Organizaciones civiles se quejan a Von der Leyen por la influencia de "lobbies" para evitar prohibir los tóxicos PFAS Infobae

Hasta 94 organizaciones de la sociedad civil han escrito una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para mostrarle su "indignación" por la influencia que están teniendo sobre el ejecutivo comunitario los grupos de presión de la industria, quienes buscan evitar la prohibición de las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), conocidas como "tóxicos eternos", justo en un momento en el que se están estudiando restricciones.

"Los poderes públicos no deben ser secuestrados por los intereses de unas cuantas multinacionales, sino defender el interés general. Pero una serie de grandes empresas tienen más recursos que la ciencia o la ciudadanía para influir en los políticos europeos. Miles de "lobbistas" de la industria circulan libremente por los pasillos de las instituciones de la UE", ha denunciado el responsable de la iniciativa Hogad sin Tóxicos, Carlos de Prada.

Estas organizaciones han señalado que los PFAS --para envases alimentarios, productos domésticos, muebles, telas repelentes, compuestos para pulir, ceras, pinturas, productos de limpieza o espumas para combatir incendios-- han provocado "la crisis de contaminación más grave de la historia de la humanidad", razón por la que han criticado que la Comisión esté "cediendo" a las tácticas de "presión y desinformación" usadas por las empresas que se benefician de su comercialización, a las que acusan de usar "tácticas similares" a las que en su día emplearon las industrias tabaqueras o las de los combustibles fósiles.

"Quien puede intoxicar el medio ambiente y nuestros organismos con sustancias perjudiciales -por ejemplo, a través del agua potable o los alimentos- puede no tener reparos tampoco a la hora de intoxicar las mentes de los políticos europeos con información engañosa para poder seguir haciéndolo. Desinformación tóxica, porque consigue centrar la atención de los políticos en proteger los intereses particulares de esas empresas y no, como debieran, en evitar una contaminación que nos afecta a todos", ha añadido De Prada.

Asimismo, han mostrado su preocupación debido a que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) se encuentra realizando un análisis científico y socioeconómico de una "ambiciosa propuesta" para prohibir la producción y uso de muchos PFAS en la UE, exceptuando algunas aplicaciones que sean de extrema necesidad para la sociedad y no tengan alternativas más seguras.

Estas sustancias ya "pueden ser detectadas de forma generalizada" en el organismo de los ciudadanos europeos y, según la Endocrine Society, se vinculan a problemas de salud como cáncer, alteración de los niveles de colesterol, de la función tiroidea, de la respuesta inmunitaria o de la función hepática y renal, además de dañar la salud reproductiva e incrementar el riesgo de defectos congénitos.

La propuesta inicial de prohibición de los PFAS comenzó en 2022 a iniciativa de cinco países de la UE y, desde aquelo momento, el Consejo de la Industria Química Europea (CEFIC), que entonces reconocía invertir casi 10 millones de euros al año en actividades de "lobby vis-à-vis" ante los funcionarios europeos, comenzó a hacer "previsiones catastrofistas" sobre lo que pasaría en caso de restringir estas sustancias, un ejemplo de presión que se ha intensificado desde "diferentes actores".

Debido a que la Comisión carece de reglas específicas establecidas para proteger la independencia del proceso de toma de decisiones en torno a este asunto, las organizaciones han propuesto establecer un "cortafuegos" que impida a estas industrias seguir influyendo en esta institución "en contra del interés general".

TÁCTICAS DE DESINFORMACIÓN

Este documento ha sido redactado después de conocerse las revelaciones del consorcio internacional de periodistas del Proyecto Forever Lobbying que, en colaboración con Corporate Europe Observatory, ha descubierto las tácticas de presión y desinformación que la industria ha ejercido sobre la Comisión con el objetivo de hacer fracasar la propuesta europea de restringir severamente la producción y uso de los PFAS.

Entre las acciones que realizan estos grupos se encuentran la presión a los políticos con información "engañosa", "falsa" o "exagerada" sobre las consecuencias negativas a nivel económico de prohibir estas sustancias, ignorando "desinteresadamente" las evidencias científicas sobre el coste sanitario que tendría el hecho de no restringirlas.

El Corporate Europe Observatory también ha destacado que los mayores productores de PFAS aumentaron su gasto en un tercio para este tipo de labores en la UE; en el caso de Chemours (empresa derivada de DuPont), el grupo más activo, habría duplicado su gasto declarado en estas acciones en el último año.

Este proyecto asegura que tan solo la limpieza de la contaminación provocada por los PFAS podría costar más de 100.000 millones de euros anuales, a los que se suman costes de entre 58.000 y 84.000 millones de euros en atención médica, y es que estas sustancias se encuentran ya en el agua de todo el planeta, incluidas las aguas superficiales, subterráneas y potables; se considera que el agua de grifo y los alimentos son las principales vías por las que llegan a los humanos.

CESIONES DE LA COMISIÓN

Las organizaciones se han mostrado "alarmadas" por los indicios de que la Comisión Europea está cediendo a estas presiones, relajando el control de la contaminación química y "favoreciendo los intereses particulares de unas pocas empresas".

La responsable de Políticas de Productos Químicos del European Environmental Bureau (EEB), Dolores Romano, ha manifestado que se ha pasado de la "promesa formal de actuar contundentemente contra la contaminación química" a mostrar "una posición menos clara".

"La conclusión es clara: el modelo legal e industrial actual protege a los contaminadores de la rendición de cuentas mientras carga a la sociedad con los costos devastadores de sus acciones", han afirmado las organizaciones, que han insistido a Von der Leyen que no permita que "se diluya" esta propuesta de restricción de los PFAS, y le han instado a "asegurar que la toma de decisiones sobre los PFAS se centra en la protección de las personas y el medio ambiente, guiada por la ciencia independiente y los hechos, y no por la desinformación de la industria química".

Para lograrlo, creen necesario restringir las reuniones con los grupos de presión que buscan exclusiones y exenciones para los PFAS, haciéndose públicas y registrándose en actas, y exigiendo "responsabilidades a los contaminadores, aplicando el principio de que quien contamina paga, haciendo que las empresas químicas paguen por la contaminación que causan".

"No se debe tolerar que la decisión sobre los PFAS se base en la desinformación interesada que generan las industrias, sino en la ciencia y en la defensa del bien común. Si no es así, no solo se envenenará aún más nuestros alimentos y nuestra agua, sino también una democracia que no debiera estar sometida a los designios de unos cuantos intereses privados sino al bien de la ciudadanía", ha expresado De Prada.

Además, ha señalado que "estas pocas grandes empresas tratan de engañar diciendo que es "bueno" para la economía no actuar debidamente contra la contaminación, cuando únicamente es bueno para sus beneficios particulares pero ruinoso para la economía y la salud de las naciones", y ha aseverado que los costes "los paga el ciudadano de a pie, con su salud y su bolsillo".

Por último, las organizaciones han resaltado que "Europa tiene la oportunidad de liderar el mundo convirtiéndose en el primer continente libre de PFAS, dando ejemplo de una economía libre de tóxicos, con más futuro y competitiva".