AMP3- García Ortiz nomina al fiscal del 9-N y "Palau" para un cargo donde fijará criterio sobre el delito que le imputan Infobae

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto al fiscal que se ocupó de los casos del Palau de la Música y del 9-N, Emilio Sánchez Ulled, para una plaza de nueva creación, la de fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública, donde tendrá entre sus funciones la de fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos por el que el Tribunal Supremo (TS) investiga al jefe del Ministerio Público.

Así lo ha acordado tras el Pleno del Consejo Fiscal celebrado este martes, donde se decidían las jefaturas de cuatro unidades especializadas de la Fiscalía: la de delitos contra la administración pública, la de delitos económicos, la de seguridad vial y la de violencia de género.

De estos cuatro puestos, destacan los dos fiscales de sala para coordinar las nuevas unidades especializadas de la Fiscalía que se crearon como parte del Plan de Acción por la Democracia anunciado por el Gobierno: una de delitos económicos y otra de delitos contra la administración pública.

Para esta última, García Ortiz ha nominado a Sánchez Ulled, hasta ahora consejero de Justicia en la Representación Permanente de España en la UE; mientras que para la primera ha propuesto al actual fiscal de sala delegado de delitos económicos, adscrito a la sección penal de la Fiscalía del TS, Fernando Rodríguez Rey.

La plaza de fiscal de sala para coordinar delitos contra la administración pública era la más polémica. De hecho, fuentes fiscales consultadas por Europa Press indican que los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) y la vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) no han votado en lo referente a este puesto.

Las citadas fuentes precisan que Sánchez Ulled ha sumado los cuatro votos restantes: los dos de la Unión Profesional de Fiscales (UPF) y los dos de las vocales natas --la teniente fiscal del TS, Ángeles Sánchez Conde, y la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite--. En la misma línea, Rodríguez Rey ha contado con estos cuatro apoyos, mientras que la AF ha respaldado a Luis Rodríguez Sol y la APIF a Carmen Launa.

Cabe recordar que se trata de nombramientos discrecionales donde el fiscal general debe escuchar al órgano consultivo sin que la opinión que emita sea vinculante, por lo que puede optar por un candidato distinto al avalado por la mayoría.

"NI ÉTICO NI ESTÉTICO"

El pasado octubre, los vocales de la AF y de la APIF votaron en contra de la creación de la unidad especializada en delitos contra la administración pública al considerar que hay un "solapamiento de competencias" con la Fiscalía Anticorrupción que podría acabar arrebatando a esta última determinadas causas.

Los vocales de la AF han reiterado, en un comunicado de este mismo martes, que esta unidad especializada "carece de justificación" porque "su ámbito competencial se prevé respecto de modalidades delictivas ya contempladas entre las competencias de la Fiscalía contra la Corrupción".

"Esto supondrá que será en cada caso el fiscal general del Estado quien valorará si existe o no la "especial trascendencia" que justifique la intervención de la Fiscalía contra la Corrupción o del nuevo fiscal de sala de delitos contra la administración pública", subrayan.

A su juicio, "esta coincidencia de ámbitos y la inseguridad jurídica del criterio de asignación" alejará a la Fiscalía de "la eficacia en la respuesta penal", en lugar de buscar "una verdadera y efectiva lucha contra la corrupción" reforzando los medios personales y materiales de las fiscalías que asumen los casos.

Además, inciden en que "la propuesta que realice el fiscal general del Estado de un nombramiento para dicha plaza afecta a la apariencia de imparcialidad y neutralidad que debe acompañar a la institución, atendidas las circunstancias que atañen al máximo responsable de la institución", como investigado en el TS.

GARCÍA ORTIZ REIVINDICA SU ROL

En vísperas del Pleno, la AF envió una carta a García Ortiz donde le instaba a abstenerse de participar en esta propuesta de nombramiento, dado que el candidato elegido tendrá entre sus funciones la de fijar criterio sobre el delito por el que está investigado. "No resulta ni ético ni estético", dijo la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, en un comunicado.

En el Pleno, los seis vocales de la AF han reiterado a García Ortiz dicha petición, la cual implicaba retirar directamente este punto del orden del día porque el fiscal general es el único que puede proponer candidatos para este tipo de nombramientos discrecionales.

Sin embargo, García Ortiz ha descartado abstenerse de llevar a cabo esta propuesta de nombramiento al estimar que no existe el "interés personal" alegado por la asociación profesional.

Según las fuentes consultadas, ha defendido que el hecho de que ya se haya abstenido de ejercer como fiscal general respecto a Sánchez Conde en la causa donde le investiga el TS supone ya suficiente garantía de que la Fiscalía actuará ajena a cualquier interés personal. Es una auténtica "muralla china", ha dicho.

García Ortiz ha aprovechado la coyuntura para reivindicar que, una vez adoptada esa salvaguardia, no hay razón alguna para que no ejerza las funciones que le corresponden como fiscal general del Estado, incluida la de proponer nombramientos en la cúpula fiscal.

Otras voces del Consejo Fiscal rechazan igualmente las críticas a la unidad especializada. En su opinión, no hay solapamiento de competencias con la Fiscalía Anticorrupción porque ésta ejerce funciones jurisdiccionales --investigar y acusar-- interviniendo directamente en los casos, pero la de reciente creación no las tiene, por lo que se limitará a coordinar la actuación de los fiscales especialistas en la materia para unificar criterios.

A ello suman que la Fiscalía Anticorrupción se encarga de los casos de "especial relevancia", mientras que la nueva unidad especializada se dedicará a una corrupción de menor entidad, aunque "sistémica", como la detectada en corporaciones locales o diputaciones provinciales.

Con todo, califican de "ficción" el debate planteado por la AF, descartando que Sánchez Ulled o cualquiera que hubiera sido elegido pueda influir en el caso abierto contra el fiscal general del Estado en el TS.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha sostenido en su comunicado que "la especialización en el Ministerio Fiscal es un instrumento muy eficaz en la lucha contra diversos fenómenos delictivos, lo que redunda en beneficio de los derechos de víctimas y perjudicados".

"Por ello es imprescindible continuar con la especialización de la carrera fiscal para mejorar la eficacia en la respuesta a los delitos que socavan el patrimonio público y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas, principalmente el fraude a la Hacienda Pública y la corrupción pública", ha afirmado.

OTROS NOMBRAMIENTOS

Al margen de esas dos nuevas plazas, la fiscal superior de Asturias y delegada de violencia de género en dicha comunidad autónoma, María Eugenia Prendes, ha sido propuesta como fiscal de sala de violencia contra la mujer, puesto para el que era la única candidata.

Además, para cubrir la vacante que dejó el fiscal de sala coordinador de seguridad vial Luis del Río tras su fallecimiento el pasado enero, García Ortiz ha designado a Mario Jesús Sanz Fernández-Vega, hasta ahora fiscal adscrito a esa unidad especializada y que ha tenido los cuatro votos de UPF y las vocales natas. La AF ha respaldado a Luis Carlos Rodríguez León y APIF a Francisco Javier Muñoz Cuesta.

Por otro lado, el fiscal general ha nominado para la Fiscalía del Tribunal de Cuentas a Gloria Alonso Ballesteros y para Anticorrupción a Elisa Lamelas y Diego Lucas.