada en los estados de Tabasco, Veracruz, Chiapas y Campeche, donde se concentra más del 80 por ciento de la quema de gas fósil —conocida como flaring— a nivel nacional.
El informe, titulado Impactos a la salud neonatal asociados con la quema y venteo de gas en el sureste de México, advierte que la exposición al flaring se asocia con anomalías cromosómicas, ya que el riesgo de malformaciones congénitas aumenta entre 84 y 87 por ciento en niveles altos de contaminación por mecheros con gas fósil.
Además, el reporte destaca que se observó un incremento significativo de 29 por ciento en el número de partos prematuros en mujeres de la región —por encima del grupo de control—, así como peso, talla y APGAR bajos en los recién nacidos (frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad reflejada y color).
Al respecto, Carla Flores Lot, investigadora de CartoCrítica, explicó que la quema de gas en instalaciones petroleras libera compuestos altamente tóxicos —como benceno, hollín, óxidos de azufre y metano—, los cuales se asocian con enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cáncer y malformaciones congénitas.
También está asociada con la lluvia ácida que afecta cultivos y cuerpos de agua, impactando tanto la salud como los medios de vida de las comunidades cercanas, convirtiéndose en zonas de sacrificio del sureste mexicano”, indicó.
Por su parte, Manuel Llano, director de CartoCrítica, señaló que “las niñas y niños que nacen en zonas con alta quema de gas tienen más probabilidades de nacer con malformaciones o complicaciones de salud.
Ésta no es una suposición, son datos.
La quema de gas enferma desde antes del nacimiento, y quienes viven cerca de los mecheros no pueden seguir siendo tratados como zonas de sacrificio.
Es urgente que el Estado actúe para proteger la salud y los derechos de estas comunidades”.
Detalló que la quema de gas fósil, o flaring, es una práctica común en la industria petrolera que genera graves implicaciones ambientales y afecta desproporcionadamente a las poblaciones cercanas, violando su derecho humano a un medio ambiente sano.
En su oportunidad, Juan Manuel Orozco, oficial de proyectos de Conexiones Climáticas, puntualizó que en Tabasco la industria del gas y el petróleo está enfermando y sacrificando a la población incluso antes de nacer.
En el municipio de Paraíso, Tabasco, por ejemplo, es común que los partos sean a los siete u ocho meses de gestación; se han encontrado alteraciones genéticas en niños de la colonia Nuevo Torno Largo.
Hay acciones urgentes que se deben implementar.
“Es escalofriante que en Paraíso haya dos escuelas colindando con la refinería.
Éstas deben ser reubicadas urgentemente; las madres y padres de familia han notado el rápido deterioro de salud de las niñas y niños en los planteles escolares”, manifestó.
Anaid Velasco, gerente de Investigación y Política Pública del CEMDA, dijo que se sabe que mujeres e infancias son sectores vulnerables de la población, más cuando se trata de personas indígenas.
“Es momento de priorizar su bienestar y calidad de vida.
La justicia climática demanda dejar de sacrificar a las poblaciones más vulnerables en pos de un mal entendido concepto de desarrollo”.
El estudio de CartoCrítica y CEMDA refuerza la importancia de que los actores involucrados en la extracción, producción, quema y distribución de hidrocarburos —particularmente de gas— cumplan de manera efectiva con la regulación existente para reducir las emisiones enviadas a la atmósfera.
Igualmente, se requiere que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) verifique que la regulación se esté cumpliendo o, de lo contrario, actúe en consecuencia.
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