El juez interroga a Begoña Gómez para saber si incurrió en tráfico de influencias Infobae

Madrid, 5 jul (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado interroga este viernes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para determinar si incurrió en tráfico de influencias y corrupción en los negocios, fundamentalmente con relación a varios contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés.

Gómez se sentará en el banquillo del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid en calidad de investigada en una causa que nació en abril de una denuncia contra ella del autodenominado sindicato Manos Limpias, al que en estos meses se han unido otras acusaciones como la organización ultracatólica Hazteoír o Vox.

Como investigada, puede acogerse a su derecho a no declarar o contestar a las partes que desee, a diferencia del siguiente citado, Joaquín Goyache, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, donde Gómez codirigió un máster, quien comparece como testigo a partir de las 13.00 horas.

Desde el Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, mostró recientemente su "absoluta tranquilidad y confianza porque no hay nada" y remarcó que la denuncia del "pseudosindicato ultraderechista" Manos Limpias está planteada "con bulos y desinformación".

Tras varios intentos del abogado de Begoña Gómez -el exministro Antonio Camacho- y de la Fiscalía para conocer el objeto de la causa, el juez aclaró que "solo" envió a la Fiscalía Europea tres contratos adjudicados a Barrabés por estar financiados con dinero comunitario, pero que había más en los que había que indagar.

Días antes, por ejemplo, había pedido información sobre posibles irregularidades en otras adjudicaciones de las entidades Red.es, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Ayuntamiento de Madrid a las empresas de Barrabés, director del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía con Gómez.

"Los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial", excepto los tres enviados a la Fiscalía Europea, explicó el magistrado en un auto en el que, sin embargo, no especificaba a qué contratos se refería.

Al inicio de la causa, la Audiencia de Madrid respaldó, en contra del criterio de la Fiscalía, la decisión del juez de abrir un procedimiento y vio posibilidades de investigar varias adjudicaciones a Barrabés, aunque estimó que otros bloques que venían en la denuncia, como el rescate público de la compañía Globalia, eran una "simple conjetura".

No obstante, el magistrado ha pedido recientemente información sobre las ayudas otorgadas a Air Europa -que pertenece a Globalia-, de modo que podría preguntar también a Begoña Gómez por esto.

En su denuncia, basada en recortes de prensa, Manos Limpias pidió investigar si Gómez, valiéndose de su relación con el presidente del Gobierno, habría recomendado "por carta" a empresarios que se presentan a licitaciones públicas, como Barrabés, citado a declarar por videoconferencia el 15 de julio.

Otras acusaciones, como el colectivo de ultraderecha HazteOír, quieren investigar si Gómez se sirvió de dicha relación con Pedro Sánchez para "establecer relaciones comerciales y profesionales con empresas y entidades", mientras que Vox también denunció la presunta apropiación de un software para el máster de la cátedra que codirigía.

Begoña Gómez entrará por el garaje de los juzgados, según ha decretado la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, tras la petición del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno al advertir "un posible riesgo para la integridad física" de la esposa del presidente.

Para garantizar la libertad de información, seis periodistas podrán acceder hasta la planta del juzgado donde declarará y está por ver aún si el juez acepta la petición de Gómez de grabar únicamente el audio de su declaración, dada su "relevancia pública" y para evitar un uso inadecuado de la imágenes.

Vox ya se ha negado al ver la petición "contraria al principio de igualdad ante la ley". EFE

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