La oposición de Venezuela denunció la violación de la convención sobre asilo diplomático tras el asedio a la embajada argentina Infobae

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el mayor bloque opositor de Venezuela, rechazó este viernes el asedio que sufrieron los seis opositores refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, la cual está bajo protección de Brasil tras la expulsión de la misión diplomática argentina en el país.

Los seis asilados, miembros del comando de campaña de la líder opositora María Corina Machado, están refugiados desde el mes de marzo, cuando fueron acusados por el régimen de Nicolás Maduro de “traición a la patria”

“Rechazamos la irregular situación que está ocurriendo en las afueras de la sede de la Embajada de Argentina en Venezuela. Allí se encuentran miembros del comando Con Venezuela que han sido perseguidos por Nicolás Maduro”, afirmó la coalición opositora a través de un comunicado difundido en la red social X.

La oposición exigió el cese inmediato de la persecución y el respeto a los tratados internacionales de los que Venezuela forma parte.

El ex diputado Omar González, uno de los seis refugiados, alertó a la comunidad internacional de una “nueva violación a la Convención sobre Asilo Diplomático”, destacando que en las inmediaciones de la residencia argentina se apostaron “numerosas patrullas” y “decenas de efectivos” para rodear el lugar.

Según González, el suministro eléctrico de la residencia también fue cortado por el régimen. Una pequeña planta de emergencia permitió a los asilados contar con electricidad.

Por su parte, el líder opositor Juan Pablo Guanipa pidió la intervención de la comunidad internacional.

“El régimen de Maduro está asediando la embajada argentina. Alertamos a la comunidad internacional para que se respete el derecho internacional y la libertad de nuestros asilados”, expresó Guanipa.

El partido Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, también responsabilizó directamente a Maduro por el asedio.

“Siguen llegando patrullas con agentes del régimen a la sede de la Embajada de Argentina en Caracas. Responsabilizamos a Nicolás Maduro de este asedio contra nuestros dirigentes asilados”, escribió el partido en X, reiterando su denuncia sobre la violación de los derechos de los opositores.

Ante la gravedad de la situación, el senador estadounidense Rick Scott expresó su preocupación a través de su cuenta en X. “Brasil protege a seis miembros del equipo de María Corina Machado en la Residencia Argentina en Caracas, donde se desarrolla esta alarmante situación”, afirmó el senador, refiriéndose a la protección que Brasil ha ofrecido a la embajada tras la expulsión de la misión diplomática argentina.

Entre los refugiados se encuentra se Pedro Urruchurtu, coordinador Internacional de Vente Venezuela, quien informó que los responsables de rodear la residencia fueron agentes de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), además de “funcionarios encapuchados y armados”.

Urruchurtu, junto a los demás opositores, fue acusado por la Fiscalía chavista de delitos como conspiración y traición a la patria, cargos que la oposición denuncia como fabricados por el régimen para justificar la persecución.

Además de Urruchurtu y González, en la embajada se encuentran Magalli Meda, jefa de campaña para las elecciones presidenciales de la PUD; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de Vente Venezuela; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña, y el exministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática. Todos ellos se refugiaron en la embajada argentina tras el incremento de la represión contra la oposición, especialmente luego de las acusaciones emitidas por la Fiscalía de Maduro.

El asedio a la embajada ocurre poco después de que la Cancillería de Argentina instara a la Corte Penal Internacional (CPI) a emitir una orden de detención contra Maduro y “otros cabecillas del régimen”, tras los comicios presidenciales del 28 de julio.

En un comunicado, el gobierno de Javier Milei calificó la situación en Venezuela como un agravamiento de la crisis y denunció la comisión de hechos que podrían constituir delitos de lesa humanidad.

“La República Argentina exhorta al fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen”, informó la Cancillería

Por su parte, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró este viernes que no reconoce el resultado de las elecciones en Venezuela e insistió en que Nicolás Maduro “pruebe” que ganó esos comicios, denunciados como fraudulentos.

“Creo que el comportamiento de Maduro es decepcionante”, declaró Lula en una entrevista con la radio Difusora, en la cual apuntó que “en Brasil se aprendió de democracia con mucho sufrimiento”, aunque aclaró que “cuando la gente es extremista no la acepta”.

Aludió a la actitud del ex presidente Jair Bolsonaro, a quien derrotó en las elecciones de 2022, y sostuvo que el líder de la extrema derecha “pasó un mes llorando en su casa sin aceptar la derrota y pensando qué hacer” para impedir que él asumiera el poder.

“Creo que Maduro, como presidente, debería probar quién fue el elegido del pueblo venezolano, pero él no lo hace”, lamentó Lula.

Este asedio no es la primera amenaza que enfrentan los refugiados. A finales de julio, el mismo grupo denunció que funcionarios de seguridad del régimen habían rodeado la sede diplomática y planeaban tomarla por la fuerza.

Desde agosto, el Gobierno de Brasil ha asumido la protección de las sedes diplomáticas de Argentina y Perú en Venezuela, tras la expulsión de sus misiones por parte de Maduro. Brasil también se encarga de la custodia de los intereses y ciudadanos de estos países en el territorio venezolano, así como de los seis opositores refugiados en la Embajada de Argentina.

El régimen de Maduro no solo ha expulsado a las misiones diplomáticas de Perú y Argentina, sino también a las de Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay, en represalia por lo que ha calificado como declaraciones “injerencistas” de estos países.

Estas naciones criticaron duramente los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador, a pesar de las acusaciones de fraude y la falta de legitimidad del proceso, denunciadas por gran parte de la comunidad internacional.

(Con información de EFE)