Brasil fracasa en la lucha contra la corrupción, los casos aumentan y el estado de Santa Catarina encabeza la lista

Un informe que acaba de publicar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala con el dedo la corrupción en Brasil y su otra cara, la impunidad. En 117 páginas, el Grupo de Trabajo Anticorrupción de la OCDE expresa su “preocupación” por la capacidad del gigante latinoamericano para mantener el nivel de aplicación de las leyes contra el soborno extranjero “que había alcanzado en los últimos años”. El episodio más llamativo analizado en el texto es la decisión en septiembre pasado del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli de anular las pruebas del acuerdo entre los jueces de la principal operación anticorrupción de Brasil, la Lava Jato, y los ejecutivos de la constructora Odebrecht, que cambió de nombre a Novonor tras el escándalo.

El juez acogió la petición de Lula que cuestionaba la integridad de los sistemas de la compañía que registraban los pagos a cientos de políticos, empresarios y lobistas. En su sentencia, Toffoli llegó a decir que los jueces de la Lava Jato supuestamente practicaron la “tortura psicológica” para obtener pruebas de “personas inocentes”. Y que la situación es preocupante también se refleja en el párrafo del informe que dice que la OCDE “vigilará las posibles consecuencias de la decisión” de Toffoli sobre otros futuros acuerdos en casos de soborno en el extranjero. Una de las cuestiones planteadas por el documento es la impunidad en los casos de corrupción transnacional, como se refleja en el resultado de los juicios de la Lava Jato. Después de casi una década desde el inicio de la operación, señala la OCDE, “nadie ha sido condenado definitivamente y 8 de los 9 acusados han sido absueltos debido a la prescripción de los delitos”. Desde su adhesión a la Convención Anticorrupción de la OCDE en 2000, Brasil ha sido sometido a cuatro rondas de evaluaciones sobre la implementación de mecanismos de prevención y combate a la corrupción transnacional: en 2004, 2007, 2014 y ahora 2023.

El informe de este año propone una serie de recomendaciones para que Brasil aplique plenamente las directrices de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales y le da como plazo hasta octubre de 2025 para cumplirlas. Entre las medidas necesarias, según la OCDE, están el aumento de las penas por sobornos a particulares extranjeros y, sobre todo, el control del posible uso arbitrario de medidas disciplinarias. Brasil había iniciado el año pasado los trámites para ingresar a la OCDE, adhesión que posteriormente fue bloqueada por Lula una vez elegido presidente. Los criterios de adhesión son muy estrictos y la lucha contra la corrupción es uno de ellos. A finales de enero pasado, en la clasificación mundial de la corrupción publicada por Transparencia Internacional, Brasil ocupaba el puesto 98 de 180 países. La operación Lava Jato iniciada por un grupo de magistrados de Curitiba dirigidos por el juez Sergio Moro, hoy senador por uno de los partidos gobernantes de la coalición con Lula, Unión Brasil, había destapado por primera vez la caja de Pandora de la corrupción en el país. Sobre todo, había aparecido un sistema enfermo en el que los políticos chantajeaban a las multinacionales, especialmente en el sector de la construcción, con la exigencia de enormes sobornos. A pesar del gran esfuerzo de los magistrados, la Lava Jato se ha vaciado por completo recientemente y la liberación del ex gobernador de Río Sergio Cabral el pasado mes de febrero la ha enterrado definitivamente según muchos expertos. Cabral que había acumulado condenas por un total de 425 años era el último convicto de la Lava Jato.

También ha faltado un debate social compartido sobre el problema de la corrupción y la fragilidad de los controles y castigos. Esto explica en parte por qué tras las declaraciones del jueves de Jean Paul Prates, presidente de la petrolera nacional Petrobras, otra caja de Pandora abierta por la Lava Jato, sólo unos pocos periodistas de investigación brasileños señalaron públicamente los posibles riesgos. De hecho, Prates anunció que el cese de las sanciones estadounidenses en Venezuela está haciendo que Petrobras “piense seriamente” en volver a invertir en el país vecino con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Venezuela volverá a estar en nuestro mapa”, dijo Prates. Como señaló el periodista Leonardo Coutinho, “la ‘parceria’ de Petrobras con la petrolera venezolana PDVSA ha resultado en una de las mayores pérdidas de la historia de la estatal brasileña. Abreu y Lima se convirtieron en la refinería más cara del planeta, que no recibió un solo dólar de los venezolanos y quedó inconclusa. Pero Brasil quiere persistir en el error”. La construcción de la refinería de Abreu y Lima, en el estado nororiental de Pernambuco, comenzó en 2007, pero el proyecto está paralizado desde 2015, cuando la Lava Jato destapó pagos de sobornos a ex directivos y sobreprecios en las obras de la refinería. A finales de junio, Petrobras había anunciado la reanudación de las obras.

Pero si hasta ahora uno de los problemas de Brasil ha sido que muchas empresas suelen pagar sobornos, el verdadero tema es quién pide y luego recibe estos sobornos, es decir, los sectores políticos e institucionales. Un audio publicado por el sitio de noticias Metrópoles del diputado federal André Janones, del partido Avanti y más conocido por haber trabajado para la última campaña presidencial de Lula, ha causado polémica en los últimos días. En el audio, el senador, hablando de su primo Mac Janones, que también es su aliado político, dice que “quiere ganar las elecciones para robar millones en sobornos”. Pero no se trata de un caso aislado.

A principios de octubre, el Tribunal del Distrito Federal destituyó a Paulo Ricardo Andrade Moita como director general del Instituto de Previsión de los Empleados del Distrito Federal (Iprev-DF). Está siendo investigado por corrupción en el marco de la Operación Imprevidentes. Además, siempre la semana pasada concluyó el juicio de lo que se ha denominado la Lava Jato del Estado de Santa Catarina, que destapó a través de la Operación Messenger una trama de sobornos y fraudes en el sector de los residuos municipales por la que fueron detenidos 16 alcaldes. Se trata de la mayor operación anticorrupción llevada a cabo en la historia del estado hasta el momento. Con 16 operaciones en 2023, las detenciones por corrupción en Santa Catarina aumentaron un 147%, 19 solo en el primer semestre del año. Instituciones como la policía también presentan grandes vulnerabilidades. Esta misma semana, en Río de Janeiro, la Operación Drake de la Policía Federal detuvo a cuatro policías civiles acusados de tráfico de drogas y corrupción. Escoltaron 16 toneladas de marihuana para un traficante de Río de Janeiro a cambio de dinero.

También están aumentando los fraudes en el sector comercial. El caso del año fue el de la red de tiendas Americanas y su agujero de 43.000 millones de reales (8.541 millones de dólares) descubierto a principios de enero y calificado de fraude por un informe interno. Los principales accionistas de Americanas son los multimillonarios más ricos del país, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles y Carlos Alberto Sicupira, que sólo en 2022 se embolsaron en dividendos 100,3 millones de reales, es decir casi 20 millones de dólares. Lemann es mundialmente conocido por ser el propietario de Ambev, el mayor productor de cerveza de América Latina. Es el 71º hombre más rico del mundo según el Bloomberg Billionaires Index, con un patrimonio neto estimado de 21.000 millones de dólares (en 2017 eran 32.000 millones).

Hasta ahora nadie ha sido condenado y la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) creada para tratar el asunto terminó en un punto muerto. El único elemento positivo es que durante los trabajos de la comisión se formularon no menos de cuatro proyectos de ley contra la corrupción empresarial, que podrían cambiar el escenario de la lucha contra ese gran problema de Brasil. Este mismo año se cumple el décimo aniversario de la ley anticorrupción, nº 12.846. Para Dimas Ramalho, consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de San Pablo, supuso un cambio de época para Brasil: “Hasta entonces, la legislación sobre el tema sólo abordaba una parte de la actividad ilícita: el agente estatal corrupto. Con la nueva ley, por fin fue posible cerrar el círculo de la prevaricación en detrimento del erario público, ya que el objetivo es responsabilizar civil y administrativamente a las personas jurídicas corruptas que sobrepujaron por contratos, amañaron licitaciones y pagaron sobornos”.

Después de 10 años, sin embargo, como también mostró el informe de la OCDE, se necesitan nuevos mecanismos para frenar un fenómeno hasta ahora incontrolable en Brasil. Uno de los proyectos de ley surgidos de la CPI es el 4.705/23, que tipifica el delito de infidelidad patrimonial. Este crimen, ya regulado en países como Alemania, Portugal, España, Italia y Suiza, se caracteriza por el abuso de poder en la administración de bienes ajenos, con el objetivo de obtener una ventaja y causar daños a los bienes administrados.

En Brasil, el delito no está contemplado y esto representa una grave laguna en el derecho societario. Otro de los proyectos de ley, el PL 4.704/23, se centra en la responsabilidad civil de los administradores de sociedades anónimas y establece normas para la indemnización de daños y perjuicios y la devolución de los bonus, premios o gratificaciones pagados por las empresas en casos de fraude. El PL 202/23, pretende proporcionar a los auditores una imagen más clara del endeudamiento de las empresas. Por último, el proyecto de ley 4.706/23 mejora el sistema de protección de los llamados denunciantes de buena fe, o whistleblowers, que denuncian y presentan información relevante sobre actividades ilegales en la empresa. Si estos proyectos se concretan, Brasil podrá crecer realmente en la difícil lucha contra la corrupción.