Advierten nuevo paro nacional de transportistas: “Este es un mensaje directo a la presidenta de la República” Infobae
La crisis de inseguridad ciudadana sigue siendo una de las principales amenazas a las que se enfrentan los peruanos y peruanas todos los días. Desde septiembre de 2024, los gremios de transportistas han organizado movilizaciones para llamar la atención de los tres poderes del Estado; sin embargo, poco o nada se ha logrado para frenar la ola delincuencial. Frente a este panorama, los choferes y conductores de Lima y otras regiones del país evalúan un nuevo paro nacional.
El presidente de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, ha enviado una advertencia a la presidenta de la República, Dina Boluarte, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, a los representantes del Poder Judicial y el Ministerio Público. “Si quieren un nuevo 10 de abril que nos avise sin decirnos fecha de la reunión”, dijo a Panamericana haciendo referencia a la paralización que tuvo efectos a nivel nacional y a la negativa de las autoridades de sentarse a conversar con los principales afectados por la corriente de extorsiones.
“Los poderes del Estado están divorciados, no vemos un plan de acuerdo entre todos ellos. Cada quien se dispara o se pelea porque el otro sale con una norma que no quiere”, recalcó sobre el juzgamiento a menores, el uso de chalecos y otras propuestas que han sido material de debate. Además, recordó que el 30 de mayo ocurrió un encuentro en el que participó el presidente del Parlamento. Este se comprometió a atender las demandas ciudadanas, pero no confirmó fecha para atender a los afectados.
Ciudadanía en peligro
Perú enfrenta una grave crisis de inseguridad ciudadana debido al incremento sostenido de extorsiones en todo su territorio. En los últimos años, bandas criminales han convertido la extorsión en uno de los delitos de mayor impacto social y económico para la población. Los sectores de comercio, transporte, construcción y pequeños negocios resultan los más afectados, aunque ningún estrato social queda al margen.
La modalidad más común implica amenazas directas, llamadas telefónicas o mensajes, donde los delincuentes exigen pagos a cambio de “protección” o por no atentar contra la vida, bienes o familiares de la víctima. A menudo, este acoso persiste aunque la persona denuncie o acceda a pagar. El fenómeno se ha expandido desde las grandes ciudades hasta zonas periféricas y rurales, impulsando un clima de miedo generalizado e impunidad.
El crecimiento de las extorsiones deriva, en parte, de la debilidad institucional. Muchos ciudadanos no confían en la respuesta policial ni en la efectividad del sistema judicial. La falta de recursos, corrupción y deficiencias estructurales complican la persecución y sanción de estos delitos. Las bandas aprovechan la informalidad de la economía, el alto desempleo y la vulnerabilidad social para reclutar miembros y operar con relativa libertad.
Esta crisis no solo afecta la seguridad individual, sino que desalienta la inversión, paraliza proyectos productivos y genera pérdidas millonarias. La extorsión se ha transformado en un desafío urgente que exige reformas legales, fortalecimiento de la inteligencia policial y una mejor protección para las víctimas.
¿Cómo denunciar casos de extorsión?
En Perú, las víctimas de extorsión pueden presentar denuncias de forma presencial, virtual o telefónica. La vía más utilizada consiste en acudir a cualquier comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar la denuncia, proporcionando todos los detalles sobre las amenazas recibidas, las comunicaciones y cualquier evidencia relevante, como mensajes o grabaciones. También existe la opción de hacerlo a través de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (DIVISE) de la PNP, que cuenta con unidades especializadas en capitales y ciudades principales.
Otra alternativa es usar la plataforma digital del Ministerio del Interior o la Línea 1818, que permite reportar delitos de extorsión de manera confidencial. La información entregada recibe tratamiento reservado, garantizando la seguridad del denunciante. Se recomienda no ceder a las amenazas ni realizar pagos y conservar pruebas originales para la investigación. Las autoridades insisten en denunciar de inmediato para facilitar la acción policial.
