Queda fuera voto en prisión de elección a PJ por presupuesto Diario.mx
Cd. de México.- El INE confirmó que por la falta de presupuesto, los mexicanos que se encuentran en prisión preventiva, esperando una sentencia, no podrán participar en la primera elección de jueces, magistrados y ministros.
"Lamentablemente, en el INE no existen las condiciones financieras, operativas y técnicas, para llevar a cabo el ejercicio del voto de las personas en prisión preventiva", acusó la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, durante la sesión en la que se determinó la inviabilidad de que las personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho al voto en la elección judicial del 1 de junio.
"Me parece lamentable que se haya dado un enfoque de regresión para la garantía de los derechos. No debe de haber justificación alguna por la que se diga 'sí hay un derecho reconocido, pero no se puede implementar'", agregó.
En la primera sesión extraordinaria de hoy, los consejeros recordaron que la primera elección de donde estarán en disputa 881 cargos, más que los 629 que se compitieron en 2024, habían solicitado 13 mil millones de pesos, pero que la Cámara de Diputados asignó menos de la mitad, 6 mil 219 millones.
Según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hasta 2024 había 86 mil 984 mexicanos en prisión preventiva, el 37 por ciento, o 4 de cada 10 personas privadas de la libertad.
Los consejeros afirmaron que el voto de personas en prisión, además, requiere mucho tiempo para su planificación, convenios de colaboración, una lista preliminar de la población y revisar su situación registral.
Acusaron también que es contradictorio que no puedan votar en la elección federal judicial, cuando sí lo podrán hacer en la local de Durango y Veracruz.
"Me parece que sí tenemos como Estado mexicano, una regresión en los criterios para la garantía de derechos y el INE ahora está imposibilitado porque no le fue asignado presupuesto para llevar a cabo estas modalidades de voto, lamentable, en una democracia constitucional.
"Naturalmente son las personas en prisión preventiva las primeras interesadas en participar en esta elección judicial, precisamente por la situación jurídica que tienen frente a la ley. Este Instituto debió prever de mejor manera el resguardo de los derechos político y electorales de esta población, precisamente porque somos el único órgano constitucional autónomo garante de esos derechos humanos", dijo la consejera Carla Humphrey.
En la sesión ordinaria también avalaron un ajuste en el diseño del marco geográfico para la elección judicial en el Estado de México, Jalisco, Morelos y Tamaulipas, debido a que el número de electores por distrito variaba más del 20 por ciento del promedio.
Aunque la mayoría de los consejeros recordaron que el marco referencial original tomó en cuenta los 300 distritos electorales en que ya está dividido el País y las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, en espera de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) les enviar a su propia distribución de jueces, pero esto no sucedió.
El debate entre los consejeros se centró en que si, a falta del documento del CJF, había o no un sustento legal para cambiar el marco geográfico electoral, o no.
"Si hoy se cambia la delimitación territorial sin un sustento legal válido se genera un efecto dominó que abre la puerta a futuras variaciones antojadizas, perjudicando la confianza ciudadana y la estabilidad legal", dijo la presidenta del INE, pero la mayoría de los consejeros recordó que siempre se indicó que el anterior diseño era provisional y que no se trataba de una modificación sino de una adecuación.
"Esta modificación se debe, y hay que decirlo con todas sus letras, a que el acuerdo original presenta errores graves en la distribución equitativa de cargos a elegir entre la población de electores", dijo el consejero, Uuc-kib Espadas.
"En tal sentido, me parece que, aun teniendo dudas sobre la viabilidad legal, lo digo también con toda franqueza, de esta modificación, me parece que debemos intentarlo porque esta modificación protege lo que realmente debe proteger la autoridad electoral y las instancias de justicia electoral, que son los derechos de las personas que eligen antes que los derechos de las personas electas o de la facilidad para las autoridades de ejercicio de algunas de sus obligaciones", agregó.
