Javier Herrera Valles: el policía federal que fue encarcelado por testimonios falsos del abogado de ‘La Barbie’ Milenio

En diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente de México abanderado -entre muchas otras cuestiones- de la promesa de acabar con la corrupción.
Desde el llamado ‘amiguismo’ hasta los nexos con organizaciones delictivas, el mandatario tabasqueño aseguró que su administración se distinguiría de las de sus predecesores pues “no son iguales”.
Si bien dicha narrativa acompañó al líder del Ejecutivo hasta su último año de gobierno, recientemente se encuentra envuelto en una polémica luego de que diversos medios de comunicación hicieran pública una investigación que encabezó la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
En los documentos que la agencia antinarcóticos estadunidense puso al alcance de periodistas como Anabel Hernández o Tim Golden se describe una meticulosa operación que funcionarios estadunidenses pusieron en marcha para demostrar que la campaña presidencial que emprendió Andrés Manuel López Obrador supuestamente recibió un financiamiento de 2 millones de dólares provenientes del Cártel de Sinaloa.
La investigación no fue concluyente e, incluso, fue desechada por un Comité de revisión de actividad sensible (SARC en inglés) al no considerar contundentes las pruebas con las que contaban .
Sin embargo, entre el cúmulo de testimonios recabados por la DEA, destacó el de Roberto López Nájera, quien hasta 2008 se había desempeñado como abogado de un mediático y despiadado lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva: Édgar Valdéz Villarreal.
Diversos desacuerdos con La Barbie -alias del líder criminal- habrían orillado a Roberto López Nájera a acercarse a la Embajada de Estados Unidos y a la DEA para convertirse en testigo colaborador.
Y lo logró.
La fallida ‘Operación Limpieza’ Diversos expedientes judiciales de cortes estadunidenses tienen plasmadas en sus hojas las declaraciones del litigante, no obstante y de acuerdo con la información plasmada por Tim Golden, autoridades estadunidenses también permitieron que fiscales mexicanos interrogaran a su testigo estrella.
Fue así como la entonces Procuraduría General de la República (PGR) logró utilizar el testimonio de Roberto López Nájera y otros miembros de la delincuencia organizada como Sergio Enrique Villarreal -El Grande- para encarcelar a al menos 15 funcionarios públicos mexicanos como parte de una estrategia impulsada en el sexenio de Felipe Calderón denominada como “Operación Limpieza”.
El objetivo, según refieren reportes periodísticos de la época, era sacar de instituciones de seguridad a personal vinculado a la delincuencia organizada, entre los que destacó Javier Herrera Valles, quien para entonces ya se había ganado el repudio del entonces secretario de seguridad, Genaro García Luna.
Javier Herrera Valles: acusado y víctima"De forma respetuosa y atenta, solicito a usted Señor Presidente, designe a alguna persona de su confianza, ajena totalmente a la gente del Ing.
Genaro García Luna para que efectúe un análisis de lo anteriormente citado y esté en posibilidad de conocer la veracidad de lo aquí escrito, todo esto en beneficio de la sociedad mexicana", se lee en una de las dos cartas que comandante Javier Herrera Valles envió a Felipe Calderón con la finalidad de advertirle sobre la turbia gestión que encabezaba el Secretario de Seguridad Pública de su sexenio.
Corría el año 2008 y el Cártel de Sinaloa se fortalecía gracias a las meticulosas redes de corrupción que tejió en los tres niveles de gobierno, por lo que la solicitud del entonces Coordinador de Seguridad Regional no fue bien recibida por la administración del ex presidente panista, en especial por su apodado "súper policía".
Aquellas misivas con las que Javier Herrera Valles buscó "desenmascarar" a Genaro García Luna le valieron la destitución de su cargo, así como una serie de amenazas y hostigamiento por parte de integrantes de grupos delictivos presuntamente enviados por el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Ese sería solo el inicio de una persecución que culminó con la detención arbitraria del funcionario de la Policía Federal Preventiva (PFP) el 17 de noviembre de 2008.
De acuerdo con una remembranza del caso realizada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Javier Herrera Valles fue detenido sin contar con una orden de aprehensión en su contra, además de que fue víctima de tortura por parte de policía federales.
"En esta detención, el señor Herrera Valles fue golpeado en diversas partes del cuerpo, fracturándole una costilla y refiriéndose los elementos aprehensores: 'esto es por meterse con el Ingeniero García Luna'", se lee en un artículo publicado por la organización defensora de derechos humanos.
Tras su detención, el Coordinador Regional de la PFP fue trasladado a las inmediaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada de Delincuencia Organizada (SIEDO), en donde fue acusado de colaborar para distintos cárteles de la delincuencia organizada, en específico con el que aquellos años encabezaban Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y Arturo Beltrán Leyva.
La epifanía de JenniferLa Procuraduría General de la República (PGR) argumentó el arresto de Javier Herrera Valles y el resto de funcionarios públicos en las declaraciones de un testigo protegido al cual se le identificó con el nombre clave de Jennifer.
Años más tarde se revelaría que la persona detrás de dicho criptónimo era nada más y nada menos que Roberto López Nájera, el ex abogado de La Barbie que optó por convertirse en testigo colaborador de autoridades mexicanas y estadunidenses.
Dicho detalle desató una serie de críticas en contra del actuar de la PGR bajo el argumento de que la declaración de un criminal confeso no era motivo suficiente para mantener en prisión a jefes y empleados de la PFP.
No es un secreto que en su afán de evadir la cárcel, múltiples integrantes de la delincuencia organizada optan por acogerse a programas de testigos colaboradores, los cuales consisten en brindar a autoridades información relevante sobre las actividades de los grupos criminales a los que pertenecían a cambio de beneficios carcelarios y protección.
Aunque existen casos éxito en donde los testimonios de los colaboradores se han logrado sustentar en pruebas factibles, en muchas otras ocasiones la fiscalía presenta complicaciones para verificar la veracidad de sus palabras, tal y como sucedió en el caso de Javier Herrera Valles.
El ex policía federal fue condenado a 10 años y tres días de prisión el 23 de diciembre de 2011 por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit.
Sin embargo y tras presentar un recurso de apelación, en septiembre de 2012 lo absolvieron del delito de delincuencia organizada con modalidad de colaboración en el fomento, por lo que fue puesto en libertad.
La resolución -asignada por el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito- se determinó luego de que se demostró que el Ministerio Público Federal hizo uso de testigos protegidos que rindieron testimonios falsos.
La premisa fue también confirmada por el periodista J Jesús Lemus en su libro El Licenciado: García Luna, Calderón y el narco (2020)pues plasmó cómo él mismo fue encarcelado por órdenes del ex Secretario de Seguridad Pública a través de la fabricación de delitos y testimonios falsos.
Durante el tiempo que estuvo recluido en el Penal de Puente Grande, Jalisco el también escritor se encontró con Sergio Enrique Villarreal, otro testigo protegido en el caso de Javier Herrera Valles.
En el relato del periodista se señala que El Grande afirmó ante las autoridades que el policía federal recibía sobornos de Ismael El Mayo Zambada, sin embargo, en prisión había confesado en más de una ocasión no conocer a Herrera Valles.
Fue así como mientras Javier López Nájera y Sergio Villarreal recibían pagos mensuales por su colaboración con la PGR y la DEA -según Anabel Hernández-, el Coordinador de Seguridad Regional de la PFP pasó cuatro años de su vida en prisión como resultado de las declaraciones infundadas.
Su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2020 e incluso un Tribunal Federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso para que Javier Herrera Valles reciba una reparación del daño por una historia que estuvo plagada de corrupción, venganzas personales y un sinfín de irregularidades.
ATJ