En el ecosistema de la justicia mexicana la formación universitaria privada constituye el epicentro de la élite judicial del país. Recientemente, una encuesta del periódico Reforma ha colocado en los primeros lugares del ranking de “Las mejores universidades 2024″ a escuelas privadas. Ese diario presume que más de 700 empleadores calificaron a 38 instituciones en 17 licenciaturas. Un resultado destaca de inmediato: que el primer lugar del ranking lo tiene una de las instituciones que predomina en los currículos de la cúpula del poder judicial: ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es evidente la conveniencia de enfocarnos en la licenciatura en derecho de la Universidad Panamericana por su impacto directo en la vida pública.

En las biografías de quienes integran la SCJN, publicadas en su página de internet, queda perfectamente clara la preeminencia de la Universidad Panamericana en la trayectoria académica de al menos cinco de sus once ministros. Este fenómeno, a la luz del ranking del periódico Reforma, proyecta un paisaje donde las raíces educativas de élite en tal institución privada parecen ser un elemento común para ascender a las alturas del poder judicial o al menos, un espacio determinante que es preferido por despachos y empresas al momento de contratar profesionales que pueden tener algún lazo con la Corte a través de sus profesores. Las conexiones de ministros y ministras con la UP —ya sea por haber cursado estudios de posgrado, por labores docentes o por publicaciones académicas— plantean preguntas intrigantes sobre la influencia de esta universidad en la formación de la élite judicial.

Por la Universidad Panamericana han pasado o han tenia relaciones que consideraron que valía la pena presumir en currículos oficiales:

1. Ministra Loretta Ortiz Ahlf. Es egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en derechos humanos por la Universidad Iberoamericana y doctora en derechos humanos y derecho comunitario europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Fue directora y docente del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y docente en la Universidad Panamericana.

2. Ministro Alberto Pérez Dayán. Cursó la licenciatura en derecho en la Universidad La Salle, especialidades en amparo en la Universidad Panamericana y en el Instituto Mexicano del Amparo. Ha sido profesor de la Universidad de Yucatán, del Instituto de la Judicatura Federal y de la Universidad Panamericana (Campus Guadalajara).

3. Ministro Luis María Aguilar Morales. Abogado por la UNAM y prologuista del libro La obra pública en el Estado mexicano, de diversos autores, de Editorial Porrúa y la Universidad Panamericana.

4. Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Egresada de la UNAM con una especialidad en derecho penal por la Universidad Panamericana.

Antes de hablar de la quinta ministra que da a conocer en su biografía relaciones con la UP, precisaré que es entendible que la Universiad Panamericana sea calificada como la mejor evaluada por los empleadores, pues, por una parte, se ha convertido en un espacio de elite de la abogacía de México al permitir cercanía y conexión con juristas de una talla enorme. Por otra parte, la Universidad Panamericana ha mantenido un enfoque de formación para abogados de empresa por el IPADE o litigantes. Valdría la pena realizar estudios serios para saber si la preeminencia de esta universidad del Opus Dei afecta al futuro de los egresados de universidades públicas y, por lo tanto, genera un desequilibrio en oportunidades.

Como egresada que soy de la Universidad Panamericana, siempre será un orgullo que se evalúe tan bien a mi alma mater, pero ello desde luego no nubla la empatía que siento respecto de otras universidades.

Dos ministras en la clásica tablita e inclusive una ya sin escapatoria

Tablita: “Salvarse en una tablita. loc. Escapar por poco de un peligro, salvarse a duras penas (como alguien que se salvó de un naufragio aferrándose a una tabla).

‘Diccionario breve de mexicanismos’ de Guido Gómez de Silva

La ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien es la quinta integtrante de la SCJN con un currículum ligado a la Universidad Panamericana, continúa siendo ministra a pesar de contar con acusaciones de plagio y un proceso pendiente para confirmar que recibió el grado de licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En su historial ha colocado ser diplomada en gobierno y administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública; así como especialista en derecho administrativo, fiscal y en el sistema financiero mexicano, por la Universidad Panamericana.

En contraposición, el prestigio de la UNAM se ha visto ensombrecido por el plagio, la dilación en la justicia y el silencio. La respuesta de la UNAM ante las acusaciones de plagio ha sido encomiable y desafiante al poder desde el momento en que el Comité Universitario de Ética, Cuética, realizó una investigación para determinar si el autor original de la tesis Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Artículo 123, Apartado A, fue el entonces alumno, ahora abogado, Edgar Ulises Báez en 1986 o bien si la hizo Yasmín Esquivel. Sin embargo, la ministra Esquivel exhibió que hacer amigos en los juzgados siempre será favorable, ya que mediante litigios y resoluciones ha logrado impedir que se haga público el resultado de esta investigación.

Ahora la UNAM ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el juez José Manuel Salazar Uribe, titular del juzgado 60º civil de proceso escrito de Ciudad de México, por abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia, después de rehusarse a dictar sentencia por un tiempo tan prolongado.

Detrás de estos esfuerzos se encuentra la perspectiva de que, si se confirmara el plagio, sería posible la anulación del título de la ministra y por lo tanto, resultaría inelegible para continuar ostentando la investidura de ministra o bien, tendría que subsanar las fallas, repitiendo el proceso de titulación que le permita continuar en el nivel más alto del poder judicial, aunque se haya destrozado la legitimidad misma de todos los involucrados.

Otra ministra en la tablita, quizá todavía con posibilidades de rescate, es la ministra Lenia Batres, cuyo pecado no es la elitista Universidad Panamericana, sino…

Batres guarda una ambivalencia en su currículum al ser egresada de la Universidad Humanitas. Esta institución bien podría compararse con un establecimiento mercantil de títulos ya que es una escuela privada en la que se cubren colegiaturas accesibles sin mayor exigencia académica, con un tiempo acotado a tres años para el estudio del derecho y cómodas facilidades para obtener el título. ¿Por eso es que ella se llama a sí misma la ministra del pueblo? ¿Ello podría explicar la dificultad de Batres para comunicarse y entender a sus pares? Lenia Batres sin duda posee un profundo conocimiento filosófico y sociológico sobre el poder y las desigualdades, pero en teoría y argumentación jurídica mantiene una desventaja notable, quizá más culpa de la no muy reconocida Universidad Humanitas que de ella.

Otro punto en contra de la ministra Lenia Batres es ser candidata a doctora por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que atiende una demanda de educación para personas de bajos ingresos y sin duda cuenta con un modelo innovador que era necesario para garantizar el acceso universal a la educación superior, pero que, la verdad sea dicha, está lejos de ser un modelo de escuela avanzada para estudios de posgrado verdaderamente profundos. Se nota cierta deficiencia en la preparación de la ministra Batres en los debates de la Corte, pero con estudio y esfuerzo es algo que podrá superar. Es decir, podrá hacer a un lado el populismo jurídico para empezar a conducirse como jurista de verdad.

La orgullosa representación de la Corte y las masas

En la Suprema Corte no sólo hay escuelas privadas de élite, también las hay de prestigio, como la Escuela Libre de Derecho, cuyos egresados mantienen la garantía de excelencia ofrecida por esa institución, que además de ser altamente estricta, es la única de la que emanan profesionales con el título de “abogado” y no de “licenciado en derecho”. Uno de ellos es el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, graduado con honores de la Escuela Libre de Derecho con una Maestría en derecho de amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores.

Otro caso notable, si bien no de la Libre de Derecho, es el de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Originaria de Monterrey, Nuevo León, se graduó con mención honorífica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, una institución pública de excelencia que demuestra que hay talento y conocimiento del derecho lejos del contexto centralizado de la capital.

No es la única de provincia. Es también el caso del ministro Javier Laynez Potisek, originario de Torreón, Coahuila y egresado de la carrera de derecho de la Universidad Regiomontana. Este abogado y su colega Ríos Farjat son la voz del noreste de México en la Corte, que es donde se precisa el alcance de las leyes para todo el país. Faltan en la SCJN las voces de muchas otras regiones.

Harvard tiene presencia en la Corte. Dos egresados de la UNAM, los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cuentan con estudios en una de las mejores universidades del mundo, la de Harvard. Más humanista el primero, más economicista el segundo, evidentemente recibieron una formación de calidad en Boston, Massachusetts. Y no, claro que no, contra lo que dice el presidente López Obrador no acudieron a aprender mañas a la universidad nacida en 1636: estuvieron ahí para prepararse en los fundamentos del derecho, que son universales.

La biblia lo enseña: No deben ser elegidos por voto popular

Como el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en la elección mediante voto directo de juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros, y dado que Morena parece encaminarse a una victoria total el próximo junio, vale la pena recordar la injusta condena a muerte de Jesús en manos del gobernador de Judea (provincia romana), Poncio Pilato, para entender por qué la justicia no puede estar en manos del voto popular.

Narra Marcos en su evangelio que, posterior a ser condenado por el Sanedrín, Jesús es conducido ante Pilato, presionado por los judíos para condenarlo. Cuando Pilato no ve motivo alguno para la condena decide intentar indultarlo sometiendo a votación el perdón a uno de ellos. La muchedumbre eligió salvar a Barrabás, un delincuente y no al hijo de Dios

Pilato exclamaba: “Inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis” (Mateo 27:24), dejando bien claro que, de la muerte injusta de Jesús, fueron las masas responsables. No todo puede dejarse en manos del pueblo porque, por sabio que sea, sometido a ciertas influencias puede equivocarse al tomar decisiones. Dejamos las votaciones solo para elegir al presidente y a integrantes del poder legislativo, y no caigamos en la tentación de ir más lejos. “Quien evita la tentación evita el pecado”, dijo Ignacio de Loyola, y dijo bien.