Blanca Águila lamenta intimidación del Estado contra periodista; exige respeto al derecho a informar

La Diputada local, Blanca Águila Lima, exigió respeto y garantías de seguridad a las y los periodistas que ejercen su labor en el estado de Tlaxcala, a fin de evitar agresiones que pongan en riesgo su integridad y que reduzcan su derecho de acceder a información de interés público.

Durante la vigésima sexta sesión ordinaria de este martes, la Legisladora local lamentó en Tribuna Legislativa que el Gobierno del Estado encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, haya incurrido en prácticas que van en contra el libre ejercicio periodístico y, además, contra la libertad de expresión.

Lo anterior, al darse a conocer los actos de intimidación sufridos por la periodista tlaxcalteca, Ana Laura N. de Grupo Milenio, quien por medio de sus redes sociales acusó dichas prácticas durante un evento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala.

“Hoy vemos que en Tlaxcala resulta necesario callar la crítica periodística con actitudes que, como las ocurridas en contra de Ana Laura N., no hacen más que evidenciar el estado represor e intolerante que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros”, señaló.

Águila Lima precisó que los actos en los que incurrió el gobierno estatal desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana son totalmente cuestionables debido a que la actual administración se ha erigido como protectora de las mujeres y ha promovido un mensaje de atención y respeto a las garantías de este sector de la población.

“Hay que recordarle a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros que la erradicación de la violencia contra los periodistas en nuestro estado requiere un compromiso serio por parte de todas las partes involucradas, desde el gobierno hasta la sociedad civil”, dijo.

Al mismo tiempo, lamentó que el mensaje que ha promovido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador contra la prensa mexicana, esté permeando ahora en Tlaxcala a través de actos que contravienen el derecho de acceso a la información que a diario ejercen las y los periodistas en la entidad.

Al reconocer que las y los periodistas son el vínculo entre la sociedad y el gobierno al ser generadores de opinión pública, exigió que el gobierno estatal evite este tipo de conductas que atentan contra las garantías individuales consagradas en la Constitución, específicamente aquellas relacionadas con el derecho a informar y el derecho de acceso a la información pública, también conocido como derecho a saber.