Ayuso reclama todavía 419.000 euros de cuotas de las residencias a los familiares de mayores muertos e ingresados en la primera ola de la pandemia Infobae
El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso reclama actualmente 419.260 euros por las cuotas sin pagar de los meses de marzo, abril y mayo de 2020, en lo más duro de la primera ola de pandemia, a los familiares de los mayores que estuvieron ingresados en residencias, muchos de ellos fallecidos.
“Es la cuantía pendiente de cobro por los servicios prestados” tanto en centros públicos como privados con plazas concertadas, según la respuesta parlamentaria que el Ejecutivo autonómico ha enviado a la diputada de Más Madrid, Alodia Pérez, que ha querido saber si la Comunidad de Madrid, “tras aprobar los protocolos de la vergüenza hace cuatro años que impidió la derivación a los hospitales, sigue exigiendo este dinero a las familias que perdieron a un ser querido”.
Pérez formuló la pregunta a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales después de que la Cadena Ser publicase a principios de abril el testimonio de Ángela Armingol. Un mes antes Ángela había recibido una carta firmada por el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia, en la que le comunicaban que mantenía una deuda de 901,58 euros por los días de marzo y abril de 2020 que su padre estuvo en la residencia Amavir Valdebernardo hasta que falleció por coronavirus sin ser trasladado a un hospital. Su padre tenía 89 años, se llamaba Ángel y murió el 2 de abril de 2020.
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Ángela señaló entonces que no iba a pagar ningún dinero después de que su padre no fuera trasladado a un hospital. También anunció que iba a iniciar una reclamación patrimonial contra la Comunidad de Madrid y un recurso de reposición al Tribunal Económico-Administrativo para justificar este impago. El caso de Ángela no es el único. El Ejecutivo autonómico reconoce a la diputada Pérez que todavía hay 908 recibos por cobrar de los meses de marzo, abril y mayo de 2020 (un residente puede acumular más de un recibo) y que ya se han enviado 147 requerimientos para que los deudores paguen.
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“Aunque no lo especifica claramente, está claro que la gran parte de los recibos que se deben son por cuotas impagadas de mayores que fallecieron en las residencias en la primera ola de la pandemia. Y que pasados cuatro años la Comunidad sigue reclamando a los herederos de las víctimas este dinero. Nosotros hemos preguntado a la consejería si no hay manera de parar esto y nos dicen que no. Incomprensible”. La Consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha justificado estas peticiones de pago argumentando que “todas las administraciones públicas están obligadas por la legislación estatal a requerir a los ciudadanos sus deudas” y que “la legislación estatal no estableció ninguna excepcionalidad con las deudas pendientes durante la pandemia”. Lo contrario sería “prevaricar”. En muchos casos se sigue reclamando el dinero cuatro años después porque el proceso de identificación y localización de los herederos se prolonga en el tiempo.
El 18 de marzo de 2020 la Comunidad de Madrid aprobó y distribuyó la primera versión de su protocolo de la vergüenza, un documento que, literalmente, estableció “criterios de exclusión” que impidieron la derivación de miles de residentes desde las residencias madrileñas hasta el hospital. Entre ese mes y los siguientes fallecieron sin atención hospitalaria 7.291 residentes. Algunos familiares siguen reclamando años después justicia y reparación en los tribunales. La oposición, con Más Madrid y PSOE a la cabeza, llevan desde 2021 exigiendo una comisión parlamentaria para investigar lo sucedido, pero primero el rechazo de Vox y después la mayoría absoluta del PP han impedido que salga adelante.
Muchos familiares de fallecidos en las residencias no se rinde. A principios de abril entregaron en la Asamblea regional el informe de la ‘Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid’, en el que piden la apertura definitiva de una comisión de investigación. Son miembros de las plataformas ‘Verdad y Justicia’ y ‘Marea de Residencias’. Una utopía en estos momentos debido a la aritmética parlamentaria. Las conclusiones de su comisión ciudadana también han sido remitidas a la Fiscalía Superior de Madrid.
