Trump canceló las protecciones contra la deportación. ¿Qué ha pasado con otras impugnaciones? Vanguardia.com.mx

Por Zach Montague y Camille BakerLa Corte Suprema permitió al gobierno de Trump levantar las protecciones a miles de venezolanos, dejándolos potencialmente vulnerables a la deportación.
¿Qué ocurre con las personas de otros países?El presidente Donald Trump ha dado marcha atrás en los programas gubernamentales que protegen de la deportación a determinados migrantes en Estados Unidos, lo que ha provocado varios recursos judiciales en el marco de las medidas más amplias de su gobierno contra la migración.
TE PUEDE INTERESAR: Intentan ejecutar a viuda de empresario vinculado al huachicol en Ciudad VictoriaEn los últimos meses, Trump ha revocado el estatus legal concedido a algunos ucranianos desplazados por la invasión rusa y a ciudadanos afganos que ayudaron en la guerra estadounidense en su país.
También ha cancelado el estatus de protección de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que huían de la inestabilidad y la violencia política en su país, dejándolos potencialmente expuestos a la deportación.
Quizá lo más destacado haya sido el hecho de que Trump puso en el punto de mira a casi 350.
000 inmigrantes venezolanos a quienes se les había permitido permanecer en el país en virtud de un programa conocido como Estatus de Protección Temporal.
El lunes, y en respuesta a la solicitud de emergencia del gobierno, la Corte Suprema permitió que siguiera adelante con sus planes de levantar esas protecciones, al menos por ahora.
Pero otros casos relacionados con migrantes con estatus de protección también siguen adelante, con miles de personas en el limbo.
Esto es lo que hay que saber sobre los principales desafíos a las medidas de Trump y en qué punto se encuentran.
Cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos: Noem contra DoeLa Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre otra solicitud de emergencia que podría afectar a los migrantes venezolanos.
En ese caso, el gobierno de Trump ha pedido al tribunal que le permita revocar las protecciones contra la deportación de migrantes procedentes de cuatro países con problemas: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
En abril, un juez de primera instancia dictó una orden de emergencia que bloqueaba el cese de la situación legal de muchos de los más de 500.
000 migrantes que entraron en el país al amparo del programa.
Ese caso se refiere a una medida protectora distinta —no al programa de Estatus de Protección Temporal— que permitía a personas de esos países entrar y permanecer temporalmente en Estados Unidos mediante un mecanismo legal denominado permiso humanitario o parole.
Esa forma de amparo concede a las personas la residencia temporal en Estados Unidos por razones humanitarias urgentes o de interés público.
El caso fue presentado por primera vez en Massachusetts, en febrero, y adoptó una visión expansiva de los cambios de política realizados por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional.
Su objetivo era detener la suspensión inmediata de varios programas de estatus temporal, y respaldar los esfuerzos del gobierno de Trump para impedir que las personas a las que ya se había concedido la libertad condicional humanitaria solicitaran otras vías más permanentes para permanecer en el país.
“Esta demanda cuestiona las medidas que ha adoptado el gobierno de Trump para limitar radicalmente lo que hasta ahora había sido un amplio poder otorgado por el Congreso para permitir al ejecutivo responder a los retos migratorios, abordar las crisis humanitarias mundiales y promover importantes objetivos de política exterior de manera flexible y adaptable”, decía la demanda inicial.
A pesar de que la Corte Suprema está considerando un aspecto de este caso, está lejos de llegar a su fin, y podría afectar a personas de otras naciones.
La impugnación también afecta a ucranianos y afganos que llegaron a Estados Unidos en virtud de programas de la época de Biden que han sido cancelados por el gobierno de Trump.
Afganos y cameruneses: Trump contra CASAPresentado el 7 de mayo, el caso se centra en la finalización de las protecciones temporales para personas procedentes de Afganistán y Camerún.
Se presentó en respuesta a un plan iniciado por Noem en abril que pondría fin al estatus de protección para los afganos el 20 de mayo y para los cameruneses el 7 de junio.
Al igual que otras impugnaciones similares, la demanda argumenta que el Congreso estableció un proceso claro para poner fin al Estatus de Protección Temporal, y que el Departamento de Seguridad Nacional no puede eludirlo abruptamente.
También describe la iniciativa como motivada por “animadversión racial”, contrastando la actuación del gobierno de Trump contra personas de países “no blancos” con los esfuerzos de este por eliminar las barreras de migración para los sudafricanos blancos.
Después de que el tribunal propusiera actuar con rapidez en un plazo acelerado para adelantarse a la fecha límite del 20 de mayo para los nacionales afganos, el Departamento de Seguridad Nacional accedió a ralentizar un poco sus esfuerzos y seguir el proceso exigido por el Congreso, según una presentación de este mes.
En virtud de dicho proceso, el departamento debe conceder a toda persona que goce del Estatus de Protección Temporal al menos 60 días más en el país sin temor a que se apliquen medidas de migración, y solo después de publicar su intención de poner fin a su estatus en el Registro Federal.
Haitianos: Asociación del Clero Evangélico Haitiano contra TrumpEste caso, más centrado en las personas que huyen de Haití, muestra las sombrías circunstancias que llevaron a conceder el Estatus de Protección Temporal a miles de haitianos en Estados Unidos.
Cita la violencia continuada de las bandas y los asesinatos selectivos, los brotes de enfermedades y “el colapso del sistema sanitario de Haití”, así como el hambre generalizada y la falta de vivienda, entre muchos otros factores que han dado lugar a la designación, y pide a un juez de Nueva York que intervenga.
La próxima semana está prevista una audiencia para hacer avanzar el caso, y los abogados de los demandantes habían planeado pedir al juez que pasara por alto un juicio y bloqueara sumariamente cualquier intento de suspender inmediatamente las protecciones para los haitianos.
Los abogados han argumentado que la decisión de la Corte Suprema que permite al gobierno levantar las protecciones para los venezolanos no se extiende necesariamente a su impugnación, y han pedido al juez que siga adelante con el caso.
Refugiados de otros países: Pacito contra TrumpAunque no está directamente relacionado con el Estatus de Protección Temporal, el caso gira en torno a los refugiados incluidos —algunos de Afganistán y una serie de países de América Central y del Sur— cuya admisión y reasentamiento en Estados Unidos se ha visto en peligro por otras políticas que ha adoptado el gobierno de Trump.
El caso impugna la decisión de suspender el Programa de Admisión de Refugiados, que ha ayudado a los refugiados a reasentarse en Estados Unidos en virtud de una ley aprobada por el Congreso en 1980.
Un juez federal bloqueó la suspensión del programa en febrero, y un tribunal de apelación revocó parte de esa decisión en marzo.
El tribunal inferior había ordenado al gobierno de Trump que siguiera adelante y admitiera a unos 12.
000 refugiados que ya tenían planes “concertados y confirmables” de viajar a Estados Unidos antes del 20 de enero.
La semana pasada, teniendo en cuenta la decisión del tribunal de apelación, el juez de ese caso revisó esa orden, exigiendo en su lugar al gobierno que considerara a cada solicitante caso por caso.
El juez también ordenó que el gobierno “tramitara, admitiera y prestara inmediatamente los servicios de apoyo al reasentamiento exigidos por ley” a 160 refugiados que tenían previsto viajar a Estados Unidos en un plazo de dos semanas a partir del 20 de enero.
c.
2025 The New York Times Company