El temor de los exiliados en Estados Unidos de volver a Nicaragua deportados Infobae

Varios organismos de derechos humanos han advertido sobre los peligros que enfrentan los exiliados políticos nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos huyendo de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua y que ahora se encuentran amenazados por las políticas anti inmigratorias que impulsa el presidente Donald Trump.

“La gente anda aterrorizada”, expresa el abogado Pablo Cuevas, del organismo Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH). “Todos los migrantes andan alarmados, pero las personas que tienen más terror son los perseguidos políticos, las personas que fueron presos políticos en Nicaragua”.

Al menos tres nicaragüenses han sido apresados en estos días por la dictadura de Daniel Ortega tras ser deportados de Estados Unidos según denunciaron organismos de derechos humanos, aunque no existe información oficial sobre ellos.

El régimen de Nicaragua mantiene absoluto silencio sobre los grupos de deportados que han llegado al país desde Estados Unidos. Tampoco informa sobre los procesos de investigación a los que se les somete y ni a quiénes apresa y a quiénes libera.

“Se nos hace difícil saber cuántas personas han sido detenidas porque los mismos familiares de los detenidos temen dar información o denunciar sus casos por temor a su propia integridad o por las represalias que la dictadura pueda tomar contra sus familiares”, explica Cuevas.

Nicaragua ha restringido el ingreso de nicaragüenses a su propio país. Las autoridades migratorias exigen a las compañías aéreas con anticipación el listado de pasajeros y les avisan quiénes no pueden ingresar al país. Igual hay revisiones escrupulosas en los puestos aduaneros terrestres.

Solo en enero pasado, el régimen de Nicaragua negó el ingreso a más de 200 personas, según informó la plataforma Divergentes, citando a fuentes no oficiales de la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua.

“De finales de enero a abril nosotros hemos recibido la denuncia de 10 casos de nicaragüenses a quienes no los dejaron entrar. Ocho eran personas que querían regresar voluntariamente a su país, y dos de ellos son personas residentes en Estados Unidos que viajan frecuentemente a Nicaragua e iban a hacer turismo. No entendemos por qué el rechazo dado que ni siquiera son personas vinculadas a actividades políticas”, dice Cuevas.

El abogado afirma que llevó el caso de un ex reo político nicaragüense que fue deportado a México y desde ahí entró a Nicaragua por puntos ciegos porque no tenía como sobrevivir en ese país. “Está escondido en una finca y me llama para ver qué se puede hacer con su caso. Se trata de un extrabajador del Estado que se integró a las marchas de protesta en 2018, fue apresado y torturado, y cuando salió libre por una amnistía se fue indocumentado para Estados Unidos”.

Gonzalo Carrión, del organismo nicaragüense de derechos humanos Nunca Más, coincide en que existe un temor generalizado entre los migrantes, particularmente entre quienes son “objetivo político de la dictadura”, de quienes dice, deben ser tratados de una forma diferente.

“Para las personas que son objetivo de la persecución en Nicaragua debe abogarse y reivindicar el principio de ´no devolución´. Ese es un principio que opera para las personas solicitantes de refugio y asilo”, dice. “El principio de ´no devolución´ está directamente relacionado al miedo creíble, al temor fundado de regresar al país que los expulsó por la razón de persecución. La proporción está basada en los riesgos reales de toda persona que tiene motivos racionales para no regresar a ese país”, añade.

El nicaragüense Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), alertó sobre la situación del ex reo político Marlon Castellón Ubilla, de 29 años, quien se encuentra en riesgo de ser deportado a Nicaragua después de ser detenido por una infracción de tránsito en Estados Unidos el 13 de diciembre de 2024.

Castellón fue apresado en cuatro ocasiones por el régimen de Nicaragua durante las protestas ciudadanas que iniciaron en abril de 2018, y en 2022 ingresó indocumentado a Estados Unidos.

Pertenece a una familia opositora al régimen de Ortega. “Su madre, Marta del Socorro Ubilla, y su hermano, Marvin Castellón Ubilla, son parte de los 222 nicaragüenses que fueron desterrados el 9 de febrero del 2023, luego desnacionalizados y convertidos en apátridas; su padre Marvin Antonio Castellón, también expreso político, fue liberado el mes de diciembre del 2019 y actualmente es asilado político en los Estados Unidos. Otros miembros de su familia también se encuentran en los Estados Unidos y son solicitantes de asilo político”, describe el GREX en su denuncia.

Una vez en Estados Unidos, Castellón solicitó asilo político y obtuvo su permiso laboral. Trabajaba como mecánico hasta el día de su detención. Actualmente se encuentra en el Centro de Detención de Migrantes “Adelanto Detention Facility”, en California a la espera de su audiencia preliminar prevista para el lunes 21 de abril.

“Sobra decir los riesgos que implicaría un eventual retorno de Marlon Castellón a Nicaragua por la vía de la deportación”, señala Carrión. “El punto central es que una deportación hacia Nicaragua de toda persona que es objetivo de persecución por razones políticas, representa riesgos inminentes y debería aplicarse el principio de ´no devolución´ al estado donde la persiguen”.

A raíz de la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, Nicaragua dejó de informar sobre los vuelos de deportados hacia este país centroamericano.

La plataforma Confidencial determinó en un monitoreo que los vuelos llegan a Nicaragua generalmente los jueves cada 15 días y en los primeros dos meses de la administración Trump arribaron a Nicaragua cinco vuelos operados por la aerolínea Global X (Global Crossing), una de las aerolíneas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocidas como ICE Air.

Una vez en Nicaragua, los deportados son recibidos por oficiales de Migración quienes les ofrecen un bocadillo, entrevistan, y a quienes pasan los controles los llevan a sus comunidades de origen o reciben un viático de 200 córdobas (6 dólares aproximadamente) para llegar a las viviendas de sus familiares.

“Que te recibo con un refresco, con un sándwich, eso es la propaganda bonita, de la Nicaragua linda, que promueve el régimen, pero lo que no se expone son las verificaciones que hacen. Y los riesgos son reales porque los conocemos desde antes del 2018″, señala Carrión.

Hasta hace algunos meses la propaganda oficialista exponía los recibimientos gubernamentales a través de fotos y videos en medios afines y redes sociales. Desde la llegada de Trump se dejó de informar sobre los deportados.

“El régimen no está dando cuenta de cuántos están llegando ni siquiera para la propaganda del sándwich. No rinden cuenta por qué eso está asociado a la posibilidad de la fiscalización”, indica el abogado.

“Nosotros sabemos que hay quienes han sido privados de libertad con un panorama difícil porque las familias no se deciden a denunciar por temor fundado. Quien denuncia también corre peligro en Nicaragua”, agrega.

El temor a la deportación alcanza incluso a quienes defienden a los inmigrantes en peligro de deportación. “Sí, yo tengo temor”, reconoce el abogado Pablo Cuevas, exiliado en Estados Unidos. “Y si me deportan no sé qué pasaría conmigo. Primero, porque según el gobierno de Nicaragua yo ya no soy nicaragüense, no tengo casa porque me la quitaron. Creo que no me dejarían entrar y, si me dejan, paso directo a El Chipote (la cárcel donde generalmente el régimen recluye a los presos políticos)”.

“Mi propio futuro es incierto. Y si no me dejan entrar posiblemente me manden a un tercer país, y a como están las cosas no descarto que me envíen al CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo)”, dice, en alusión a la famosa cárcel de máxima seguridad de El Salvador que ya ha recibido como “tercer país” a 288 deportados de Estados Unidos bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798.