Tabasco en llamas: una crisis de seguridad que el gobierno federal ignora SDP Noticias
En las últimas 24 horas, Tabasco ha sido azotado por una violencia que ha dejado al menos 23 muertes violentas, un número que no solo es escalofriante sino que también plantea una severa crítica al gobierno federal y su incapacidad para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La promesa de la “Cuarta Transformación” de Andrés Manuel López Obrador, continuada por la administración de Claudia Sheinbaum, de un México más seguro y justo, se ha desvanecido en el estado natal del expresidente, donde la realidad es de terror y descontrol.
Estos ataques, que incluyen ejecuciones en plena luz del día y el descubrimiento de cuerpos desmembrados, son una clara señal de la lucha entre cárteles y una evidencia palpable de que el Estado de derecho está en crisis. La reciente presencia del Ejército desplegado para reforzar la seguridad en la región no ha sido suficiente para frenar esta ola de violencia. Esta medida, aunque necesaria, llega tarde y es una muestra de la ineficacia de las políticas de seguridad implementadas hasta ahora.
La crítica al gobierno federal no puede ser más contundente. La militarización no es una solución, sino un reconocimiento de la incapacidad para manejar la seguridad pública de manera efectiva. Las políticas de Sheinbaum, que siguen el mismo camino que las de su predecesor, han mostrado su limitación. ¿Dónde están las estrategias de prevención, las reformas policiales y las políticas sociales que deberían haber evitado llegar a este punto? La respuesta a la violencia no puede ser solo más presencia militar; se requiere de un enfoque multidimensional que ataque la corrupción, la falta de oportunidades y las desigualdades que alimentan la criminalidad.
En Tabasco, la seguridad ha retrocedido a niveles que evocan los días más oscuros de la guerra contra el narcotráfico. Las 23 muertes violentas registradas en este corto período son un recordatorio brutal de la realidad que viven los tabasqueños, lejos de las promesas de un México sin violencia. La presencia militar, aunque necesaria en este momento, no debe ser vista como una victoria, sino como una evidencia del fracaso de las estrategias de seguridad gubernamentales.
Además, esta violencia no solo afecta la seguridad pública sino que tiene un impacto devastador en la economía y el tejido social del estado. La inseguridad ahuyenta inversiones, frena el turismo y destruye la vida comunitaria. El gobierno federal debe entender que la paz no se impone solo con fuerza; se necesita justicia, educación, oportunidades de empleo y una reforma integral del sistema de seguridad que fortalezca a las fuerzas policiales locales, erradique la corrupción y proteja a los ciudadanos.
La crisis de inseguridad en Tabasco es una traición a la promesa de un México más seguro. Es un grito de alarma para el gobierno federal, indicando que sus políticas de seguridad necesitan una revisión urgente y profunda. El pueblo de Tabasco, y de todo México, merece más que reacciones tardías a la violencia; necesita un gobierno que actúe proactivamente, que prevenga antes de curar, y que entienda que la seguridad de una nación no se construye sobre las ruinas de su sociedad, sino sobre un compromiso real con la justicia y el bienestar de todos sus habitantes.
