Nueva Ley Telecom se votaría en julio; Agencia de Merino tendría menor poder Expansión
El sector de las telecomunicaciones y radiodifusión tendría su nueva política en julio de este año. Las nuevas reservas que constituirán el marco legal de ambas industrias serían aprobadas ese mes por el Senado de la República, luego de sostener cinco conversatorios con empresarios, académicos y especialistas, aseguró Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado. El dictamen, propuesto por el Ejecutivo y aprobado por Diputados, fue calificado de indicios de censura, al contar con artículos que preveían bloqueos de plataformas digitales, así como violaciones al tratado comercial del T-MEC y la concentración de poder por parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Unos de los mayores cambios en el dictamen será la menor concentración de atribuciones que estipulaba el documento para la Agencia de Transformación Digital, al ser uno de los puntos más álgidos de la propuesta que envió el Ejecutivo al Legislativo. El proyecto preveía que la dependencia bajo el mando de José Merino contara con las facultades regulatorias sin un órgano técnico como el que constituye el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para velar que las decisiones sean tomadas a partir de un enfoque más técnico que político. Esta situación generaba alertas para la industria debido a que el Estado, a través de la ATDT, se convertía en juez y parte en la industria, lo que daría como resultado problemas en competencia, toda vez que la CFE y Altán Redes se convirtieron en jugadores directos del mercado móvil. “Ahí sí va a haber toda una reconfiguración del diseño del órgano”, afirmó el senador morenista. Corral adelantó que tras las demandas de la industria, academia y organizaciones civiles, se planteará en el nuevo marco legal un órgano colegiado constituido por cinco comisionados con perfil técnico, un esquema similar con el que cuenta el IFT. Los elementos serán designados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, pero sin que hasta ahora se especifique si los perfiles tendrían que aplicar exámenes que demuestren sus conocimientos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión como se estipulaba en la anterior política de la industria. El senador advirtió que otros de los cambios que incluirá el dictamen para restar concentración de poder a la ATDT es transferir facultades a otras dependencias, como la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Profeco; sin embargo, no detalló qué atribuciones serán. Otras de las modificaciones que prevé el Senador es la eliminación del artículo 109 del dictamen que estipulaba el bloqueo de plataformas digitales. También se ubica como promesa que el Estado compita en igualdad de condiciones con los operadores de telecomunicaciones como Telcel, AT&T y Telefónica, en términos de acceso al espectro radioeléctrico. Sin embargo, mientras se vuelve a redactar el proyecto de política de Telecomunicaciones, el IFT aún enfrenta retos económicos para dar continuidad a sus obligaciones financieras con sus 1,400 colaboradores Para este año, la Secretaría de Hacienda destinó al IFT un presupuesto de 1,680 millones de pesos para ejercer sus labores regulatorias en el ámbito de las telecomunicaciones y radiodifusión, cuyos recursos se estiman solo serían suficientes hasta junio para saldar nómina. El IFT, en medio de la incertidumbre, ha mantenido su operación. En el primer trimestre de este año, el Instituto logró generar 18,800 millones de pesos por el concepto de recaudación de espectro radioeléctrico, implicando 1,100 millones de pesos más que tenía contemplada la Ley de ingresos para todo 2025. Y aunque aún no hay una certeza para el aún regulador de la conectividad, Corral aseguró que “se tendrá una mejor legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión porque se avanzará en aspectos sociales en materia de radiodifusión pública como medios comunitarios, indígenas, afromexicanos, sociales genéricas, además de que se consolidará el derecho de las audiencias y el Estado podrá garantizar el derecho al internet con un sentido universal”.
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