Obreros y empresarios piden reglas claras en reforma al Infonavit Expansión

Obreros y trabajadores están de acuerdo en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) supervisen todo el proceso operativo de la empresa vial constructora del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit) . Si se hicieran las 500,000 viviendas con un precio de 700,000 pesos cada una, “estamos hablando de alrededor de 350,000 millones de pesos en los seis años. Hay mucha duda de cómo se va a afectar el ahorro de los trabajadores para vivienda y que no les perjudique en su retiro”, complementó Eduardo Ramírez Leal, secretario general de Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

Infonavit cuenta con un total de 2.4 billones de pesos en activos y 800,000 millones líquidos. “Queremos las reglas claras para saber cómo se van a invertir, dónde y en qué condiciones se van a invertir”, comentó Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “Reconocemos que, en la discusión de la reforma a la Ley del Infonavit, se han realizado cambios respecto a la propuesta inicial, como la incorporación del principio de toma de decisiones de manera tripartita paritaria. Sin embargo, esas modificaciones no atendieron todas nuestras propuestas, las cuales tienen como objeto el fortalecimiento del Instituto”, se dice un comunicado conjunto. Entre los puntos de los que piden revisión está: Obreros y empleadores piden continuar con una presidencia rotativa por los integrantes designados por los representantes de trabajadores, patrones y gobierno. En caso que no se acepte la presidencia rotativa, el encargo puede recaer en otro representante del Gobierno, que no sea el director general, para evitar un conflicto de interés. Designar al director general como presidente de los órganos colegiados del Instituto, especialmente en la Asamblea y el Consejo, vulnera el principio de tripartismo y paridad al favorecer a uno de los sectores. Proponen que tenga una participación activa, participativa y deliberativa y apruebe todos los planes, programas y presupuestos, atendiendo a su naturaleza de ser la autoridad máxima del instituto. La reforma, refiere el comunicado, limita la función de la Asamblea General al simple conocimiento de los planes, programas y presupuestos del Instituto, en lugar de facultarla para examinarlos y aprobarlos. La propuesta es que el patrimonio de la empresa filial forme parte del Instituto y que opere bajo sus mismos controles y supervisión, pues se trata de recursos de los derechohabientes. Es fundamental definir con claridad el régimen fiscal y legal del Infonavit, así como su participación accionaria.

Resulta fundamental definir con claridad el régimen fiscal y legal del Infonavit, así como su participación accionaria. Los estatutos sociales deben ser aprobados tanto por el Consejo de Administración como por la Asamblea General. Asimismo, los integrantes del Consejo de Administración deben ser ratificados por la Asamblea General y conformados de manera tripartita y paritaria. Estas modificaciones contribuirán a fortalecer la transparencia en la operación de la empresa constructora filial. La empresa filial, advierten los sectores, operará sin estar sujeta a la supervisión del Infonavit, a pesar de manejar recursos de los trabajadores derechohabientes para la construcción de viviendas. También tendrá la facultad de contratar a otras personas morales con el mismo objeto social, lo que contradice la reforma en materia de subcontratación laboral. Las direcciones sectoriales son esenciales para el trabajo de las representaciones de trabajadores y empleadores, por ello proponen revisar los presupuestos y planes de dichas direcciones y en todo caso modificarlas a coordinaciones sectoriales que den apoyo técnico y operativo a los representantes de los sectores para su participación en las sesiones de los Órganos Colegiados. Las direcciones sectoriales son la columna vertebral del sector obrero y empresarial, ya que su función principal es enlazar, coordinar y analizar el funcionamiento del Instituto en representación de cada sector. Desde una perspectiva de técnica jurídica, el marco normativo debe establecer con claridad la existencia de estas coordinaciones, su objeto y carácter, así como el instrumento que determinará sus atribuciones, facultades y responsabilidades. Al igual que en el IMSS, estas direcciones deben estar adscritas al Consejo de Administración y rendirle cuentas directamente. La propuesta es que, de acuerdo al tripartismo paritario, la designación del Director General se lleve a cabo en la Asamblea. La reforma elimina el requisito de que la Asamblea General apruebe el nombramiento del Director General, permitiendo su designación directa por el Ejecutivo. Esta modificación debilita el tripartismo al excluir el análisis del perfil del candidato y la participación de los sectores involucrados en el proceso. Otro tema que queremos resaltar es que, en la reforma aprobada prohibe la actualización del saldo, el pago por concepto de amortización o los accesorios de los créditos otorgados a las personas trabajadoras. De no corregirse, el Instituto no podrá cobrar los créditos otorgados, señala el documento. Es preciso modificar a la Contraloría General por Órgano Interno de Control y en consecuencia, designado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Paralelamente, de acuerdo con el Sistema Nacional Anticorrupción, integrar el ámbito de responsabilidades graves y su régimen especial. Los representantes de los obreros y el sector patronal aseguraron que siguen cerrando filas con el gobierno federal por la imposición de aranceles que pretende el presidente Donald Trump. Sin embargo, subrayaron, seguirán mostrando su inconformidad en los temas locales en los que no haya un acuerdo entre las partes.