Una técnica ve "escueto" el análisis para la mina de Aznalcóllar pero señala igualdad en el trato Infobae
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este martes una nueva sesión del juicio por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de la explotación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis; con la comparecencia como testigo de la analista de inversiones Pilar Trujillano, quien ha considerado "escueto" el tiempo y cotejo de las propuestas económicas que concurrían al concurso, si bien ha señalado que hubo "igualdad" de tratamiento.
Durante su comparecencia como testigo, esta técnico analista que a la fecha de los hechos formaba parte de la empresa de capital de riesgo Invercaria, participada por la Junta de Andalucía, ha narrado que desde la Administración andaluza le fue ordenada su participación en dos reuniones relativas al concurso promovido por la Junta para adjudicar los nuevos derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada tras la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales pesaados cuando el recinto era explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
Al procedimiento, recordémoslo, concurrieron exclusivamente las ofertas de Minorbis, filial del grupo andaluz Magtel que pujaba con el apoyo de solvencia de Grupo México; y de Emerita Resources, perteneciente al fondo de inversión Forbes & Manhattan y que tras no ganar el concurso denunció el asunto por la vía Penal, asegurando que su propuesta era superior en lo económico; así como también por lo Contencioso Administrativo.
PARA "SOLVENTAR LAS DUDAS" ECONÓMICAS
Esta testigo ha manifestado, en ese sentido, que le fue encomendado asistir a tales sesiones, una de ellas una reunión de la mesa de contratación para la apertura de los sobres económicos de las dos propuestas, para "solventar las dudas" que pudiesen plantear en materia económica los funcionarios encargados del concurso, figurando como acusados en este juicio tanto empleados públicos miembros de la comisión técnica y la mesa de contratación del procedimiento; como el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto y los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel.
Al respecto, esta técnico analista de inversiones entonces miembro de la plantilla de Invercaria ha insistido en que su misión era responder las "dudas" que pudiesen plantear los citados funcionarios, exponiendo que tan sólo le formularon "tres o cuatro" cuestiones y de manera "muy escueta", limitándose ella a responder tales aspectos, que versaban a su juicio sobre "cosas bastante evidentes".
Y especialmente, ha manifestado que a su entender, en una reunión "de dos horas" como una de las que ha mencionado "no se podría dictaminar" sobre la solvencia económica o no de una propuesta empresarial, si bien ha reconocido que desconocía la cualificación concreta de los funcionarios, así como los requisitos del concurso; y que para un dictamen así podría influir las "magnitudes" aportadas por Grupo México al esgrimir directamente fondos propios por valor de 10.000 millones.
En ese sentido, manteniendo su visión de que "en dos horas" ella no podría realizar un dictamen de solvencia económica de la entidad, ha manifestado finalmente que tampoco podría "asegurar" como tal y a todos los efectos que la mesa de contratación "no tuviese tiempo" para analizar la documentación de las propuestas y evaluarla, señalando las defensas el acta de la reunión, según la cual la misma se habría prolongado durante unas cinco horas y media.
"IGUALDAD" EN EL TRATAMIENTO DE AMBAS OFERTAS
A preguntas de las defensas, Pilar Trujillano ha manifestado además que en su participación en tales reuniones, no escuchó ningún comentario de los funcionarios que le indujese a pensar en algún tipo de predisposición en favor de la oferta de Minorbis y Grupo México; constatando además que dichos empleados públicos siguieron la misma metodología con las dos propuestas empresariales en liza, con "igualdad" de trato.
Y es que los funcionarios de la Junta de Andalucía acusados en este juicio han negado en sus comparecencias que recibiesen indicaciones previas o directrices sobre el resultado del proceso de evaluación de las ofertas que concurrían, defendiendo que la concesión minera fue encomendada a "la mejor" oferta.
Ante la tesis de Emerita Resources España, como empresa denunciante, de que planteaba una inversión comprometida de 640 millones de euros frente a los 304 de la propuesta de Minorbis; con 375 millones de euros en concepto de "mejoras" sociales y laborales durante 25 años mientras el proyecto de Minorbis limitaba tal aspecto a "27 millones"; los funcionarios acusados en este juicio han defendido en sus comparecencias que entre los 15 criterios principales del concurso, sólo cuatro se ceñían a los aspectos económicos.
Los aspectos de ámbito ambiental, según argumentaba una de estas personas, tenían un peso "altísimo" en el baremo, dada la catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero.
Ello, mientras un investigador de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ratificaba su detección previa de "incongruencias y anomalías" en las valoraciones técnicas de las ofertas, aludiendo incluso a "una desviación grotesca del sentido" de una de las baremaciones.
LOS DOS SOBRESEIMIENTOS DEL CASO
Recordemos también que merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora de la denuncia inicial de Emerita, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito alguno.
Pero tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya; instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias, cristalizadas ahora en el citado juicio.
