Actividades delictivas del Clan del Golfo tendrían confinadas a familias enteras en Bojayá, Chocó Infobae
Más de 830 familias en Bojayá, Chocó, la mayoría pertenecientes al pueblo Embera, se encuentran confinadas debido a la violencia del Clan del Golfo, que se está apoderando del territorio y aterrorizando a las comunidades locales. La Defensoría del Pueblo denunció esta situación alarmante.
“El control territorial y social ejercido por las Defensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) es cada vez mayor. Este grupo armado busca imponer su hegemonía sobre las comunidades a lo largo del río Atrato. Todo esto fue advertido en nuestra Alerta Temprana 016 de 2021″, explicó Carlos Camargo, defensor del Pueblo, citado por la emisora colombiana RCN Radio.
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Además, Camargo señaló que en los retenes ilegales, las mujeres son sometidas a humillantes requisas donde se les despoja de sus pertenencias íntimas. Debido a estas vejaciones, algunas mujeres han expresado deseos de acabar con sus vidas y temen por su integridad al denunciar estos abusos a las autoridades.
“Esta situación constituye una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario, conforme a los protocolos de Ginebra. Lo que está ocurriendo afecta a los pueblos indígenas y su autonomía ancestral, así como a los campesinos de Bojayá y sus alrededores”, agregó el defensor del Pueblo a ese medio de comunicación.
La Defensoría del Pueblo hizo varias recomendaciones, entre las que se incluye la necesidad de continuar con el desminado en las áreas identificadas por la fuerza pública y aumentar la presencia de fuerzas de seguridad para alejar a los grupos armados de las comunidades actualmente confinadas.
Las mujeres han sido particularmente vulnerables en esta situación, enfrentando no solo el riesgo de violencia sexual y física, sino también la pérdida de su autonomía y dignidad. La Defensoría del Pueblo subrayó la importancia de proteger a estas comunidades de tales abusos y de garantizar que sus derechos humanos sean respetados.
El conflicto en Bojayá no es nuevo. Las comunidades han sufrido repetidamente a manos de grupos armados ilegales que buscan controlar el territorio por sus recursos y su estratégica ubicación geográfica. La violencia ha obligado a miles de personas a desplazarse, y muchas familias viven en constante temor.
Los líderes comunitarios y las organizaciones locales han hecho repetidos llamados al gobierno para que tome medidas decisivas. Sin embargo, las respuestas han sido insuficientes, y la presencia de las fuerzas de seguridad en la región sigue siendo limitada.
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La situación en Bojayá refleja un problema más amplio en Colombia, donde muchas comunidades rurales se ven atrapadas en medio de conflictos entre grupos armados ilegales. Estas comunidades, a menudo olvidadas por el gobierno central, carecen de los recursos y la protección necesarios para vivir en paz.
Las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo incluyen no solo medidas de seguridad inmediatas, sino también iniciativas a largo plazo para el desarrollo y la estabilidad de la región. La implementación efectiva de estas recomendaciones requiere una colaboración estrecha entre el gobierno, las fuerzas de seguridad, y las organizaciones comunitarias.
