Lecciones de Teuchitlán: “La ropa no es una pieza sentimental, es una evidencia forense” Milenio

DOMINGA– Antonia Ávila recibió un archivo oficial, un Excel difundido por la Fiscalía del Estado de Jalisco con fotografías y descripciones de las pertenencias recuperadas en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán.
Ahí, el 5 de marzo, Guerreros Buscadores de Jalisco encontró miles de objetos dispersos, mil 841 indicios registrados hasta el 8 de abril: decenas de zapatos, ropa, vestidos de fiesta, mochilas, libretas con apodos.
En ese catálogo vio unas botas negras con casquillo parecidas a las de su hijo Oswaldo Zameza Ávila, etiquetadas como indicio “28U”.
También observó una bermuda azul marino, tipo cargo, con una mancha que podría ser cemento o pintura como la que vestía su hijo de 20 años, un detalle significativo porque él trabajaba en la construcción cuando desapareció el 24 de julio de 2020 en Morelos.
En el catálogo leyó el indicio “1AC”.
Oswaldo salió de Cuautla esa mañana a trabajar a Yecapixtla.
“La última vez que se le vio fue en Ocuituco”, dice Antonia, del colectivo Regresando a Casa Morelos.
Como ella, otras personas en el país se apresuraron a revisar videos y fotografías del mosaico de pertenencias descubiertas en Teuchitlán.
Desde Nayarit, Alejandrina identificó unos tenis Nike de su hijo Pablo.
En Jalisco, la familia de Merari Noemí identificó su maleta y su Biblia.
En Zacatecas, Margarita identificó la bolsa de su hija Perla Yajaira.
El hallazgo en Teuchitlán muestra la brutalidad de la violencia y el desastre forense en el país.
México tiene más de 127 mil personas desaparecidas, y muchas de ellas dejaron rastros de ropa y objetos que no están integrados en los catálogos públicos para que sus familias puedan reclamar que se investiguen como pruebas forenses.
El pasado 3 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dictó medidas cautelares al Estado mexicano por el caso Teuchitlán; entre ellas, solicitó garantizar la preservación adecuada de los restos humanos y de los objetos personales, con el fin de determinar si pertenecen a alguna de las personas desaparecidas vinculadas al caso.
El país carece de un registro nacional homologado de pertenencias asociadas a restos no identificados.
La ley señala la obligación de la Fiscalía General de la República (FGR) para que implemente el Banco Nacional de Datos Forenses.
Este debe contener, entre otros, los registros genéticos, odontológicos, huellas dactilares, necropsias, e información sobre vestimenta y objetos hallados en cuerpos o sitios con restos humanos.
La mayoría de los colectivos de búsqueda están integrados por mujeres, amas de casa o trabajadoras diversas que hacen una doble jornada cotidiana y enfrentan el caos forense como pueden: buscan en hospitales, calles o cárceles; aprenden a ser detectives, rascan el suelo, vuelan drones en busca de pistas; hablan con la tierra y los cuerpos que sacan de ella.
Van de una burocracia a otra, de sexenio en sexenio.
Catalogan y dibujan.
A veces con trazos de niñas, a veces con líneas más especializadas dan forma y ponen a la vista lo que la mayoría no ha podido figurar.
El hallazgo de prendas y restos óseos en Teuchitlán evidencia lo mucho que se pierde cuando no hay registro.
También lo que podría revelarse si se hiciera público, completo y sistemático.
¿Cuántas personas desaparecidas se habrían identificado con un registro de pertenencias halladas en más de 4 mil 500 fosas clandestinas, descubiertas en los últimos 15 años? La autoridad debe investigar, responder, registrar, catalogar, publicar.
No sólo como ahora lo hizo Jalisco.
En todo México.
El destino incierto de rastros hallados en Rancho IzaguirreAntonia Ávila es la única de Regresando a Casa Morelos que identificó prendas de Teuchitlán en el catálogo de la Fiscalía.
Tiene 43 años y trabaja en una empresa farmacéutica, a veces en horario nocturno.
Aunque su hijo desapareció en Morelos, sus compañeras visitaron penales en Jalisco en una brigada y obtuvieron testimonios de dos reclusos que reconocieron a Oswaldo en las fotografías mostradas.
Ellos describieron sus tatuajes en un hombro y en el dorso de una mano, no visibles en las fotos.
Los presos afirmaron que él sufrió reclutamiento forzado criminal.
Por eso Antonia ve posible que Oswaldo haya estado en el Rancho Izaguirre que sirvió de centro de reclusión, tortura, adiestramiento forzado y muerte por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los internos también “hablaron de una casa de seguridad y dieron apodos de las personas con las que se encontraba Oswaldo”, apunta.
“¿Estará vivo?”, “¿Dónde está?”, son preguntas que aún se hace su mamá.
Para ella son importantes las botas negras con casquillo que vio en el catálogo oficial y otras que notó en un video de Facebook de Guerreros Buscadores.
Las fotos de las botas y la bermuda las envió a la Comisión Estatal de Búsqueda de Morelos para que intervenga por ella ante la Comisión de Búsqueda de Jalisco.
Olvidar las prendas de las personas desaparecidas, es abandonar sus rastrosEn septiembre de 2018, en los humedales de Arbolillo, Veracruz, las autoridades exhumaron 174 cráneos de una fosa clandestina.
La Comisión Nacional de Búsqueda publicó un catálogo fotográfico.
Había camisas ensangrentadas, pantalones rasgados, chambritas de bebé.
No encontraron cuerpos de niñas o niños.
La fiscalía local no aclaró cuántas identificaciones hizo a partir de las imágenes, pero esa ropa también habló de que ahí victimaron familias.
Para Rosalía Castro –madre de Roberto Carlos Casso, desaparecido en 2011–, las prendas son apenas indicios, no siempre arrojan información reveladora porque depende del contexto, el resguardo y la cadena de custodia.
En muchas ocasiones los cuerpos de las fosas clandestinas están desnudos, detalla la cofundadora del Colectivo Solecito Veracruz.
“Hemos encontrado más de 700 tesoros, ninguno tenía ropa ¿Y dónde quedó?”.
Para muchas familias, las prendas y los objetos son la única vía posible para identificar.
Karina Cancino, una periodista especializada en investigaciones de desaparición forzada y de prendas en los procesos de identificación, valora su importancia: “La ropa no es una pieza sentimental, es una evidencia forense”, destaca.
La reportera documentó en Nayarit el caso de Rosa María Jara, una madre que acusó a las autoridades de esa entidad de quemar una camisa ensangrentada, una pulsera y otros indicios que pertenecían a su hijo Nicanor, objetos destruidos que podrían haber llevado a la imputación de policías estatales, muchos de ellos entrenados por la oficina del exfiscalÉdgar Veytia, hoy encarcelado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
“En Nayarit las quemaron porque decían que era un foco de infección, pero en una morgue todo es foco de infección, por eso tienen que seguirse protocolos para resguardarlas”.
Señala que, en Morelos, otras prendas fueron lavadas bajo la misma razón: “No pueden lavarse porque son parte de la cadena de custodia”, precisa Cancino.
El gobierno de Colombia, un país que investiga más de 101 mil casos de presunta desaparición forzada, entendió la relevancia del registro público de las prendas.
De 2009 a 2018 la revista Rastros publica en su interior fotografías de ropa de personas en calidad de desconocidas.
Ante la falta de catálogos forenses públicos en México, las mujeres crearon sus propias herramientas de reconocimiento.
En Veracruz, el colectivo Solecito anota en una libreta los tipos de fragmentos humanos recuperados y las pertenencias que los acompañan.
En Coahuila, Grupo Vida registra en hojas de Excel los indicios de búsqueda en los terrenos desérticos donde arrasaron Los Zetas.
Y en Jalisco, el colectivo Por Amor A Ellxs dibuja detalles de los cuerpos, tatuajes, vestimenta.
Las autoridades ignoraron la playera de IsraelSi hay un colectivo de búsqueda marcado por la trascendencia de las prendas forenses es Regresando a Casa Morelos.
Parte de su experiencia quedó filmada en el documental Volverte a ver, de Carolina Corral.
El estado de Morelos, además, es emblemático en el surgimiento de las agrupaciones de madres y familiares unidas por el dolor y la tenacidad.
La historia la conoce bien Edith Hernández, cofundadora de la organización.
En las oficinas del colectivo en Cuernavaca, con el retrato de su hermano Israel Hernández Torres colocado sobre un estante, nos cuenta que él vestía la playera azul con el logotipo y los números telefónicos de su negocio Materiales Hernández, al norte de la capital morelense, cuando de ahí lo secuestraron con violencia el 24 de julio de 2012.
Lo asesinaron a sus 34 años.
La Fiscalía General del Estado de Morelos trasladó su cuerpo a la morgue y abrió una carpeta de investigación sin indagar el caso.
Una llamada a los números de Materiales Hernández, impresos en la playera de Israel, habría revelado su identidad.
El teléfono nunca sonó.
En tanto, la familia vivió el drama de su ausencia.
En la denuncia mencionó la playera y dejó su fotografía.
Nada.
Su cuerpo continuó en la morgue.
La desaparición de Israel ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón.
Su estrategia de seguridad generó un vórtice de violencia organizada.
Tal desgarramiento social provocó el surgimiento del Movimiento por la Paz Justicia y Dignidad (MPJD) en Morelos, encabezado por el poeta Javier Sicilia, a partir del secuestro y asesinato de su hijo Juan Francisco y seis de sus amigos en 2011.
Edith Hernández recuerda: “En este Movimiento se visibilizan las desapariciones pero también los asesinatos y feminicidios, recorrió Morelos y se fueron formando colectivos”.
El clamor del MPJD fue extendiéndose en el territorio nacional.
Exigió que el Estado cambiara su política de seguridad militarizada y erradicara las cadenas de complicidad entre los distintos niveles de gobierno y el crimen organizado, pero no fue escuchado.
La familia Hernández buscó a Israel durante cuatro años, hasta que lo encontró inhumado en una fosa común clandestina de Tetelcingo.
Edith dice que cuando acudió a la Fiscalía –en ese entonces de Javier Pérez Duarte– para ver si su hermano estaba ahí, el fiscal no le mostró indicios de la información ni las fotografías de la playera que tenía cuando llevaron su cuerpo a la morgue.
Si desde el principio la Fiscalía hubiera contactado a la familia, se habrían ahorrado cuatro años de angustiosa incertidumbre: “Nos ocultaron la información”.
En 2016, el año que encontraron los restos de Israel, nació Regresando a Casa Morelos.
Y en 2017 el colectivo participó en la exhumación de 87 cuerpos en otra fosa común, ahora en Jojutla.
Las mujeres tomaron notas de las características de los cuerpos en calidad de desconocidos y, ante la imposibilidad de tomar fotos, dibujaron con bolígrafo o lápiz, con trazos un tanto infantiles: una camiseta talla grande con la cara del muñeco Elmo, una blusa de mujer con botones en la manga derecha, un paliacate con la anotación de que es de color naranja.
De igual forma lo hicieron en 2021, cuando por la saturación de dos cementerios de Morelos exhumaron 360 cuerpos sin identificar para hacerles la prueba de ADN y trasladarlos a un cementerio de Cuautla.
Esta vez no tuvieron oportunidad de dibujar las prendas: “La Fiscalía sacó los cuerpos uno tras otro con velocidad para que nosotras no pudiéramos tomar ningún dato ni escribir”.
Sin respuestas y sin registros: las familias aún esperan justiciaLas mujeres de Regresando a Casa Morelos participaron en la vigilia de luto nacional realizada en las escalinatas de la Plaza de Armas de Cuernavaca, la tarde del 15 de marzo de 2025.
Colocaron veladoras y ropa de personas desaparecidas en distintas épocas, en demanda de su localización.
Se unieron a las protestas de otros colectivos del país para exigir la identificación de los restos óseos y de las casi dos mil pertenencias encontradas por Guerreros Buscadores de Jalisco, liderados por Indira Navarro Lugo, en Teuchitlán.
En la vigilia Gabriela Villa, integrante de Regresando a Casa Morelos, madre de Juan Manuel López Villa, desaparecido a los 30 años en Oaxtepec en 2011, nos compartió la última imagen que de él guarda: “Llevaba una playera blanca de manga larga con una franja azul marina que cruzaba las mangas, cuello V, un pantalón de mezclilla y sus botas de casquillo”.
Otras botas con casquillo, como las del hijo de Antonia Ávila.
Cuando en la vigilia Gabriela evoca Teuchitlán, se quebranta: “me ha movido muchos sentimientos, desde que supe del crematorio no he podido vivir en paz”, soltó un llanto añejo, profundo.
“Yo no puedo saber si mi hijo está ahí, lo que él sufrió, todos estos días son de llorar”.
Gabriela no tiene indicios de que Juan Manuel haya ido a Jalisco, pero observa que las personas desaparecidas “no precisamente aparecen donde desaparecieron”.
En la exhumación de la fosa de Tetelcingo, dice, encontraron víctimas de Chiapas, Puebla, Estado de México.
La tarde de la vigilia, ella lloró en la misma Plaza de Armas en la que en 2011 –el año en que su hijo desapareció– surgió el MPJD.
El movimiento legendario que estremeció al país sucumbió ante la indolencia, la impunidad y el dolor acumulado, al tiempo que los colectivos buscadores se multiplicaron.
Hoy se cuentan más de 300, estima José Ugalde, integrante del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos.
Esta expansión de colectivos corresponde al incremento de personas desaparecidas en 18 años.
Es aquí, en Morelos, donde Andrés Manuel López Obrador edificó el Centro Nacional de Identificación Humana.
Lo inauguró el 9 de agosto de 2022 con la promesa de ser el mejor laboratorio de genética y aliviar el rezago de al menos 72 mil cuerpos sin identificar acumulados desde 2006, según A dónde van los desaparecidos.
Aunque funcionó durante 18 meses hasta febrero de 2024.
También creó el Laboratorio de Identificación Humana, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica de la Secretaría de Salud, en febrero de 2023.
Tendría tecnología única y personal capacitado para trabajar con restos humanos que han sufrido procesos de degradación; sería como el Innsbruck mexicano, ese laboratorio de genética en Austria que colaboró con la identificación de huesos calcinados de estudiantes de Ayotzinapa.
Actualmente, el Instituto sólo procesa la identificación de los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos, Coahuila, e interviene a solicitud de la FGR.
El planteamiento central de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el caos forense es lograr una reforma enfocada en contabilizar el número de casos y crear una nueva Base Nacional de Carpetas de Investigación.
Aunque sólo registrará los reportes denunciados ante un Ministerio Público y dejará fuera los casos que no se denuncian por miedo, riesgo o represalias, analiza el Centro Prodh.
Algo positivo, de fortalecer el sistema de identificación, será tener una Plataforma Única de Identidad.
En una carta que Guerreros Buscadores enviaron a Sheinbaum, el 28 de marzo, le imploran:“Escúchenos de mamá a mamá.
Queremos contarle todo.
Con el corazón roto, con lágrimas que ya no sabemos contener, estuvimos allí, en el rancho, buscando a nuestros seres queridos [.
.
.
].
Tenemos testigos dispuestos a declarar.
Sabemos que la FGR puede encontrar pruebas científicas que confirmen lo que vimos.
[.
.
.
].
Hay miedo.
Hay amenazas.
A veces parece que buscarlos es delito, cuando el delito es desaparecerlos”.
Luego de esta petición, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, inició una serie de mesas de diálogo con los colectivos de familiares de desaparecidos, con la intención de integrar sus demandas a una iniciativa de ley del gobierno federal.
Y la FGR atrajo el caso de Teuchitlán el 24 de marzo.
La Fiscalía del Estado de Jalisco le entregó los restos óseos recuperados en el lugar, pero mantuvo la cadena de custodia de los objetos personales hasta el 8 de abril.
Antonia Ávila está a la espera.
Desconoce si tendrá acceso a las pertenencias que, sospecha, son de su hijo Oswaldo.
Las botas maltrechas que la sacudieron permanecen varadas entre mochilas, vestidos y libretas con apodos.
GSC/ATJ