La sinuosa ruta que dio vida a la reforma judicial Imagen.com.mx

Como resultado de una aprobación apresurada, en medio de protestas de quienes defendían la independencia del Poder Judicial, la reforma que dio paso al voto popular arrastra un error que todavía puede leerse en la Constitución.
Mientras el sexto párrafo del artículo 97 indica que los ministros elegirán al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el artículo 94 señala que será la elección en las urnas la que determine ese cargo.
Se trata de una contradicción que al gobierno le urge resolver este verano, en un periodo extraordinario del Congreso, porque en su momento ninguna de sus dos cámaras reparó en la antinomia, como se le llama en el lenguaje parlamentario a este tipo de situaciones que regulan de diferente manera una misma situación, suscitando confusiones y problemas de interpretación que complican el cumplimiento de la ley.
Apenas hace 11 días, los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales sacaron adelante, con los votos de Morena, PVEM y PT, el dictamen que elimina el párrafo sexto del artículo 97.
Pero aún falta que lo aprueben todo el pleno de San Lázaro, el Senado y al menos 17 congresos locales.
En el debate que se dio en la citada comisión para avalar el ajuste que corregirá ese yerro, el pasado 20 de mayo, los representantes de las seis fuerzas legislativas revivieron los argumentos que el 3 y 4 de septiembre de 2024 esgrimieron los diputados en el Deportivo de la Magdalena Mixhuca, donde se refugiaron para aprobar la reforma al Poder Judicial.
 VENGANZA CONTRA DEMOCRACIA DEL PUEBLOAl argumentar en favor de la reforma, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, planteó que esta iniciativa había sido una respuesta a “la intromisión grosera del Poder Judicial en las decisiones del Poder Legislativo”, y porque “en el Congreso de la Unión no logró el movimiento mayoría calificada y le fueron rechazadas reformas fundamentales, como la energética, la eléctrica, la de bienestar, la de austeridad, la de la Guardia Nacional y otras que son en beneficio de la población.
Ése es el origen de lo que ahora tenemos”.
En representación del PAN, la diputada Margarita Zavala resumió: “Más que una reforma es una venganza.
Más que una reforma es una sustitución de personas, porque es el despido masivo del personal del Poder Judicial, de cada uno de los Poderes Judiciales (…) En lugar de castigar los excesos, se ceban con la clase trabajadora del Poder Judicial, con los oficiales, con los secretarios, con los proyectistas que pasaron años para obtener el cargo que ahora ellos tienen”.
El representante del PVEM, Juan Luis Carrillo Soberanis, reviró: “Lo que hay detrás del modelo tradicional de designación de integrantes del Poder Judicial son acuerdos cupulares, que hasta ahora han permitido imponer jueces, magistrados y ministros más afines a los intereses de las elites conservadoras que comprometidos con los intereses populares de la nación”.
 Por el PRI, el diputado Yerico Abramo advirtió: “La reforma propuesta en este dictamen vulnera la independencia del Poder Judicial, sometiendo una modificación legislativa concebida para alinear a los intereses del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a una ideología que, lejos de beneficiar el devenir de nuestro país, pone en grave riesgo el futuro democrático y el Estado de derecho”.
El PT, en voz de Lilia Aguilar Gil, recriminó a la oposición: “Hemos obtenido en las urnas casi 36 millones de votos, ustedes, priistas y panistas ni juntos alcanzaron cerca de los 16 (…) El pueblo de México no sólo nos dio la confianza, sino que adora, quiere al mejor presidente de la historia de México y votó por esta reforma en las urnas.
Porque, nosotros no hemos engañado a nadie y la gente sabe y quiere un cambio en el Poder Judicial”.
Por Movimiento Ciudadano, Patricia Flores definió: “Nosotros no vamos a ser cómplices de una venganza política del gobierno ni vamos a avalar que cualidades como la capacidad profesional, la honestidad, la honorabilidad, la experiencia y el conocimiento jurídico sean sacrificadas en el altar de la obediencia incondicional al poder político”.
 LEGISLAR ENTRE PROTESTASAquella tensa sesión que se prolongó por casi 24 horas no pudo realizarse en la sede de la Cámara de Diputados porque estaba bloqueada por trabajadores del Poder Judicial que durante varias semanas se mantuvieron movilizados en todo el país, en protesta por un cambio que, al igual que la oposición del PAN, PRI y MC, consideraron era el fin de la división de poderes y de la autonomía de los juzgadores frente al gobierno y el partido dominante en el Poder Legislativo, es decir, Morena.
Las inéditas manifestaciones de jueces, ministros, magistrados y empleados de circuitos y de distritos continuaron cimbrando a la opinión pública una semana más, hasta que los senadores de Morena consiguieron romper el precario veto opositor al cooptar en sus filas a los senadores del PAN Miguel Ángel Yunes Linares y Yunes Márquez, titular y suplente.
La expectativa de que la reforma sería frenada en la Cámara Alta fue cayendo como castillo de naipes durante septiembre, una vez que el partido gobernante logró hacerse de los tres escaños que le faltaban para conseguir la mayoría calificada que las reformas a la Constitución requieren.
Así que en medio de portazos, protestas y jaloneos, en una sede alterna, la de Xicoténcatl, prosperó la aprobación del Senado y, en menos de 48 horas, se sumaron los congresos estatales, por lo que la promulgación de la reforma judicial se concretó el 15 de septiembre, dos semanas antes de que su autor e impulsor, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dejara Palacio Nacional, donde una mañana de abril de 2023 había roto lanzas contra la ministra presidenta Norma Piña, ante la negativa de la Corte a que el mando de la Guardia Nacional quedara en manos de los militares.
 JOYA DEL PLAN CFue en medio de esa inconformidad presidencial que se gestó lo que el exmandatario bautizó como el plan C, un conjunto de reformas constitucionales cuya prioridad fue relevar a los integrantes de la SCJN para integrar otra con ministros electos en las urnas.
Los intentos por contar con un Poder Judicial afín al proyecto gubernamental se dejaron sentir desde 2019.
Al presionar, primero, desde Palacio Nacional al ministro Eduardo Medina Mora a adelantar su renuncia, con la activación de un expediente sobre supuestas transferencias financieras anómalas.
El exfuncionario de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto había sido designado en 2015 para una responsabilidad de 11 años.
Su vacante fue ocupada por Margarita Ríos Farjat, en ese momento titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Posteriormente, en 2021, en ocasión de las leyes secundarias de la reforma judicial que impulsó Arturo Zaldívar, López Obrador buscó ampliar el mandato de ministro presidente por dos años más, a través de un transitorio que le permitiría seguir al frente de la Corte hasta el fin del sexenio.
Aunque aquella pretensión prosperó en ambas cámaras, el pleno de la Corte la declaró inconstitucional por unanimidad, con el voto incluido de quien para ese momento se había convertido en el interlocutor, mensajero y operador del Presidente.
Esa coyuntura, ocurrida cuando aún estábamos en pandemia, en medio de elogios presidenciales a Zaldívar, indicando que era el único integrante de la SCJN en quien confiaba, propició al interior de su pleno la conformación de un bloque de ministros que, en defensa de su autonomía, fue preparando un relevo que marcara distancia con el sometimiento que en Palacio Nacional se les reclamaba.
Esa nueva correlación de fuerzas dio como resultado la designación de Norma Piña en la titularidad del Poder Judicial y de la Corte, el 2 de enero de 2023.
Previo a esa votación entre los 11 ministros, en la Navidad de 2022, se desató el escándalo de que la candidata impulsada por López Obrador, la ministra Yasmín Esquivel, había incurrido en plagio de la tesis con la que obtuvo la licenciatura de Derecho en la UNAM.
Frente a la imposibilidad de conseguir que la nueva correlación de fuerzas en la Corte respaldara los cambios que la mayoría evaluaba contrarios a la Constitución, López Obrador diseñó el plan C con 20 iniciativas de reformas que envió a la Cámara de Diputados el 5 de febrero de 2024.
 ANIMADVERSIÓN CON HISTORIAEl mandatario definió que el plan C debía ser parte de la plataforma de campaña, comprometiendo a todos los futuros representantes de la coalición de Morena, PVEM y PT a concretarla en el siguiente sexenio.
Así que, desde la competencia interna del partido en el poder por la candidatura presidencial, los aspirantes, incluida la ganadora Claudia Sheinbaum, hicieron suyo el plan.
Las quejas y críticas de López Obrador por las resoluciones de la Corte y su decepción porque dos de los ministros propuestos por él no apoyaron sus reformas —Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara— fueron cotidianas a lo largo de su gobierno.
Pero la descalificación hacia la SCJN se dio desde su primera candidatura presidencial.
Cuestionar los ingresos, las prestaciones y el actuar de los miembros de la Corte había sido, además, parte del discurso electoral del mandatario desde la disputa electoral de 2006.
Un hecho político relevante había alimentado aquella animadversión del político opositor hacia el alto tribunal: la participación del ministro presidente Mariano Azuela en la treta que urdió el mandatario federal Vicente Fox para quitarle el fuero a López Obrador y dejarlo fuera de la contienda presidencial.
La estrategia fracasó ante las movilizaciones que el entonces jefe de gobierno de la Ciudad lideró.
Y aunque en su toma de protesta, el 1° de diciembre de 2018, después de haber arrasado en las urnas en su tercera candidatura presidencial, ofreció respetar la división de poderes y acatar las resoluciones de la Corte, el Plan C mostró que tras cinco años había cambiado de opinión.
 “ME EQUIVOQUÉ”Al principio de su sexenio, López Obrador estableció la estrategia de ir definiendo perfiles afines a su proyecto, depositando en Zaldívar la confianza política para concretarlo.
Al cumplir cuatro años en el gobierno, el 2 de septiembre de 2022, una vez que el pleno de la Corte le negó la posibilidad de ampliarle el mandato al todavía ministro presidente, a cuatro meses de su relevo, el mandatario confesó su frustración al relatar que inicialmente pensó en proponer una reforma de fondo al Poder Judicial, pero asumiendo que sería complicado, optó por el cambio paulatino de sus integrantes.
(Pensé) Voy a tener oportunidad de proponer a ministros, hice mi cuenta, más los que estén ahí decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia ¿Y qué creen? Me equivoqué porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse ya por el cargo, o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia”.
Era una evaluación pública recurrente en su mañanera.
Pero esa vez lo dijo con todas sus letras: “Ya nos cuesta mucho trabajo contar con cuatro de los 11 (ministros), por ejemplo, en la cuestión eléctrica, imagínense, votar primero los conservadores del PRI y del PAN a favor de las empresas extranjeras en contra de la CFE, un acto sin duda de traición a la patria.
Pero luego pasa el Poder Judicial y de chiripa se evita que declaren inconstitucional la ley eléctrica”.
Pero no estaba conforme, porque al cierre de ese 2022, el pleno estaba por discutir la controversia en torno a la prisión preventiva oficiosa.
Y acusó a los ministros de cometer “un acto por completo de incongruencia; los paladines de la justicia de repente quieren anular un artículo de la Constitución, algo que no les corresponde”.
La queja era para Ríos Farjat y González Alcántara.
Porque las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz generalmente emitían los votos esperados en Palacio Nacional.
Esta insatisfacción aumentó cuando Norma Piña se quedó al frente de la Corte, después de que la mañana del 2 de diciembre, antes de conocer el resultado, López Obrador defendió la candidatura de Yasmín Esquivel, señalando que las acusaciones de plagio eran parte de una campaña orquestada.
¿Cómo imaginaron que la ministra Yasmín era, en la mentalidad autoritaria que tienen estas personas, la designada por el presidente?”, criticó Pobre abogada Yasmín; toda una guerra de potentados, medios de información, columnistas, intelectuales, vendidos y alquilados”, calificó.
 EL FACTOR ZALDÍVARAun cuando López Obrador no consiguió que el ministro Arturo Zaldívar siguiera al frente a la Corte, él continuó siendo personaje clave del proceso que desembocaría en la reforma.
Fue una cercanía que el mandatario nunca ocultó.
 Con lo que tiene que ver la actuación del presidente de la Corte, sin duda se puede decir que se actúa con honestidad; él es un hombre honesto íntegro, honrado, no podría decir lo mismo de otros ministros y tampoco de magistrados y jueces”, comentó en diciembre de 2021 López Obrador.
Para 2024, ya con el plan C convertido en iniciativas, justificó su reforma comparando lo sucedido con el ex presidente de la Corte y la ministra Piña.
Él (Zaldívar) ayudaba.
Llega la señora (Norma) Piña y dice: ‘los jueces son autónomos’, o sea, licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial, o sea es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia”, acusó.
Cuando López Obrador, asumiendo, como solía comentar, que su pecho no era bodega, compartió públicamente que el expresidente del Poder Judicial le ayudaba advirtiendo a los jueces los casos en los que debían tener cuidado, Zaldívar ya era parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena desde el 6 de septiembre de 2023.
Dos meses después, el 7 de noviembre de 2023, Zaldívar renunció anticipadamente a su encargo de ministro para incorporarse al equipo de la futura mandataria y dejar su lugar a un perfil ciento por ciento afín a la llamada Cuarta Transformación, la morenista Lenia Batres, quien compareció como aspirante al cargo en el Senado asumiendo el discurso presidencial de crítica a la SCJN.
 Sin el aval del Senado, porque ninguna de las integrantes de la terna alcanzó la mayoría calificada, el presidente López Obrador ejerció la atribución que la ley le confiere ante la falta de acuerdo entre los legisladores Así que el 14 de diciembre de 2023 designó a la ministra Batres, quien se autoproclamó “la ministra del pueblo”.
 CAMPAÑA ELECTORAL Y 5 DE FEBREROEsos movimientos en la Corte se dieron al tiempo que Sheinbaum hacía campaña anunciando la reforma:Queremos que los ministros de la Suprema Corte sean electos por el pueblo de México y para que eso ocurra tenemos que cambiar la Constitución (…) El día de hoy la mayoría de los ministros de la SCJN invalidaron el llamado plan B.
Ni siquiera entraron a discutir el fondo, la verdad, era esperable.
Es ya sistemático su comportamiento.
Ya saben, ¡Vamos por el plan C! A seguir haciendo historia”, aseguró en sus redes sociales cuando la Corte bateó en junio de 2023 la reforma electoral secundaria que el presidente López Obrador llamó el Plan B y que, entre otros cambios, adelgazaba sustancialmente la estructura del INE.
De manera que cuando se presentó el plan C al Congreso, su contenido ya era materia central de las arengas en las plazas públicas morenistas.
Ese 5 de febrero del año pasado, el mandatario dijo: ‘El pueblo es el que puede purificar la vida pública, pero primero hay que tener una mayoría calificada en el Congreso”.
Un año atrás, en la tradicional ceremonia en Querétaro, la presidenta de la Corte, Norma Piña, había defendido la independencia del Poder Judicial.
Pero para la conmemoración en la que López Obrador presentó las 20 reformas del plan C, el diálogo con la ministra estaba roto y ya ningún representante de la SCJN fue invitado al acto.
Después del envío formal a la Cámara de los Diputados de las iniciativas, el mandatario justificó cotidianamente el cambio argumentando que la Corte estaba “al servicio de la delincuencia, llamada organizada o de cuello blanco”.
Alegó López Obrador que los juzgadores serían elegidos por voto popular porque “el pueblo tiene un instinto certero”.
Los meses siguientes de ese 2024 se caracterizaron por actos de violencia verbal y simbólica contra la presidenta Norma Piña, a quien los morenistas convirtieron en el blanco a golpear durante los foros que los diputados de esa formación impulsaron en diferentes puntos del país para discutir el contenido de la iniciativa.
En junio y julio, los ministros se pronunciaron sobre las ventajas y desventajas de elegir en las urnas a los juzgadores, siendo mayoritaria la opinión de lo mucho que se perdería.
 SIN MOVERLE UNA COMAPero en agosto, antes de concluir la 65 legislatura, en la Comisión de Puntos Constitucionales se aprobó el dictamen de la reforma en San Lázaro, mismo que el 3 de septiembre avaló el pleno de la 66 legislatura en su primera sesión, sin cambiarle ni una coma.
La falta de cuidado legislativo dio como consecuencia el yerro que falta corregir.
Es más que un simple error técnico, es una contradicción que es el testimonio vivo de las consecuencias que tiene la imposición mecánica de una mayoría oficial; es la huella que caracterizó todo el proceso de esta reforma a la Constitución, con descuido, improvisación y desdén al diálogo con las oposiciones”, expuso Claudia Ruiz Massieu (MC) el pasado 20 de mayo.
La diputada Nadia Navarro (PRI) argumentó que validar la corrección sería convalidar la destrucción del Poder Judicial.
Modificar esto es irrelevante; lo que sí abonaría a componer el daño profundo a nuestras instituciones sería que tuvieran el valor de reconocer que la elección para jueces, magistrados y ministros ha sido un fracaso por el sólo hecho de ser un fraude”, dijo la diputada Paulina Rubio (PAN).
Pero en representación de la mayoría morenista, la diputada Katia Castillo sostuvo: “No podemos permitir que semejante contradicción continúe generando incertidumbre jurídica, interpretaciones arbitrarias o, peor aún, un debilitamiento de la legitimidad del Poder Judicial”.
Una vez que se definan a partir de mañana los futuros juzgadores, el Congreso deberá incluir ese pendiente en el próximo verano.
 Ivonne Melgar | Reportera