CEAR teme que el Gobierno elimine el acceso al asilo desde el exterior en su nueva ley Infobae

Madrid, 23 abr (EFE).- La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha alertado de que es "muy posible" que el Gobierno elimine del marco legislativo una de las pocas vías legales y seguras que este contempla para que solicitantes de asilo accedan a España: la posibilidad de pedir asilo desde el exterior a través de embajadas y consulados.

Así lo ha manifestado el codirector general de CEAR, Mauricio Valiente, durante un desayuno informativo celebrado este miércoles en Madrid, en el que la entidad ha presentado su decálogo de propuestas de cara a la redacción de la nueva ley por parte del Gobierno para adaptar la legislación española al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Una de las propuestas de la entidad es blindar esta vía diplomática, que, si se aplicase correctamente, podría facilitar que muchas personas llegasen a España "sin poner en riesgo sus vidas".

La entidad ha argumentado sus sospechas de que el Ejecutivo lo pueda dejar fuera de la reforma legislativa al recordar que la inclusión de este mecanismo en la actual ley, de 2009, fue fruto de la "insistencia" de entidades como CEAR y esta "no se ha desarrollado nunca reglamentariamente" y, por lo tanto, se ha aplicado de una forma muy arbitraria.

Desde CEAR abogan porque esta figura se mantenga en el texto y se desarrolle adecuadamente para su correcta aplicación, junto al impulso de otras vías legales y seguras como el reasentamiento, con un aumento de unas cuotas que actualmente ven insuficientes.

Otro de los temores que ha señalado la entidad, que ha recalcado que no ha tenido acceso al borrador de la ley y ha criticado en este sentido la opacidad del Gobierno, es que el Ejecutivo elimine o limite el permiso de residencia a los solicitantes de asilo a partir del sexto mes desde el registro de la petición.

Aunque han precisado no haber detectado indicios de que esto vaya a ser así, han alertado del precedente del reciente nuevo reglamento de extranjería, que si bien flexibiliza la figura del arraigo para el grueso de migrantes, limita su acceso para los solicitantes de asilo que hayan visto denegadas sus peticiones.

Un extremo que llevó a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, junto a otras entidades como Cáritas, a recurrir este texto ante el Tribunal Supremo, un proceso del que, según ha precisado Mauricio Valiente, no se espera respuesta hasta dentro de un año o incluso dos, ya que las ONG no pidieron medidas cautelares.

Valiente ha lamentado que el Gobierno haya trasladado mensajes "contradictorios" sobre la elaboración de esta ley, ya que, por un lado, se ha mostrado abierto a contar con la sociedad civil y entidades como CEAR para su redacción pero en la práctica no ha existido tal interlocución.

El Gobierno les ha traslado que, además de la ley, de la que ya existe un borrador, trabajan en un reglamento de desarrollo, por lo que se está abordado esta cuestión con "un nivel de concreción" para el que, según CEAR, sería "muy importante" contar con sus aportaciones.

La entidad también ha destacado que el Gobierno les trasladó su "confianza" de esta nueva ley salga adelante, ya que las fuerzas que apoyaron este Pacto Europeo de Migración y Asilo en el Parlamento Europeo cuentan con una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha incluido entre sus propuestas, que ha hecho llegar al Gobierno, otras medidas como garantizar la asistencia jurídica gratuita durante el procedimiento de asilo y evitar demoras injustificadas, estableciendo un plazo máximo de 5 días desde que el solicitante expresa su voluntad de pedir asilo y 21 desde el registro hasta su formalización mediante entrevista.

Piden evitar las detenciones, que deberán ser "el último recurso", con medidas alternativas y ampliar sin plazos en el procedimiento en frontera, donde las personas pueden estar retenidas, actualmente, hasta un máximo de 8 días.

Consideran también importante garantizar el principio de no devolución y la no vulneración del principio de no discriminación de la Convención de Ginebra a través de los listados europeos de países seguros, incluir medidas específicas para niños y adolescentes o garantizar el papel de Acnur en los procedimientos, rasgo distintivo del sistema español. EFE