Samuel García, de uno a siete años de prisión Impacto
Por transgredir el artículo 208 del Código Penal del Estado de Nuevo León * El gobernador neoleonés defraudó a Movimiento Ciudadano y a los militantes que confiaron en él por su mentira doble: No cumplió su periodo constitucional y aseguró que iba en segundo lugar en la encuesta presidencial * La corrupción y los malos manejos fueron el motivo por el cual prefirió abandonar la candidatura presidencial y regresar a poner en orden lo que se advierte en desorden
ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS
Samuel Alejandro García Sepúlveda es el gobernador y farsante del nuevo Nuevo León.
Hombre sin palabra, carente de moral y de ética política, juró cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Ni lo uno ni lo otro.
Cuando asumió el cargo de gobernador se comprometió a completar los seis años del periodo constitucional para el cual fue electo. Pronto él mismo se encargó de desmentir su juramento ante el electorado que defraudó.
El 4 de octubre anterior pidió licencia y se postuló como candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República.
Ridículamente se exhibía con unos tenis de color naranja que lo identificaban como el candidato oficial de la franquicia presidida por Dante Delgado, dueño y usufructuario de un movimiento que nada tiene de ciudadano.
Samuel García sabía que no tenía la menor posibilidad de ganar, pero se postuló como el esquirol favorito de Andrés Manuel López Obrador, aunque vociferaba ser el próximo Presidente de la República. Los hechos de su frustrada campaña así lo demuestran.
En su breve parafernalia de su escaso andar por el país, gritaba y se ufanaba de que ya estaba en segundo lugar y que pronto alcanzaría a Claudia Sheinbaum, la candidata impuesta desde Palacio Nacional, y que no sólo había alcanzado sino rebasado a Xóchitl Gálvez, pero sin algún sustento.
El pronunciamiento tenía el propósito de demostrar al electorado su alejamiento con el autor de las Mañaneras.
Sólo que la incontinencia verbal de López Obrador exhibió la connivencia entre el propio López, Dante Delgado y Samuel García.
En una de esas soporíferas mañaneras, López Obrador le dedicó 20 minutos a Samuel García para defenderlo de sus detractores y presentarlo como un hombre preclaro de la República.
Aunque ya se sabía, el propio López se encargó de ratificar que la misión de Samuel García era descarrilar el Frente Amplio por México y cooperar con el morenismo para robarle votos a Xóchitl Gálvez, la candidata que sí le quita el sueño a López Obrador.
Para solicitar su licencia y tratar de imponer como gobernador interino a Javier Luis Navarro Velasco, secretario general de Gobierno, Samuel García violó la Constitución del Estado de Nuevo León y de facto se convirtió en delincuente al encuadrar su conducta en el artículo 208 del Código Penal del Estado.
En su caminar delincuencial, el 23 de octubre envió al Congreso del Estado un oficio para informar que había impuesto a Javier Luis Navarro Velasco como gobernador interino, en términos del artículo 121 de la Constitución de Nuevo León.
Y en el exceso de su prepotencia política, el 18 de noviembre de 2023 publicó -en el Periódico Oficial del Estado- el decreto por el cual daba vigencia a la gubernatura del impostor Navarro Velasco.
De que Samuel García es además un defraudador constitucional está fuera de toda discusión.
El artículo 121 que da vigencia a la gubernatura espuria de Navarro Velasco, establece que cuando “la licencia es de 30 días naturales o menos, en los asuntos de trámite quedará como encargado del despacho el secretario que designe el gobernador, y en caso de no hacer la designación quedará el secretario de Gobierno quien desempeñará el cargo hasta que el gobernador reasuma sus funciones”.
Habría que recordarle al maestro y doctor en derecho Samuel García que la licencia concedida fue por más de 30 días y a partir del 2 de diciembre de 2023 al 2 de junio de 2024.
Lo anterior quiere decir que el espurio Javier Luis Navarro no fue designado sólo por 30 días para cubrir asuntos de trámite, sino para ejercer un interinato de seis meses con todas las facultades inherentes a un gobernador electo, mientras Samuel García perdía la elección presidencial y regresaba a terminar su periodo inconstitucional.
Si transgredió la Constitución de Nuevo León y el Código Penal, ya no puede continuar como gobernador, incluso, hubo una transgresión más cuando Navarro Velasco juró el cargo ante el propio Samuel García y no ante el Congreso de Nuevo León.
Habría que enseñarle a Samuelito la gravedad de su actuación y el inminente riesgo en que pone su gubernatura. La designación de Javier Navarro debió ser en estricta observancia de los mandatos establecidos en los artículos 118 y 122 de la Constitución Política de Nuevo León.
Del artículo 118 sólo obliga al comentario de señalar que contiene únicamente los requisitos para ser gobernador.
La transgresión grave a la constitucionalidad por parte de Samuel García Sepúlveda y Javier Luis Navarro Velasco quedó de manifiesto al omitir y no observar el mandato del artículo 122 de la Constitución de Nuevo León: “Si la licencia fuera por más de 30 días naturales o en caso de impedimento del gobernador debidamente comprobado, el Congreso del Estado o la diputación permanente en su caso, nombrará al ciudadano que se encargue interinamente del Poder Ejecutivo”.
Fue así como el Congreso del Estado, en ejercicio pleno de sus facultades, nombró a Luis Enrique Orozco Suárez gobernador interino en acatamiento a lo que establecen los artículos 118 y 122 de la Constitución neoleonesa, en un acto estrictamente apegado al Estado de Derecho, distinto a la omisión de García y Sepúlveda.
Queda pues de manifiesto las trampas en que incurrieron Samuel García y Navarro Velasco para imponer encargado del despacho al margen de la Carta Magna y la Constitución de Nuevo León que ambos juraron cumplir y hacer cumplir cuando asumieron el cargo conferido.
Como consta al país, y en especial a la ciudadanía y el electorado de Nuevo León, Samuel García hubo de regresar intempestivamente a reasumir sus funciones de gobernador con el carácter delincuencial del cual ha quedado marcado. Inició precampaña el 20 de noviembre y regresó a la gubernatura el 4 de diciembre. Ello quiere decir que únicamente gozó de licencia por dos días, ya que ésta surtió efectos a partir del 2 de diciembre.
De nuevo Samuel García defraudó a Movimiento Ciudadano y a los militantes que confiaron en él. Igual que mintió de cumplir su periodo constitucional, también mintió al asegurar que iba en segundo lugar para ganar posteriormente la Presidencia de la República.
Un sujeto con esa calidad moral y sin palabra no puede ocupar cargos superiores que afectan a la República, y en especial al estado de Nuevo León.
Es previsible entonces que su regreso adelantado se debe que al no quedar el gobernador que pretendió imponer, iban a brotar irregularidades en las cuentas del tesoro estatal.
Puede inferirse que la corrupción y los malos manejos fueron el motivo por el cual prefirió abandonar la candidatura presidencial y regresar a poner en orden lo que se advierte en desorden.
Sólo que hoy Samuel García puede ser sujeto de proceso penal al transgredir el artículo 208 del Código Penal del Estado: “Comete el delito de ejercicio ilícito del servicio público, el servidor público que incurra en cualquiera de las siguientes conductas: ejerza funciones que no le correspondan por su empleo, cargo o comisión”.
La pena a la que se haría acreedor Samuel García, es de uno a siete años de prisión y multa de diez a cien cuotas.
El delito previsto del artículo transcrito, cometido por Samuel García, es evidente. Asumió funciones ajenas a su autoridad y usurpó facultades que corresponden exclusivamente al Congreso de Nuevo León.
Tienen ahí los diputados locales la obligación ineludible de dar vista a la Fiscalía General del Estado para iniciar carpeta de investigación al todavía gobernador de Nuevo León que atentó en contra de la Constitución y de la legalidad a la cual debió de haber sido el primero en observar. Ampliaremos…
hojas_libres@hotmail.com
PD.- En próxima entrega analizaremos las aberraciones constitucionales en que incurrió Gabriel Domínguez Barrios, juez tercero de distrito en materia de trabajo de la Ciudad de México, en el amparo 3656/2023-6 para proteger a Samuel García y a Javier Sepúlveda.
El cargo Samuel García, de uno a siete años de prisión apareció primero en IMPACTO.
