HRW: El proyecto de ley de amnistía general en Senegal podría dejar impunes graves abusos MPV

Dakar, 6 mar (EFE).- El proyecto de ley de amnistía general propuesto el pasado 26 de febrero por el presidente de Senegal, Macky Sall, podría dejar impunes graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el país en los últimos años, alertó la organización Human Rights Watch (HRW).

“Cualquier amnistía que refuerce la impunidad eximiendo de responsabilidad a funcionarios del Gobierno y de seguridad por graves violaciones de derechos humanos es incompatible con las obligaciones nacionales e internacionales de Senegal”, dijo en un comunicado difundido a última hora de este martes Illaria Allegrozzi, investigadora principal de HRW sobre el Sahel.

Según el borrador de la norma adoptado por el Consejo de Ministros senegalés la pasada semana, la medida cubriría “todos los actos que puedan ser clasificados como delito penal o correccional cometidos entre el 1 de febrero de 2021 y el 25 de febrero de 2024, tanto en Senegal como en el extranjero”.

Precisamente en ese periodo, HRW documentó repetidamente un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad contra los manifestantes que salieron a las calles en las fuertes protestas que han sacudido en los últimos años al país, incluyendo el empleo de munición real y el uso “indebido” de gases lacrimógenos.

Asimismo, señaló la ONG, al menos 40 personas han muerto en las violentas movilizaciones y, según la oposición y la sociedad civil, hasta 1.000 opositores, periodistas y activistas fueron detenidos entre marzo de 2021 y enero de 2023.

De estos, 344 fueron puestos en libertad tras el aplazamiento de las elecciones presidenciales previstas originalmente para el próximo 25 de febrero, según la ministra senegalesa de Justicia, Aïssata Tall Sall.

“Hay pruebas contundentes de que la abrumadora mayoría de aquellos arrestados en relación con manifestaciones lideradas por la oposición fueron arrestados arbitrariamente (…) por lo que poner fin a los procedimientos judiciales contra esas personas es un paso positivo”, señaló en declaraciones a HRW el abogado senegalés Moussa Sarr.

“Sin embargo, conceder una amnistía general a algunos miembros de las fuerzas de defensa y seguridad (…) es una traición a las víctimas y socava su acceso a la justicia”, puntualizó el letrado.

El proyecto de ley de amnistía general, que será hoy debatido en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), se ha topado también con el rechazo de parte de la oposición, en un contexto de alta tensión política en el país, por el aplazamiento electoral decretado por Sall el pasado 3 de febrero y declarado ilegal por el Consejo Constitucional.

La modificación de la fecha electoral desató fuertes protestas, a menudo dispersadas con dureza por la Policía y en las que murieron al menos cuatro personas.

Para poner fin a esta profunda crisis, el presidente impulsó la pasada semana un diálogo nacional, boicoteado por la inmensa mayoría de la oposición, que propuso como nueva fecha electoral el próximo 2 de junio, pendiente del pronunciamiento del Consejo Constitucional.

La oposición pide a Sall -quien se ha comprometido a dejar la Presidencia al término de su mandato, el 2 de abril- que establezca una fecha antes de agotar su mandato y se evite así la dilatación de su poder mediante un mandatario interino.

El jefe del Estado, por su lado, defendió la moratoria electoral por “la polémica sobre una candidata cuya doble nacionalidad (francesa y senegalesa) fue revelada tras ser publicada la lista definitiva”, algo que la Constitución senegalesa no permite a los aspirantes presidenciales.

Para Sall, ese descubrimiento reveló un “presunto caso de corrupción de jueces” que puso en cuestión el proceso de selección de candidaturas.