Orden de restringir la ciudadanía por nacimiento es "inconstitucional", afirma juez Diario.mx
Un juez federal bloqueó temporalmente el jueves la orden ejecutiva del presidente Trump para poner fin a la ciudadanía automática para los bebés nacidos en suelo estadounidense, lo que le asestó al presidente su primer revés en sus intentos de cambiar las leyes de inmigración del país y revertir décadas de precedentes.
En una audiencia celebrada tres días después de que Trump emitiera su orden ejecutiva, un juez del Tribunal de Distrito Federal, John C. Coughenour, se puso del lado, al menos por el momento, de cuatro estados que presentaron la demanda. “Esta es una orden flagrantemente inconstitucional”, dijo.
“Francamente”, continuó, desafiando a los abogados de la administración Trump, “me cuesta entender cómo un miembro del Colegio de Abogados podría afirmar de manera inequívoca que se trata de una orden constitucional. Es algo que me deja perplejo”.
La orden de Trump , emitida en las primeras horas de su presidencia, declaró que los niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados ya no serían tratados como ciudadanos. La orden también se extendió a los bebés de madres que estaban en el país legalmente pero temporalmente , como turistas, estudiantes universitarios o trabajadores temporales.
En respuesta, 22 estados , junto con grupos activistas y mujeres embarazadas, presentaron seis demandas para detener la llamada orden, argumentando que viola la Enmienda 14. Los precedentes legales han interpretado durante mucho tiempo que la enmienda —que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción de este, son ciudadanos de los Estados Unidos”— se aplica a todos los bebés nacidos en los Estados Unidos, con pocas excepciones.
En el caso que se lleva a cabo ante el juez Coughenour del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, quien fue nominado para el cargo por el presidente Ronald Reagan, los fiscales generales de los estados de Washington, Illinois, Oregón y Arizona argumentaron que la orden de Trump negaría derechos y beneficios a más de 150.000 niños que nacen cada año y dejaría a algunos de ellos apátridas. Los estados también perderían fondos federales para varios programas de asistencia.
En sus escritos, los estados citan el testimonio del entonces fiscal general adjunto Walter Dellinger. En 1995, Dellinger dijo al Congreso que una ley que limitara la ciudadanía por nacimiento sería “inconstitucional a primera vista” y que incluso una enmienda constitucional “contradeciría rotundamente la historia constitucional y las tradiciones constitucionales de la nación”.
Los abogados del gobierno federal argumentaron en la audiencia que deberían tener la oportunidad de brindar una información más completa al tribunal porque la orden ejecutiva no entraría en vigor hasta el mes próximo. Los estados respondieron que la orden del gobierno les creaba una carga inmediata, al exigirles que modificaran los sistemas que determinan la elegibilidad para los programas respaldados por el gobierno federal, y que los nacimientos de nuevos bebés los ensombrecerían.
El juez Coughenour coincidió rotundamente con los estados: “He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas”, dijo. “No recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada fuera tan clara como en este. Se trata de una orden flagrantemente inconstitucional. ¿Dónde estaban los abogados cuando se tomó esta decisión?”
En Massachusetts se está considerando una demanda federal separada presentada por otros 18 estados y dos ciudades.
