Organizaciones de Ecuador dicen que estado de excepción "pone en riesgo derechos humanos"
Olón (Ecuador), 13 abr (EFE).- Organizaciones sociales de Ecuador afirmaron este domingo que el nuevo estado de excepción decretado el sábado por el presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, en siete provincias y dos municipios, entre ellos Quito, y en las cárceles, "pone en riesgo los derechos humanos" en el país y pidieron a la Asamblea Nacional (Parlamento) que lo revoque.
La medida tomada por Noboa un día antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que se enfrenta a la candidata correísta Luisa González durará 60 días e incluye un toque de queda y la restricción de la movilidad.
Estará vigente en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, así como en el Distrito Metropolitano de Quito, de la provincia de Pichincha, y el municipio Camilo Ponce Enríquez, de Azuay.
El decreto contempla medidas como suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia y dispone un toque de queda en 22 municipios desde las 22:00 hora local (03:00 GMT) a 05:00 (10:00 GMT), todos los días, una medida que no incluye a Quito.
Noboa dispuso, asimismo, la movilización de la Policía y Fuerzas Armadas en el país, que está bajo declaratoria de "conflicto armado interno" desde enero de 2024 cuando el mandatario declaró "la guerra" a los grupos criminales, a los que pasó a llamar "terroristas".
El presidente justificó el estado de excepción al señalar que hay una "grave conmoción interna" ante el incremento de los índices de violencia, delitos y actividades de grupos armados organizados en las mencionadas zonas y en las cárceles, donde en años anteriores se han registrado masacres que han dejado cientos de presos asesinados.
Sin embargo, la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, conformada por una decena de organizaciones, señaló en un comunicado que el decreto "evidencia que, frente a una situación estructural, el Ejecutivo utiliza nuevamente una figura extraordinaria que ha dejado víctimas de violaciones de derechos humanos", según un seguimiento realizado por la sociedad civil.
Los grupos sociales registran que 44 personas han desaparecido en el marco de detenciones militares en tres provincias desde que se decretó el primer estado de excepción en el marco del "conflicto armado interno". "Nueve de estas personas desaparecidas fueron niños y adolescentes", señalaron.
También denunciaron que la nueva declaración "incumple nuevamente con lo establecido por la Corte Constitucional sobre usar el régimen ordinario y establecer un mecanismo técnico para afrontar la situación sistemática de criminalidad que vive el país", que registra en este 2025 un promedio de un asesinato por hora.
"En un sistema democrático los militares solamente pueden ser usados en el control del orden interno de forma temporal, extraordinaria, fiscalizada, controlada, regulada y subordinada, lo que no ha ocurrido en el Ecuador en más de un año", señalaron.
"Este nuevo decreto pone en grave riesgo los derechos humanos de la población, incumple los estándares nacionales e internacionales y no contribuye a mantener una atmósfera de libertad y democracia en el Ecuador", añadieron.
Las organizaciones exigieron a la Asamblea que revoque el decreto y a la Corte Constitucional que garantice "al menos el cumplimiento de sus propios fallos y dictámenes", pues la falta de este control "mantiene a la población en zozobra, y a los derechos fundamentales -como la vida, la integridad o ahora el vivir en democracia- a merced de la voluntad de quien ejerce el poder de turno".
Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados este domingo a las urnas para decidir si reeligen a Noboa para un mandato completo (2025-2029) o, si por el contrario, devuelve al correísmo al poder tras ocho años en la oposición, lo que convertiría a Luisa González en la primera mujer de la historia de Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales. EFE
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