La peligrosa obsesión de Trump con el canal de Panamá Vanguardia.com.mx

Por Will Freeman, The New york Times.
Cada año, el 40 por ciento de todo el tráfico de contenedores de Estados Unidos, equivalente a unos 270,000 millones de dólares, cruza el canal de Panamá.
También lo hace alrededor del 5 por ciento del comercio marítimo del mundo.
En caso de un conflicto entre China y Taiwán, la Armada estadounidense tendría que movilizar con velocidad submarinos y otros buques hacia el Pacífico a través del canal.
Desde diciembre, Donald Trump ha mencionado Panamá en repetidas ocasiones en discursos, entrevistas y publicaciones en Truth Social, amenazando con “recuperar” el canal, que estuvo bajo control estadounidense entre 1914 y 1999.
Desde entonces, ha logrado conseguir una serie de concesiones al presidente conservador de Panamá, José Raúl Mulino.
Entre ellas están el inicio de negociaciones para reembolsar a buques militares de Estados Unidos por el pago de peajes y la aceptación de despliegues rotativos de personal militar estadounidense en bases panameñas.
(La última base militar permanente de EE.
UU.
en Panamá cerró en 1999, una década después de la invasión estadounidense).
Algunas de estas demandas buscan contrarrestar la influencia de China, que ha ganado terreno comercial en Panamá desde que el país rompió relaciones con Taiwán en 2017.
En febrero, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó Panamá y advirtió a Mulino que la presencia china en el canal podría violar tratados bilaterales.
Poco después, Panamá anunció su salida de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, lo que Pekín calificó como resultado de “coacción” estadounidense.
Además, el gobierno panameño auditó dos puertos adyacentes al canal operados por empresas chinas, en respuesta a las acusaciones de Trump sobre una presunta interferencia china.
Que Trump esté preocupado por la creciente influencia de China no es en sí irrazonable —también había mucha inquietud durante el gobierno de Joe Biden— pero lo preocupante es que no está claro qué obtiene Panamá a cambio de estas concesiones.
Y eso ha generado una ola de indignación entre los panameños, ya de por sí molestos con su gobierno y la clase política de su país.
La exigencia más reciente de Trump —que por ahora Mulino ha rechazado—ha sido que los buques comerciales estadounidenses puedan pasar por el canal sin pagar peajes, lo cual atentaría contra un símbolo nacional y una fuente de entre el 7 y el 10 por ciento del presupuesto de Panamá.
En respuesta, estudiantes, sindicatos, ambientalistas y grupos indígenas han salido a las calles en protestas que expresan no solo un rechazo a las políticas del gobierno, sino también una percepción cada vez mayor —fundada o no— de que Mulino está cediendo ante Trump en lugar de defender la soberanía nacional.
Tal vez Trump no lo vea así, pero al forzar a Mulino a cumplir con sus exigencias, está debilitando a un gobierno aliado y creando incertidumbre sobre el futuro.
La inestabilidad en Panamá —económica, política o social— es un riesgo serio para Estados Unidos.
Si el canal se viera comprometido, las consecuencias podrían ser graves.
Como investigador especializado en política latinoamericana, nunca incluí a Panamá entre los países latinoamericanos con riesgo de estallido social.
Entre 1970 y 2019, su economía fue una de las de mayor crecimiento per cápita del mundo.
La pobreza disminuyó considerablemente en ese periodo.
Mientras América Latina creció en promedio solo un 0,9 por ciento anual en la última década, Panamá cuadruplicó esa tasa más o menos durante esos años gracias al auge de sectores como las finanzas, la construcción y la inversión privada, además de una gestión eficiente y apolítica del canal tras su transferencia en 1999.
Tanto empresas panameñas como estadounidenses, especialmente exportadores de energía de Estados Unidos, se beneficiaron de la duplicación de la capacidad del canal para enviar más gas natural a Asia.
Pero en Panamá, los beneficios de todo este crecimiento se distribuyeron de forma muy desigual.
En las décadas de 2000 y 2010, el gobierno invirtió menos en educación, como porcentaje del PIB, que el promedio regional.
Los estudiantes obtuvieron peores resultados en los exámenes estandarizados que muchos compañeros en Latinoamérica, según datos de 2022.
Un censo de 2023 reveló que casi un cuarto de las viviendas no tenían acceso las 24 horas a agua potable durante la estación seca.
También en 2023, la quinta parte de los panameños con mayores ingresos percibía más de la mitad de los ingresos del país.
Mientras tanto, la quinta parte con menos ingresos recibía solo el 3,5 por ciento.
Los panameños están entre los ciudadanos más desencantados de América Latina con la democracia, los partidos políticos y los servicios públicos.
En octubre de 2023, esa frustración estalló.
Protestas masivas paralizaron el país durante 25 días por un controvertido contrato minero.
En el fondo, los manifestantes expresaban una profunda desconfianza hacia un gobierno percibido como servil a intereses privados y extranjeros.
Hubo al menos cuatro muertos y pérdidas económicas equivalentes al 2,3 por ciento del PIB.
Ahora, ese mismo sentimiento de frustración corre el riesgo de desbordarse, esta vez, alimentado no solo por quejas internas como la corrupción y la desigualdad, sino también por la sensación de que Mulino está dando prioridad al apaciguamiento de Trump sobre los intereses de Panamá.
En enero, el 51 por ciento de los panameños aprobaba la gestión de Mulino; en marzo, solo el 26 por ciento mantenía esa opinión.
En mi reciente visita al país, el descontento era palpable.
“Una sola injusticia más podría encender nuevas protestas como las de 2023”, me dijo Alonso Illueca, abogado y académico.
En marzo, Mulino aprobó una legislación controversial que aumenta las cotizaciones al sistema público de pensiones, que enfrentaba una grave crisis de liquidez.
El 23 de abril, varios sindicatos de docentes de escuelas públicas y un importante sindicato de trabajadores de la construcción iniciaron una huelga, en protesta por los cambios en las pensiones, las medidas para reabrir una polémica mina de cobre y el acuerdo que Mulino firmó con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, para permitir al personal militar estadounidense situarse en bases alrededor del canal de forma rotatoria.
Incluso dos rivales políticos se unieron a líderes civiles para denunciar públicamente el acuerdo con Estados Unidos.
Luego, en mayo, después de que Mulino insinuó que la principal universidad pública era una “guarida de terroristas”, miles de panameños, liderados por estudiantes, salieron a protestar en lo que parecía ser la mayor movilización de este oleada de disturbios hasta la fecha.
Mulino enfrenta ahora presiones del sector privado para reprimir las protestas, especialmente en Bocas del Toro, donde los bloqueos han paralizado la provincia.
Ha advertido que “al costo que sea, este país no se va a trancar”.
Pero si las protestas se intensifican y su gobierno se debilita, será más difícil contener la influencia china o garantizar el suministro de agua para el canal, cuya susceptibilidad al cambio climático y a la sequía ya han reducido en ocasiones el tráfico del canal y elevado los costos para los exportadores estadounidenses.
Si Trump continúa con su estrategia de presión pública para obtener concesiones, probablemente terminará debilitando al gobierno de Mulino.
El miércoles, el embajador de Estados Unidos en Panamá visitó el canal y publicó en X que buscará asegurar el paso gratuito para los buques del gobierno.
Un enfoque diplomático más discreto y respetuoso sería mucho más efectivo para proteger los intereses estadounidenses.
Pero Trump ya ha aprendido que las amenazas maximalistas —como la de “retomar el canal”— pueden funcionar, especialmente si van dirigidas a un país pequeño como Panamá y no a Canadá o Dinamarca, aunque la desconfianza de la opinión pública en el gobierno se acentúe con cada exigencia.
Si el objetivo de Trump es retomar totalmente el canal e iniciar una nueva era de expansión territorial estadounidense, un Panamá inestable juega a su favor.
Un intento serio de presionar al gobierno panameño —mediante sanciones, aranceles u otras medidas coercitivas— podría incendiar al país.
Para Panamá, Estados Unidos y el mundo, este podría ser el mayor riesgo de todos.
Will Freeman es investigador especializado en América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores.
c.
2025 The New York Times Company.