El recurso hídrico en tiempos de política y en contextos electorales

Despolitizar el agua, el camino hacia el bienestar y respeto de las garantías individuales

Notipress.- Solucionar los problemas de desabastecimiento hídrico del país requiere de hacer frente a desafíos técnicos, financieros, sociales, pero también a retos de carácter político. Pues en muchas ocasiones los razonamientos ligados a la idiosincrasia política superan otros criterios, a los cuales se les debería dar mayor prioridad.

En el artículo de opinión, “El Recurso hídrico y la política“, de Hugo Briseño Ramírez, secretario de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Panamericana, reflexiona sobre cómo la política interfiere en la solución de la crisis hídrica en el país.. Briseño argumenta que en gran medida las potenciales soluciones al desabastecimiento de agua se ven mermadas por el razonamiento político. El cual prioriza la construcción de obras de infraestructura en vista de agradar al electorado, en vez de mejorar el sistema de distribución de dicho recurso.

Briseño describe, el problema de la infraestructura de abastecimiento de agua suele ser un tema ignorado al no tener repercusión directa en la política. Llevando a los gobernantes en turno a dejarlo de lado y permitiendo que el problema se agrave para las futuras administraciones. Si bien, en el período electoral de 2024, el tema del agua ha sido abordado por muchos políticos que buscan cargos electorales, esto responde, como señala el académico, a una intención de ganar votantes y no a un compromiso real por solventar un problema que conlleva grandes repercusiones para el país.

Durante período de campañas se hace evidente que los políticos tienen una visión a corto plazo y favoreciendo la inmediatez. Lo cual tiene como consecuencia que se trate lo urgente sin alcanzar medidas mediante las cuales se cree resiliencia ante las sequías y escasez de agua, como destaca Briseño. Adicional a ello, la alta rotación en el personal en los organismos, consecuencia de los ciclos políticos, dificulta el desarrollo de soluciones basadas en la planeación a largo plazo.

Así, como explica Briseño, en muchas ocasiones los políticos desechan buenas ideas de administraciones anteriores por el simple hecho de haber sido planteada por un partido ideológicamente opuesto. Con lo cual, refuerza la idea de que los funcionarios operadores del suministro de agua priorizan los criterios de carácter político por sobre las implicaciones técnicas o financieras.

Cuando un gobierno es oposición, su postura generalmente es estar en contra de lo propuesto por la administración anterior, aunque estas acciones tengan aspectos favorables”, añade el académico para reafirmar que la administración del agua se ve afectada por los posicionamientos políticos.

Muestra de ello, a juicio de Briseño, es el hecho de que los gobernantes y funcionarios a cargo de organismos operadores de agua, ignoran las propuestas de la sociedad civil. A menos que no tomar una decisión implique perder la aprobación del electorado, aun si esto pudiera ser contraproducente para solucionar el problema de agua. Como ejemplo de esto, refiere, ninguna administración ha conseguido incrementar las tarifas para poder cubrir los gastos operativos de los organismos.

De esta forma, aunque esto daría al gobierno mayor capacidad de solventar los gastos de operación de suministro de agua y renovación de infraestructura significaría la pérdida de aprobación por parte de la población.

Bajo estos argumento, el académico considera urgente despolitizar el sistema del agua para poder dar solución a los problemas asociados a dicho recurso. A su vez, sostiene, esto implicaría dar mayor peso a las implicaciones y desafíos asociados con los criterios técnicos, financieros y sociales. Para lo cual, el desarrollo de organismo técnicos-ciudadanos sería de gran relevancia, pues permitiría la elaboración de planes a largo plazo que no atienden a intereses políticos. Con lo cual, se allanaría un camino tanto para la solución de la crisis hídrica como para garantizar el derecho humano de acceso al saneamiento y consumo de agua.