124 MDP FEDERALES SIN JUSTIFICAR Sol Yucatán

• La ASF detectó más de 124 millones de pesos sin justificar en el manejo de recursos federales sólo en 2022 del gobierno de Mauricio Vila. La SSP no pudo comprobar el uso de 59.7 millones de pesos en contratos de servicios, mientras que el Instituto de Movilidad pagó más de 5.6 millones por estudios inexistentes.

• También detectó que 16 ejecutores del gasto, incluyendo instituciones clave como los Servicios de Salud de Yucatán, el Tribunal Superior de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos del Estado, no proporcionaron registros contables específicos sobre el uso de los recursos federales.

Redacción/Sol Yucatán

En un informe contundente,  la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el Gobierno del Estado de Yucatán, durante la administración del Mauricio Vila Dosal, incurrió en graves irregularidades en el manejo de los recursos federales transferidos en 2022. Los hallazgos, que ascienden a más de 124 millones de pesos en observaciones y montos pendientes de aclaración, pintan un panorama preocupante de opacidad, falta de transparencia y posible malversación de fondos públicos.

El informe, que audita el ejercicio de 14 mil 725 millones 836 mil 900 pesos, transferidos al estado por concepto de Participaciones Federales a Entidades Federativas (PFEF), destaca que el 75.7% de estos recursos (equivalente a 11mil 141 millones 367 mil 800 pesos) fue revisado, y los resultados son alarmantes. La ASF no solo encontró inconsistencias en el registro y destino de los fondos, sino también evidencias de un posible desvío de recursos, adjudicaciones irregulares y obras públicas sin documentación que justifique su ejecución.

Uno de los hallazgos más graves es la falta de documentación que acredite el uso correcto de 124,242,101.01 pesos. Este monto, que permanece pendiente de aclaración, incluye pagos por servicios no comprobados, obras públicas sin evidencia de entrega y contrataciones que no cumplieron con la normativa.

Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, la ASF detectó que no se presentó evidencia documental suficiente para justificar 59 millones 740 mil 752 pesos en contratos de servicios. Esto incluye un contrato específico (GEY-SSP-044/2019) por el cual no se acreditaron los servicios prestados. Además, en el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, se pagaron 5 millones 612 mil 323 pesos por un estudio sobre indicadores educativos y un sistema de transporte público, sin que exista documentación que respalde la entrega de estos servicios.

Estos casos no son aislados. La ASF también identificó que 16 ejecutores del gasto, incluyendo instituciones clave como los Servicios de Salud de Yucatán, el Tribunal Superior de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos del Estado, no proporcionaron registros contables específicos sobre el uso de los recursos federales. Esto deja en entredicho la transparencia y rendición de cuentas de estas dependencias.

Otro foco rojo es el uso excesivo de adjudicaciones directas en lugar de licitaciones públicas, lo que limita la competencia y abre la puerta a favoritismos y posibles actos de corrupción. Según el informe, en el Congreso del Estado de Yucatán, el 61% de los contratos fueron adjudicados directamente, mientras que en el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el 100% de las contrataciones se realizaron bajo esta modalidad.

En el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, solo el 2.1% de los contratos se adjudicaron mediante licitación pública, y en la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, el 75% de las contrataciones fueron directas. Estas prácticas no solo violan la normativa federal, sino que también privan al estado de obtener las mejores condiciones en precio, calidad y oportunidad en los servicios contratados.

Además, la ASF detectó que en al menos dos casos, empresas participantes en licitaciones estaban vinculadas por un mismo socio o representante legal, lo que podría indicar conflictos de interés y manipulación en los procesos de adjudicación. Por ejemplo, en un contrato de la Secretaría de Seguridad Pública (GEY-SSP-248/2022), una empresa participante estaba vinculada a la ganadora, pero no fue descalificada por este motivo.

Obras fantasma

El informe también revela graves irregularidades en el manejo de los recursos destinados a obra pública. En varios casos, no se presentó evidencia documental que acreditara la propiedad de los terrenos donde se ejecutaron los trabajos o los entregables correspondientes. Por ejemplo:

En el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa, no se acreditó la propiedad de los terrenos en obras por 10 millones 135 mil 900 pesos.

En el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública, no se presentaron planos ni proyectos en obras por 6 millones 117 mil 100 pesos.

Además, en el Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú, se detectó que dos empresas participantes en una licitación estaban vinculadas por un mismo socio, lo que podría indicar un intento de manipulación del proceso.

La ASF no solo señaló las irregularidades, sino que también promovió 9 acciones de responsabilidad administrativa contra servidores públicos involucrados en el mal manejo de los recursos. Estas acciones incluyen investigaciones para determinar posibles sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de transparencia, contrataciones y rendición de cuentas.

Además, se emitieron 3 pliegos de observaciones por un monto total de 64,501.3 miles de pesos, que representan un probable daño a la Hacienda Pública. Estos pliegos incluyen casos como el del Congreso del Estado de Yucatán, donde no se acreditaron servicios por 5 millones 612 mil 323 pesos, y el de la Secretaría de Seguridad Pública, con irregularidades por 43 millones 384 mil 369 pesos.

Los hallazgos de la ASF pintan un panorama desolador sobre el manejo de los recursos federales en Yucatán. Las irregularidades detectadas no solo representan un posible desvío de fondos públicos, sino también una grave falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno estatal.

Mientras el gobierno de Mauricio Vila Dosal presumía obras y avances, la ASF revela que, detrás de las cifras, hay un manejo opaco de los recursos que deberían beneficiar a los yucatecos. La pregunta que queda en el aire es: ¿dónde están los más de 124 millones de pesos que no han sido justificados?

Este informe es un llamado urgente a las autoridades estatales para que aclaren estas irregularidades y garanticen que los recursos federales se ejerzan con transparencia y en beneficio de la ciudadanía. Mientras tanto, los yucatecos tienen derecho a saber cómo se están utilizando sus impuestos y a exigir que cada peso rinda cuentas.

Todos los datos y montos mencionados en este reportaje están respaldados por el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con número de auditoría 2023-A-31000-19-2023-2023, disponible para su consulta pública.

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