‘Operación Atarraya’ suma 505 bares y ‘chelerías’ clandestinas aseguradas en Edomex Editorial Aristegui Noticias
Un total de 505 bares y “chelerías” clandestinas han clausurados y asegurados mediante la denominada “Operación Atarraya” que busca reducir puntos de venta de droga, trata de personas y extorsiones, informó la a Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)
De acuerdo con la fiscalía mexiquense, los pasados días 10 y 11 de enero fueron asegurados un total de 288 bares y “chelerías” carentes de permisos para ejercer la venta de alcohol, 29 de los cuales fueron intervenidos mediante cateos ante los indicios de que en dichos lugares se ejercían hechos ilícitos.
La segunda fase de la “Operación Atarraya” fue ejecutada de forma conjunta entre la fiscalía estatal, las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina-Armada de México (Semar), Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal y la Policía estatal, cuya actuación abarcó de forma simultánea a 47 municipios del Estado de México.
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Los 288 bares y “chelerías” clausurados con sellos oficiales en la segunda etapa de este operativo, se suman a los 217 establecimientos cerrados en la primera etapa de la “Operación Atarraya“, sumando así los 505 negocios irregulares intervenidos y asegurados por la fuerza pública.
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La Fiscalía del Estado de México afirmó que estas acciones tienen como fin “intervenir establecimientos utilizados por grupos delictivos para el fomento, consumo o trasiego de sustancias ilícitas, así como para evitar actividades relacionadas con la comisión de otros hechos delictivos” como trata de personas, extorsión y lavado de dinero, financiando así a organizaciones criminales como “La Familia Michoacana”.
Por lo anterior, previo a las inspecciones, personal de la fiscalía mexiquense obtuvo información de que al menos en 29 casos, se registraban posibles “conductas constitutivas de delito”, solicitando órdenes de cateo para identificar flagrancia.
El resultado fue la detención de 10 personas que laboraban en estos sitios, el decomiso de diversas dosis de droga y de armas de fuego, por lo que intervino un Agente del Ministerio Público para integrar las carpetas de investigación correspondientes.
En el resto de los casos, autoridades policiales, sanitarias y administrativas realizaron las inspecciones a 259 establecimientos, corroborando que no contaban con todos los permisos para su funcionamiento, por lo que se procedió a suspenderlos y clausurarlos.
Bares ilegales en 47 municipios
Los 47 municipios intervenidos en esta segunda etapa del “Operación Atarraya” fueron: Amanalco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Donato Guerra, Ecatepec, Huehuetoca, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Jocotitlán, La Paz y Melchor Ocampo.
De igual forma, se abarcó a los ayuntamientos de Mexicaltzingo, Naucalpan, Nicolás Romero, Nezahualcóyotl,Ocoyoacac, Otzolotepec, San Felipe del Progreso, San Martín de las Pirámides, San Mateo Atenco, Tecámac, Tenancingo, Tenango del Valle, Teoloyucan, Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tianguistenco, Tlalnepantla, Toluca, Tonatico, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco, Villa Guerrero, Xonacatlán, Zinacantepec y Zumpango.
Tras la colocación de los sellos de clausura, los 288 bares y “chelerías” inspeccionados deberán permanecer cerrados para que las autoridades competentes definan la situación jurídica de cada uno de estos sitios.
Para evitar que se intente reabrir alguno de estos lugares de forma ilícita, como sucedió en la primera fase del operativo, las fuerzas de seguridad anunciaron que van a implementar recorridos de supervisión y en caso de detectar el quebrantamiento de sellos, iniciar la carpeta de investigación en contra de los responsables.
“La “Operación Atarraya” forma parte de la estrategia integral de seguridad impulsada desde el Gobierno Federal y el del Estado de México para combatir los delitos de alto impacto cometidos en la entidad por grupos criminales generadores de violencia, así como para investigar e identificar a servidores públicos involucrados en posibles actividades delictivas”, concluyó la FGJEM.
