Justicia soviética: Paralelismos entre el comunismo ruso y el régimen de Morena Vanguardia.com.mx

Lo que sin duda dio gran cohesión sociopolítica al régimen de la Unión Soviética por casi tres cuartos de siglo fue su robusto sistema judicial.
Con personajes fieles a la revolución bolchevique de 1917, el Estado se adjudicó la facultad legal de expropiar tierras, instituciones de crédito, aseguradoras y fábricas.
Cualquier persona con la más ligera sospecha de oponerse al criminal Partido Comunista era aprehendida y, sin juicio alguno, encarcelado de inmediato.
Resistirse a la requisición de granos por matones del gobierno o a la colectivización agrícola traía como consecuencia la ejecución física o el internamiento en campos de concentración.
El escritor Aleksandr Solzhenitsyn recuenta vívidamente en su libro “Gulag Archipelago” cómo un juez –sin rostro– le aplicó el temido artículo 58 del código penal ruso por “actividades contrarrevolucionarias”.
Una carta suya dirigida a un amigo, donde criticaba directamente a Iosef Stalin, el sanguinario dictador totalitario, fue evidencia suficiente para recibir la sentencia más popular que se usaba en esa miserable “república”: una década de trabajo forzado en una colonia penal remota.
TE PUEDE INTERESAR: ¡A nadie engañan! Esta crisis la detonó Morena, un cáncer que debe ser extirpadoCon restricciones sobre quién puede entrar o salir del territorio nacional, como hoy en día sucede en distintos grados en autocracias detestables y, evidentemente, pobres, tales como Cuba, Venezuela, Bielorrusia, Irán y Corea del Norte, la URSS evitaba que la población tuviera exposición al mundo libre.
Las huelgas obreras estaban prohibidas, lo mismo que cualquier suerte de manifestación en la vía pública.
Los artículos del periódico, las noticias de la radio y prensa, los libros y otras publicaciones pasaban por un filtro de censura sofisticado.
A los escritores de la oposición con regularidad se les enviaba a hospitales psiquiátricos, intencionalmente diagnosticados como “locos” por contradecir a los delincuentes del gobierno.
El control social no sería factible sin cientos de miles de jueces comprados, convencidos, amenazados o cooptados por un Estado nacionalista que exige una actuación favorable a sus intereses de forma permanente y sin titubeos.
En la URSS la tasa de condenas se estimaba en 99 por ciento, es decir, había nula posibilidad de ganarle al gobierno en temas de carácter penal; una vez recibida una denuncia anónima, los agentes secretos secuestraban al sospechoso sin el debido proceso.
Ciertamente hay un paralelismo real entre la otrora Rusia y el México moderno, guardando, claro, las proporciones, ya que en el primer caso algunos historiadores ponen la cifra por encima de los 15 millones de víctimas que terminaron en un Gulag o fueron exiliadas por la decisión de un juez espurio.
Aquí, en este país, se estima que hay 90 mil personas presas que carecen de una sentencia judicial, es decir, están privadas de la libertad sin una fundamentación legal.
Esto representa casi la mitad del total de la población carcelaria mexicana, de acuerdo con un reporte del año previo emitido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Desde la desastrosa administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha disparado el número de ciudadanos inocentes que son puestos injustamente tras las rejas.
Militares y policías –que jamás exhiben su rostro o proporcionan su nombre–, además de realizar detenciones arbitrarias y en miles de instancias plantar falsamente drogas a sus víctimas para justificar el acto, acostumbran torturar a las personas.
Esta es una “práctica generalizada”, de acuerdo a la ONU.
En cuanto al número de desaparecidos, ya se habla de aproximadamente 130 mil mexicanos que el sistema judicial no reconoce o localiza.
El índice de impunidad de esos miles de casos es exactamente igual a la tasa de condenas de la Unión Soviética: 99 por ciento.
Al Estado mexicano le es indiferente la aplicación de la ley, ya que no investiga ni persigue a los delincuentes, tampoco resarce el daño ni previene reincidencias en abusos cometidos por sus cuerpos de seguridad.
Excepto si se trata de algún allegado al partido oficial.
Leal a su mandamás (AMLO) –y tal como los jueces en la URSS respecto al Partido Comunista–, la judía bolchevique de origen búlgaro, la Dra.
Claudia Sheinbaum, amplió hace un par de meses el catálogo de delitos en una figura penal que ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Una y otra vez se ha advertido que la prisión preventiva oficiosa –inspirada en el código penal soviético y cubano– es violatoria de las garantías individuales.
Sólo en regímenes tiránicos el gobierno puede detener y encarcelar a cualquier persona sin necesidad alguna de probar su culpabilidad.
O en resumidas palabras, te arrestan y luego averiguan.
Pueden transcurrir meses o años en este proceso, pero en lo que se dicta sentencia, el acusado permanece encarcelado.
TE PUEDE INTERESAR: Elección judicial: lo mejor es no participarComo bofetada, a colación de todo esto, el régimen marxista de Morena decidió agravar la crisis destruyendo al Poder Judicial mexicano.
Primero atacó a las personalidades más prominentes de la Suprema Corte, luego estranguló financieramente varios fideicomisos y despidió a miles de empleados, y finalmente decapitó toda la estructura mediante una reforma constitucional que logró colonizando al cuerpo electoral e inflando con una fórmula mágica la proporción de sus representantes en el Congreso.
Es decir, un golpe de Estado.
El narcogobierno llama ahora a participar en las primeras elecciones de jueces y magistrados, siguiendo la misma ruta que empleó para la consulta del aeropuerto capitalino.
Y al igual que este último, el resultado ya está anunciado y es de conocimiento público: quienes apoyan al partido hegemónico serán vencedores de este proceso fraudulento y, sin importar si acude a votar el 10 o el 100 por ciento de la población, México se transforma rápidamente en una dictadura Soviética.
Los jueces chairos –fanáticos de la repugnante ideología leninista– están a la vuelta de la esquina.
¿Estarán dispuestos los mexicanos a aceptar esta arbitrariedad? ¿O confrontarán al poder, con o sin ayuda externa? Pronto lo sabremos.
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