Pacto de impunidad entre AMLO y Peña Nieto llega a su fin, asegura Riva palacio Vanguardia.com.mx

CDMX.
- El pacto de impunidad acordado entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, en aquel lejano 2018, ha llegado a su fin, asegura el periodista Raymundo Riva Palacio en su más reciente columna.
El rompimiento, de acuerdo con los datos revelados por el editorialista, se confirma con el surgimiento en México de investigaciones judiciales que involucran directamente al expresidente y a su exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por presuntos actos de corrupción para la adjudicación de contratos.
TE PUEDE INTERESAR: Los 120 millones de dólares que rompieron un pacto AMLO-Peña Nieto“Ese pacto, hoy en día, parece haberse extinguido, y los poderosos priistas están entrando a un túnel de tormentas judiciales”, expone en su columna “Estrictamente Personal”.
Samuel y Alexis Weinberg, así como Natan Wancier Taub, empresarios vinculados a la red de corrupción del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, aseguran haber pagado más de 120 millones de dólares en sobornos a Peña Nieto y a Osorio Chong.
Los tres empresarios acordaron, a cambio de su libertad, ser testigos de la Fiscalía General de la República (FGR) y revelar la red de corrupción durante ese sexenio, la cual se había mantenido en la impunidad presuntamente gracias al pacto hecho entre López Obrador y Peña Nieto.
Según el periodista, el acuerdo fue sellado en mayo de 2018, durante la recta final del proceso electoral presidencial, en el cual Peña Nieto habría aceptado no intervenir y “desinflar” la campaña del entonces candidato del PRI, José Antonio Meade, a cambio de inmunidad para él y algunos de sus funcionarios cercanos, especialmente Osorio Chong.
“López Obrador mantuvo el acuerdo secreto y resistió todas las presiones que los radicales en Palacio Nacional y su movimiento le hicieron para buscar meter a Peña Nieto a la cárcel”, refiere Riva Palacio.
NO ESTABA EPN EN EL RADAR DE LA FGR CUANDO INICIÓ INVESTIGACIONES EN EL 2020Cuando en el 2020, México abrió la investigación contra 58 funcionarios, así como contra Samuel Weinberg, su hijo Alexis y su socio Natan Wancier Taub, Peña Nieto y Osorio Chong no estaban el radar.
“La idea original era perseguir al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, apostando a que en algún momento imputaría al expresidente Felipe Calderón”, a quien López Obrador convirtió en el enemigo de su gobierno.
Sin embargo, eso cambió, derivado del giro que dio la demanda civil interpuesta por México contra García Luna y los Weinberg en Miami, en el 2021.
La denuncia fue hecha por el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pero posteriormente la siguió Pablo Gómez, su relevo.
FUE PABLO GÓMEZ QUIEN PRESIONÓ PARA IMPUTAR A PEÑA Y OSORIO CHONGRiva Palacio afirma que fue Pablo Gómez, titular de la UIF, quien presionó a los Weinberg para imputar a Peña Nieto, pero en especial a Osorio Chong.
“El juicio en Miami llevó por caminos insospechados en ese momento, que tomaron nuevos bríos cuando los Weinberg y Wancier Taub pidieron a la Fiscalía General el criterio de oportunidad, y Pablo Gómez, quien había relevado a Nieto, enfocó sus baterías políticas: Durante meses presionó para que los Weinberg imputaran a Peña Nieto, pero, sobre todo, a Osorio Chong.
“Varios borradores de la declaración ministerial que iban a hacer en Miami para lograr el criterio de oportunidad fueron revisados y rechazados, hasta que en México quedaron satisfechos”, detalla sobre el episodio.
En sus declaraciones, los Weinberg y Wancier Taub implicaron directamente a Peña Nieto y a Osorio Chong, señalándolos como beneficiarios de una red de corrupción a la que pagaron más de 100 millones de dólares directos a su “organización” y otros 20 millones en “contribuciones políticas” al PRI, “realizados desde Barbados a por lo menos ocho empresas ‘fantasma’”.
“Las revelaciones de los Weinberg son un golpe para el gobierno de Peña Nieto, con el cual López Obrador tuvo grandes consideraciones y encubrimientos de posibles actos de corrupción.
El expresidente nunca estuvo en el imaginario colectivo hasta que se negoció el criterio de oportunidad con ellos y Wancier Taub”, reitera el periodista.
En la documentación que los testigos entregaron en 15 anexos como prueba de sus declaraciones, hay “decenas de contratos que les otorgó el gobierno de Peña Nieto entre el 22 de julio de 2013 al 20 de abril de 2018 por 465 millones de dólares, y cobraron una parte similar que les adeudaban del sexenio anterior”.
Riva Palacio detalla que estos contratos −por un total superior a los 700 millones de dólares− se firmaron con diversas dependencias federales, incluyendo el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Policía Federal y la entonces Procuraduría General de la República.
Los pagos, añade el periodista, se hicieron pese a que en algunos casos los servicios contratados no fueron cumplidos en su totalidad, pero se presentaron facturas para su pago como si lo hubieran hecho.
“Las transferencias de dinero se realizaron a 17 bancos mexicanos y 18 en Barbados e Israel.
La documentación que aportaron los testigos de la Fiscalía en 15 anexos a sus declaraciones, mezcla transferencias que se realizaron en el gobierno de Calderón y en el de Peña Nieto”, expone.
De continuar esta indagatoria, el pacto de inmunidad AMLO-Peña Nieto se daría por terminado, tal como afirma Riva Palacio: “Abrir este caso es cancelar el pacto de inmunidad que acordó López Obrador con Peña Nieto, y posiblemente, el fin de su impunidad”.