Tras designación de cárteles como terroristas, Sheinbaum anuncia reformas para aplicar penas graves contra traficantes de armas y evitar “injerencia exterior” MPV
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México anunció el jueves que reformará la Constitución para blindarla de injerencias del exterior —incluidas intervenciones en investigación y persecución de delincuentes— y para imponer a los extranjeros ligados al tráfico de armas las mayores penas posibles.
Según explicó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, estos cambios son en respuesta a la designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de la administración de Donald Trump, que podría facilitar acciones militares contra estos grupos o quienes los apoyan.
“Lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía… esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía”, insistió Sheinbaum, que también subrayó que toda acción en la lucha contra el crimen organizado tendrá que estar basada en la coordinación y la cooperación entre los dos países vecinos.
En uno de los párrafos propuestos se especifica que no se consentirá “intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables”. Tampoco se permitirán intromisiones “por tierra, agua, mar o espacio aéreo ”.
Las leyes sobre la actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano que fueron aprobadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ya limitaban su actividad y exigían que México fuera informado de todos sus movimientos, algo que sembraba preocupación entre funcionarios estadounidenses por el alto nivel de infiltración de los delincuentes en distintos niveles de las estructuras de poder del país.
Con este cambio, que podrá salir adelante con facilidad dada la mayoría oficialista que hay en las dos cámaras del Congreso mexicano, estas limitaciones quedarán blindadas en la Constitución.
Además, se propone que “cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado, internación al territorio nacional de manera ilícita de armas y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley… se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva”, un texto tácitamente dirigido a ciudadanos estadounidenses ya que más del 70% de las armas que utilizan los cárteles mexicanos llegan desde ese país.
La mandataria agregó que, además, se ampliará la demanda que interpuso México ante cortes estadounidenses contra fabricantes y distribuidores de armas estadounidense para acusarlos de “complicidad” con los grupos del crimen organizado mexicano, que son grandes receptores de sus productos.
Las reformas propuestas llegan en medio de una negociación a varias bandas —comercio, seguridad, migración— entre el gobierno mexicano y el estadounidense para evitar la imposición de aranceles a todas las exportaciones decretada por Trump el 1 de febrero y que actualmente se encuentra en pausa.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tiene prevista este jueves su primera reunión oficial en Washington para tratar ese tema.
De forma paralela, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el jefe del Ejército, el general Ricardo Trevilla, mantuvieron conversaciones con sus homólogos que, según la presidenta, fueron muy respetuosas y cordiales y tuvieron como objetivo mejorar la coordinación bilateral en la lucha contra el crimen.
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