Estados Unidos es una nación de inmigrantes que no ha cumplido su promesa

Donald Trump ha desafiado explícitamente durante mucho tiempo un mito fundacional de la identidad estadounidense: la idea de Estados Unidos como una nación de inmigrantes que da la bienvenida a las “masas apiñadas del mundo que anhelan respirar en libertad”.

En lugar de abrazar la narrativa de un país moldeado por la inmigración, el “otra vez” en el lema de Trump “Make America Great Again” (Hacer a Estados Unidos grande otra vez) se entiende a menudo como un llamado a regresar a un pasado imaginario en el que los ciudadanos blancos nacidos en el país vivían seguros y prosperaban sin personas nacidas en el extranjero. El lunes, en su segundo discurso inaugural, prometió que “la seguridad de Estados Unidos será restaurada” cuando su administración libere al país de “criminales peligrosos, muchos de ellos provenientes de prisiones e instituciones mentales que han ingresado ilegalmente a nuestro país desde todas partes del mundo”. Su visión incluye una frontera cerrada, una promesa de terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento y la expulsión masiva de inmigrantes.

Ni la visión histórica excluyente de Trump de una nación segura sin inmigrantes ni la idea romántica de una América acogedora reflejan la realidad del país. Estados Unidos es una nación a la que los inmigrantes han llegado una y otra vez, a pesar del racismo sistémico y las políticas restrictivas. Y, sin embargo, no es la presencia de inmigrantes en Estados Unidos sino las medidas excluyentes introducidas contra ellos lo que ha erosionado los derechos y la seguridad tanto de los inmigrantes como de los ciudadanos estadounidenses.

Hasta la década de 1870, no existían leyes federales que restringieran la inmigración, pero el aumento del desempleo en California durante esa década llevó a los trabajadores blancos a acusar a los inmigrantes chinos de robar puestos de trabajo, reducir los salarios y traer mujeres a los Estados Unidos para la prostitución. En 1875, el Congreso aprobó la Ley Page para restringir la migración china y fue aún más lejos en 1882, al aprobar la Ley de Exclusión de los Chinos, que prohibía la entrada a la mayoría de los inmigrantes chinos. Estas leyes, junto con los sentimientos racistas que llevaron a su aprobación, legitimaron de manera efectiva la violencia de los vigilantes contra las comunidades chinas, incluida la Masacre de Rock Springs en el Territorio de Wyoming de 1885, durante la cual los mineros blancos mataron a 28 trabajadores chinos, hirieron a otros 15 y destruyeron el barrio chino local.

La Ley de Exclusión de los Chinos amenazó el fundamento mismo de la ciudadanía estadounidense, tal como se define en la Enmienda 14, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos” son ciudadanos. Wong Kim Ark nació en San Francisco en 1873, de padres chinos. Después de viajar a China en 1894, los funcionarios fronterizos le prohibieron entrar en los Estados Unidos, insistiendo en que no era ciudadano. El caso llegó a la Corte Suprema, que dictaminó en Estados Unidos v. Wong Kim Ark que la Constitución otorgaba la ciudadanía por derecho de nacimiento a todos los individuos nacidos en suelo estadounidense, independientemente del origen de sus padres.

La ciudadanía no es condicional. Después de todo, si la ciudadanía puede impugnarse por motivos de raza, ascendencia o voluntad política, entonces nadie tiene un estatus verdaderamente seguro. Sin embargo, eso es exactamente lo que haría la promesa de Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.

La prohibición de la inmigración china sentó las bases para otras restricciones. A finales del siglo XIX, comenzaron a llegar a Estados Unidos cantidades cada vez mayores de europeos del este y del sur. Los responsables políticos estadounidenses temían que estos recién llegados, considerados racialmente inferiores, mancharan el patrimonio racial del país. Para abordar estas preocupaciones, el Congreso aprobó la Ley de Inmigración de 1924, que introdujo cuotas de origen nacional que daban preferencia a los europeos del norte y del oeste y prohibía casi por completo la entrada de asiáticos.

La Gran Depresión condujo a nuevas medidas antiinmigrantes. Los inmigrantes mexicanos se convirtieron en chivos expiatorios de las dificultades económicas del país. En todo el suroeste y el medio oeste, las autoridades detuvieron indiscriminadamente a personas de ascendencia mexicana, incluidos residentes legales y ciudadanos estadounidenses, y los obligaron a subir a camiones, autobuses o trenes con destino a México. Se expulsó a dos millones de personas; se cree que aproximadamente el 60 por ciento eran ciudadanos estadounidenses.

Cuando los ejércitos de Hitler arrasaron Europa oriental y occidental, las puertas de entrada a Estados Unidos permanecieron en gran parte cerradas. Los judíos que huían de la persecución se vieron atrapados en una situación complicada: un sistema de cuotas restrictivo que limitaba severamente la inmigración desde los países más afectados, un clima aislacionista que no ofrecía voluntad política para ayudar a los refugiados y un antisemitismo profundamente arraigado en el Congreso y el Departamento de Estado.

De hecho, la frase “una nación de inmigrantes” no ganó un reconocimiento generalizado hasta la década de 1960, después de que el libro de John F. Kennedy con ese título argumentara que Estados Unidos se beneficiaba de sus diversos orígenes. La Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 puso fin al sistema de cuotas de origen nacional, pero también introdujo otras medidas restrictivas , como las cuotas para los países del hemisferio occidental por primera vez. La ley limitó la posibilidad de los mexicanos de migrar legalmente incluso cuando persistía la demanda de su mano de obra, lo que en última instancia contribuyó al aumento de la migración no autorizada.

La Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 tuvo un doble impacto similar. Legalizó la situación de aproximadamente tres millones de inmigrantes indocumentados, les otorgó protección contra la deportación, les permitió trabajar legalmente y les ofreció un camino hacia la ciudadanía. La legalización cambió profundamente las vidas de los inmigrantes y sus familias, muchas de las cuales ya incluían ciudadanos estadounidenses. Vivir sin papeles significaba vivir con miedo constante, sin poder visitar a la familia en el extranjero o exigir salarios más altos sin correr el riesgo de ser deportados.

Sin embargo, esta legislación también preveía mayores recursos para ampliar la Patrulla Fronteriza, y los inmigrantes siguieron entrando a Estados Unidos sin papeles. Para evadir los controles fronterizos intensificados, muchos tomaron rutas cada vez más peligrosas, como el desierto de Arizona, donde la deshidratación, las serpientes de cascabel y las temperaturas extremas se cobraban vidas de forma rutinaria. A principios de la década de 2000, las muertes en la frontera a veces superaban una por día.

La expansión de la Patrulla Fronteriza también vulneró los derechos de los ciudadanos estadounidenses. En un radio de 160 kilómetros desde la frontera, los agentes realizan sistemáticamente registros sin orden judicial, a menudo aplicando criterios raciales al elegir a personas percibidas como extranjeras. Estas acciones violan las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables.

Las deportaciones, como las prometidas por la nueva administración, también perpetúan la práctica de la separación familiar, que perjudica regularmente a los niños ciudadanos estadounidenses cuyos padres son indocumentados. Los padres deportados con hijos que son ciudadanos estadounidenses a veces optan por dejarlos en Estados Unidos con familiares o amigos. Otros se llevan a sus hijos con ellos, aunque muchos nunca han vivido fuera del país y no conocen otro idioma que el inglés. Ambas posibilidades privan a los ciudadanos de sus derechos, seguridad y estabilidad.

Las medidas antiinmigrantes prometidas por Trump son una escalada de las antiguas políticas de exclusión. Ha prometido enviar tropas a la frontera sur, detener todas las entradas no autorizadas, poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación” (en la que los migrantes detenidos son liberados de la custodia del Departamento de Seguridad Nacional mientras sus casos están pendientes) y restablecer la política de obligar a los solicitantes de asilo a presentar la solicitud desde México y esperar allí. Ha prometido que llevará a cabo la “mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”.

Estas políticas tienen precedentes históricos, pero también hemos visto un camino alternativo. Estados Unidos ha reformado repetidamente sus leyes de inmigración: anuló la exclusión de los chinos, desmanteló su sistema racista de cuotas y ofreció estatus legal a millones de personas en virtud de las reformas de la década de 1980. En lugar de redoblar las expulsiones, Estados Unidos podría aumentar el número de personas que pueden ingresar legalmente, otorgar amnistía a los residentes indocumentados y abordar las causas profundas de la migración en los países de origen. La promesa de una nación de inmigrantes aún podría cumplirse. Un Estados Unidos acogedor haría que el país fuera más seguro, más fuerte y más justo, protegiendo los derechos de todos y convirtiendo la inclusión en una fuente de seguridad para todos.