Huachicol, padre de gigantesca corrupción Índice Político

Estado de los ESTADOS

“Voy a tomar toda esa negatividad y usarla como combustible”: Bradley Cooper

• Huachicol, padre de gigantesca corrupción
• Evasión fiscal de 554 mil 750 millones en un quinquenio
• Delito impune con redes internacionales en Asia y África
• ¿Limpia de aspirantes a juzgadores con el gato encerrado?

Ciudad de México, 6 de mayo de 2025.- El llamado “oro negro” el cual se nos dijo y es verdad, es el gran impulsor del desarrollo en los países bendecidos por esta materia en el subsuelo -el mejor ejemplo lo encontramos en la riqueza de los países árabes-, se convirtió, en el nuestro, en el primer pivote de la más gigantesca corrupción. Deberíamos seguir la ruta del dinero para encontrar a quienes se ven altamente beneficiados con la quiebra de Pemex. En la petrolera más endeudada del mundo, llegando a ser convertida en un gran barril sin fondo en donde lejos de encontrarse beneficios para el desarrollo se enfrentan auténticos hoyos a las finanzas públicas, se han venido gestando enormes riquezas de las familias de quienes han tenido bajo su cargo la administración. No hay hasta el momento un solo presidente exento de la comisión, cuando menos, de las más erróneas medidas y lejos de propiciar mejoras han derrumbado a la que fuera el símbolo de crecimiento garantizado.

Por si fuera poco, el huachicol es un término habitual desde hace décadas referido originalmente a la succión ilegal de combustible de los ductos de Pemex. Un informe sobre el tráfico de petróleo mexicano robado a la empresa productora y Estados Unidos, elaborado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), destaca: el huachicol mexicano tiene ahora mayor presencia en países como India, Japón y zonas de África. La venta de gasolina robada es considerada como el segundo negocio más lucrativo para los cárteles mexicanos y hasta la fecha, autoridades estadounidenses solo han sancionado a tres ciudadanos mexicanos y dos empresas vinculadas con el tráfico de combustible y contrabando de petróleo. Durante del sexenio pasado, el “huachicol fiscal” de gasolinas tuvo un costo aproximado de 554 mil 750 millones de pesos, recursos no cobrados por el gobierno bajo el concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (ISPS). Este monto, es el total de impuesto no cobrado por 120 mil 726 millones de litros no declarados entre 2019 y 2024, de acuerdo con un cálculo realizado a partir de cifras de exportación reportadas por la Energy Information Administration (EIA, por sus siglas en inglés) y de importación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Las autoridades de México y Estados Unidos tienen en la mira a las redes de huachicol fiscal, el contrabando de gasolinas a gran escala entre los dos países, en ambas direcciones fronterizas, del sur al norte y viceversa. Esta modalidad de contrabando evita el ingreso al fisco de miles de millones de dólares al año, y se encuentra en la lista de emergencias binacional, junto a la migración y el tráfico de fentanilo. En varios operativos en las últimas semanas en Texas, Tamaulipas y Baja California, agencias de seguridad han intervenido buques, y han decomisado millones de litros de combustible, decenas de pipas y camiones, y otros activos de empresas, constituidas para dar apariencia legal al contrabando. El Departamento del Tesoro de EU anunció nuevas sanciones para redes de huachicoleros, vinculados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus empresas. “Los cárteles explotan este flujo de petróleo crudo desde México y Estados Unidos. Contrabandean petróleo crudo agrio y pesado obtenido ilícitamente de Pemex a través de la frontera suroeste de los Estados Unidos mediante corredores mexicanos, a menudo mal etiquetados como “aceite usado” u otros materiales supuestamente peligrosos, a importadores estadounidenses cómplices. Luego, venden el petróleo crudo robado con un gran descuento en los mercados energéticos de los Estados Unidos y el mundo antes de repatriar las significativas ilícitas de regreso a México”, detalla el informe.

Según el departamento de seguridad de Estados Unidos, el golpe asestado más fuerte es la detención de César Morfín “El Primito”, líder del CJNG en Tamaulipas, así como sus hermanos Álvaro y Remigio. Estas personas confesaron que el combustible es obtenido de pinchazos a los ductos de Pemex, tanto dentro como fuera de las refinerías, así como el asalto a pipas completas, posteriormente la gasolina es vendida a Estados Unidos y en dicho país, el crudo es exportado a países como Japón, India y diversas zonas de África. “Los importadores estadounidenses pueden obtener hasta más de cinco millones de dólares en ganancias por cada envío de petróleo crudo desde Estados Unidos a jurisdicciones extranjeras, con múltiples petroleros en ruta cada mes”.

La venta de combustible comienza desde su extracción en estados como Veracruz, Jalisco, Puebla, Hidalgo y Guanajuato; posteriormente, es transportado a estados aledaños a Estados Unidos, como Tamaulipas y hacen pasar el crudo por “aceite usado” para evitar su inspección e investigación de procedencia. Al pasar la frontera, es llevado a Texas para ser depositado en centros de almacenamiento y ser vendido para diferentes empresas fantasma o cómplices; para su transporte se usan camiones cisterna o en caso de países de África, India y Japón, se usan grandes embarcaciones. Al pasar por empresas fantasma o en otro país de donde no se extrajo el crudo, se pierde el rastro de origen del producto y los implicados se mantiene bajo el radar de investigación.

Actualmente, los huachicoleros siguen picando los ductos de Pemex, alentados precisamente por la variante fiscal. En los últimos tres días de marzo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sorprendió al país con la incautación, en dos operativos distintos, de 18 millones de litros de combustible. El primer operativo fue en Ensenada, Baja California. La dependencia decomisó ocho millones de litros de hidrocarburo, en un predio de Ensenada, gracias a una denuncia anónima. Tres días después, la secretaría anunció la intercepción de otros diez millones de litros, cerca de Tampico, Tamaulipas, del lado contrario del país, en el Golfo de México. En ambos casos, los importadores habían falsificado los registros de importación para ahorrarse impuestos.

Una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señalo que la empresa importadora del combustible incautado en Tampico, Itanza, estaba vinculada a Francisco Javier Antonio Martínez, un alto funcionario de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), en Tampico. Itanza estaba también detrás de la importación de los millones de litros decomisados en Ensenada. En Estados Unidos, durante los últimos días de abril, Agencias de seguridad federales allanaron unos días los predios de la compraventa de combustibles. La justicia estadounidense refirió que la empresa importó combustibles de manera ilegal, lo refinó, lo vendió y lavó después decenas de millones de dólares obtenidos de su venta posterior. Días después, el 1 de mayo, el Departamento del Tesoro informó de la imposición de sanciones contra una red familiar de huachicoleros, liderada presuntamente por César Morfín, alias “Primito,” supuesto líder del CJNG en Tamaulipas.

El caso de “Primito” se suma a las sanciones que anunció el Tesoro estadounidense en septiembre, todavía con Joe Biden en la presidencia, contra otra red de huachicoleros. Entonces, los objetivos fueron 26 empresas y nueve personas, vinculadas al CJNG. El líder de esta red era Iván Cazarín Molina, alias “Tanque”, con operaciones en Jalisco y Veracruz. “El Tanque”, muy cercano a “El Mencho”, tenía depósitos para almacenar miles de litros de combustible cerca del Puerto de Veracruz y una red de gasolineras, donde vendía el combustible robado. También vendía a terceros, que lo llevaban de contrabando hasta Texas.

DE LOS PASILLOS

A menos de un mes de la elección de juzgadores, 34 candidatos fueron denunciados por no cumplir los requisitos constitucionales para participar en la contienda, pese a que los Comités de Evaluación tenían la obligación de garantizar los perfiles. En sus impugnaciones, ciudadanos, organizaciones sociales y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados señalaron carencia de buena fama pública, vínculos con el crimen organizado, antecedentes penales y a aspirantes que no cumplen con el requisito de 8 de promedio de calificación en sus estudios. La presentación de estos nombres, oficialmente, responde al llamado realizado a la ciudadanía para denunciar a quienes consideran tenían antecedentes de tipo penal, mala fama, no pagar pensiones alimenticias, violentadores, entre otros. Y podría esperarse la garantía de ser esta relación verdaderamente de denuncia pública, aunque cabe la posibilidad de estar limpiando de aspirantes para, finalmente, imponer sus propias listas. Pero eso sí, el pueblo decide.

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