Eliminación de ciudadanía por nacimiento afectaría a residentes legales Diario.mx
La orden ejecutiva del presidente Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento declara que debe denegarse la ciudadanía automática a los bebés nacidos de muchos residentes temporales en Estados Unidos —no solo a los que se encuentran ilegalmente en el país—, lo que supone un drástico rechazo de derechos que forman parte de la Constitución desde hace más de 150 años.
Si los tribunales no bloquean la orden, los bebés nacidos de mujeres que viven legal, pero temporalmente, en Estados Unidos —como las personas que estudian con un visado de estudiante o las trabajadoras contratadas por empresas de alta tecnología— no serán reconocidos automáticamente por el gobierno federal como ciudadanos estadounidenses si el padre tampoco es residente permanente.
El lunes por la mañana, algunos ayudantes de Trump habían dicho a los periodistas que la orden se aplicaría a “los hijos de extranjeros ilegales nacidos en Estados Unidos”. De hecho, el lenguaje de la orden firmada por Trump, titulada “Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, va mucho más allá.
“Es un ataque escandaloso contra quienes están aquí legalmente, han respetado las normas y están beneficiando al país”, dijo David Leopold, presidente del departamento de inmigración del bufete de abogados UB Greensfelder. “Hablamos de personas que están haciendo investigación de punta en Estados Unidos, investigadores, personas que están aquí para ayudarnos”.
La orden formó parte de un torrente de medidas que Trump autorizó el lunes para poner en marcha su visión de un país con mucha menos inmigración. A pesar de las afirmaciones que repitió el lunes de que “me parece bien la inmigración legal; me gusta”, las nuevas órdenes del presidente también recortarían gravemente las opciones de quienes buscan entrar legalmente en Estados Unidos.
Muchos de los asesores más cercanos al presidente, incluido Stephen Miller, su jefe de gabinete adjunto y artífice de su política de inmigración, han instado a adoptar una línea dura respecto a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Durante el primer mandato de Trump, Miller y otros colaboradores presionaron para asegurarse de que los inmigrantes ya no pudieran establecer lo que ellos llaman un “ancla” en Estados Unidos al tener un bebé que se convierte automáticamente en ciudadano estadounidense.
Además de centrarse en la ciudadanía por derecho de nacimiento, Trump prohibió el lunes el asilo a los inmigrantes que intentan cruzar la frontera sur, impuso una suspensión indefinida del sistema legal de refugiados, puso fin a varias vías legales para inmigrantes establecidas por el gobierno de Biden y declaró la existencia de una “invasión” de inmigrantes con el fin de otorgar al gobierno federal amplios poderes para impedir la entrada de todo tipo de personas.
Cómo podría funcionar
La orden ejecutiva relativa a la ciudadanía por derecho de nacimiento dice que se denegará ese derecho a los bebés nacidos de padres que no sean ciudadanos o residentes permanentes con tarjeta verde, incluidas las mujeres que estén “de visita con un visado de estudiante, trabajo o turista” si el padre no es ciudadano o residente permanente legal. En ese caso, dice la orden, “ningún departamento o agencia del gobierno de Estados Unidos expedirá documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense”.
Existen serias dudas sobre cómo el gobierno de Trump impondría un cambio tan drástico en la política.
Actualmente, la ciudadanía de los bebés nacidos en Estados Unidos se documenta en un proceso de dos pasos.
En primer lugar, el gobierno estatal o territorial expide un certificado de nacimiento que confirma dónde y cuándo tuvo lugar el nacimiento. El certificado de nacimiento no incluye ninguna información sobre el estatus migratorio de los padres del bebé.
En segundo lugar, cuando ese bebé (o los padres, en nombre del niño) solicite un pasaporte, el certificado de nacimiento que demuestra que el bebé nació en suelo estadounidense es suficiente para demostrar la ciudadanía. No se requiere ninguna otra documentación.
La orden ejecutiva de Trump indica que, en 30 días, todas las agencias federales estarán obligadas a confirmar el estatus migratorio de los padres antes de expedir documentos como el pasaporte.
Sin embargo, no está claro cómo se llevaría esto a la práctica.
Una opción sería que las agencias estatales comprobaran el estatus migratorio de los padres e incluyeran esa información en los certificados de nacimiento. Entonces, cuando se soliciten los pasaportes, el gobierno federal podría determinar qué bebés reúnen los requisitos para la ciudadanía automática.
Sin embargo, los estados podrían tardar años en implantar un sistema que comprobara el estatus migratorio de todos los padres, suponiendo que estuvieran dispuestos a hacerlo. El gobierno federal podría establecer directrices sobre la información necesaria, pero lo más probable es que sean los estados los que decidan cómo y si deben recabar esos datos de los padres cuando expidan un certificado de nacimiento.
Si los estados no modifican el proceso de expedición del certificado de nacimiento, el gobierno federal podría tratar de hacer cumplir la orden de Trump exigiendo a las personas que soliciten pasaportes presentar tanto un certificado de nacimiento como una prueba de la condición de ciudadanía de sus padres cuando nacieron.
Esto podría resultar extremadamente engorroso, dijeron los expertos jurídicos, sobre todo para las personas con una dinámica familiar complicada o a las que les falten documentos legales.
Varios funcionarios de la Casa Blanca no respondieron a las preguntas que pedían aclaraciones sobre cómo podría llevarse a cabo la orden.
Desafíos jurídicos
Juristas y defensores de los inmigrantes dijeron el martes que estaban asombrados por la amplitud de la orden.
Los defensores esperan que los jueces intervengan y la suspendan antes de que entre en vigor el 20 de febrero. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) presentó el lunes por la noche una demanda para impugnar la orden ante un tribunal federal de New Hampshire, apenas unas horas después de que el presidente la firmara.
Y el martes, los fiscales generales de 22 estados y dos ciudades demandaron a Trump para bloquear la orden ejecutiva. Las sentencias de cualquiera de los jueces podrían suspender temporalmente la orden; esto daría lugar a lo que podría ser una batalla legal de meses de duración que podría acabar ante la Corte Suprema.
“Está muy claro que pretenden redoblar su agenda nativista antiinmigrante, y que negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos tiene que ser una parte esencial de su plan”, dijo Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU. “Si revocáramos la ciudadanía por derecho de nacimiento, eso crearía un vehículo legal para el estigma y la discriminación intergeneracional que desharía el núcleo mismo de este gran experimento estadounidense”.
La ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos se instauró tras la Guerra Civil para permitir que las personas negras fueran ciudadanas. La Decimocuarta Enmienda dice que “toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción será ciudadana de los Estados Unidos y del estado en el que resida”. Antes de que se ratificara la enmienda en 1868, ni siquiera los hombres y mujeres negros libres podían convertirse en ciudadanos.
Trump argumenta que su gobierno está en su derecho de interpretar lo que quisieron decir los redactores de la enmienda.
“Nunca se ha interpretado que la Decimocuarta Enmienda extienda la ciudadanía universalmente a todos los nacidos en Estados Unidos”, decía su orden ejecutiva.
Muchos abogados afirman que eso es rotundamente erróneo. En su informe jurídico, los abogados de la ACLU argumentaron que el significado de la Decimocuarta Enmienda era una ley establecida desde hacía más de 125 años. Citaron un caso de 1898 llamado Estados Unidos contra Wong Kim Ark, en el que dijeron que la Corte Suprema “rechazó rotundamente el último intento de socavar la ciudadanía por derecho de nacimiento”.
“La orden ejecutiva es ciertamente inconstitucional”, dijo Cecillia Wang, directora jurídica nacional de la ACLU. “Es cierto que si la Corte confirmara la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento, perdería toda legitimidad a los ojos del pueblo y en los libros de historia”.
Más allá del derecho de nacimiento
El gobierno de Trump ha indicado que tiene previsto utilizar diversas herramientas para restringir a aquellos que buscan la entrada legal en el país. Desde hace tiempo, Trump apoya la introducción de cambios en lo que se denomina la norma de la “carga pública”, que denegaría la entrada en Estados Unidos si es probable que un inmigrante potencial necesite utilizar servicios públicos como la ayuda alimentaria o apoyo para la vivienda.
El presidente también podría intentar restringir el derecho de viaje de algunos grupos de personas. En otra orden ejecutiva que firmó el lunes, Trump ordenó a los funcionarios que elaboraran una lista de países que estarían sujetos a una prohibición de viaje similar a la que impuso durante su primer mandato.
