Presidenta electa a la vista

El próximo 15 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que preside la magistrada Mónica Soto, entregará a Claudia Sheinbaum la constancia de presidenta electa, luego de validar la contienda electoral y con ello desechar los juicios de inconformidad que se promovieron contra los resultados electorales de las elecciones del 2 de junio.

El tema que debería parecer un trámite resultó lo contrario, por los graves señalamientos que hiciera la oposición contra –dicen ellos– una elección de Estado, en la cual no solo se rebasaron los topes de campaña, sino que se usaron recursos públicos para apoyar a la candidata presidencial del oficialismo.

No solo fue el uso electoral de los programas de política asistencial, sino también la compra de votos y otras irregularidades que están tipificadas como delitos electorales; sin embargo, todos estos señalamientos no fueron suficientes para que el máximo tribunal electoral procediera en consecuencia, y por lo tanto, entregará su constancia como presidenta electa.

Las flagrantes violaciones que hiciera AMLO por su grosera intervención en el proceso electoral, a favor de su candidata y en contra de Xóchitl Gálvez y los opositores, quedaron solo como simples anécdotas y como “cosa sin relevancia”, para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el seno del INE y del TEPJF, dominados por personajes afines a la 4T, prefirieron ser omisos en no sancionar lo que se califica como “una elección de Estado” en donde se volcó todo el poder del gobierno, en sus tres niveles, para apuntalar la candidatura de Claudia Sheinbaum.

Lo preocupante de todo esto es que ese “cariño” que tienen las autoridades electorales por el oficialismo se vea reflejado cuando se pronuncien sobre la sobrerrepresentación que pretende avalar la mayoría calificada de Morena y aliados en la Cámara de Diputados.

Mientras ocurre ese agandalle, se entregará el próximo 15 de agosto la constancia como presidenta electa y con ello, no solo habrán quedado las demandas de justicia en el olvido, sino que tal vez –esto también es igual de relevante– que nada ni nadie le podrá escatimar o cuestionar ese nombramiento.

Es decir, a partir de la entrega de la constancia como presidenta electa, tan solo quedará el trámite de investirla con la banda presidencial el próximo 1 de octubre y con ello se convertirá en la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Todo esto significa que estamos a unos días de que la primera presidenta de la historia del país podrá ejercer plenamente todo el poder que le confiere la Constitución; por lo tanto, para aquellos ingenuos o perversos que aseveran que habrá una correa de mando desde Palenque, les diremos que nadie podrá compartir ese poder que le otorga la Carta Magna a Claudia Sheinbaum.

Es incuestionable la total lealtad de la exjefa de Gobierno de la CDMX a Andrés Manuel López Obrador, pero eso de plegarse totalmente a sus designios es una estupidez o un argumento que busca restarle méritos a la doctora.

Los 35 millones de votos que encumbraron a Sheinbaum a una victoria electoral le dan una enorme legitimidad que la blinda ante cualquier cuestionamiento; empero, ese cheque en blanco que le extendieron esos votantes no significa que derroche ese capital político a su pleno antojo sin considerar los reclamos que le hicieran en la campaña o que se empeñe en impulsar la aprobación de la reforma judicial de AMLO en los términos que estará redactada, luego de que concluyan los foros en la materia.

No hay que olvidar que quien orilló a que el dólar se apreciara en relación con el peso y que los mercados reaccionaran en contra, fue el propio AMLO al impulsar tenazmente la aprobación de la reforma judicial y luego vinieron los efectos internacionales que dieron lugar al denominado “lunes negro” y el dólar está a punto de llegar a la cotización que tenía en 2018.

La economía está prendida sobre alfileres y lo único que la mantiene con cierta estabilidad son las reservas internacionales, aunque ello no quiere decir que los inversionistas recobren por un milagro divino la confianza ante el nuevo gobierno o que se detenga la devaluación del peso.

En los primeros cien días del nuevo gobierno deben darse mensajes poderosos por parte de la presidenta, en el sentido de que el mando lo ejerce totalmente ella sin concesiones ni cortapisas y que el paquete de reformas constitucionales de AMLO debe ponderarse más fondo por parte del nuevo Congreso.