En abril y mayo de este año, miembros de ese equipo se reunieron con víctimas, representantes de la sociedad civil, del sistema judicial, sindicatos de policías, responsables federales o locales, en Washington, Atlanta, Los Ángeles, Chicago, Mineápolis y Nueva York.
Su informe, enviado el jueves a los medios, subraya el “racismo sistémico y profundamente anclado” hacia la comunidad negra en Estados Unidos y afirma que esta “herencia de la esclavitud […] se expande en el conjunto de las fuerzas del orden y del sistema judicial” estadounidenses.
“Hemos escuchado decenas de testimonios estremecedores sobre la forma en que las víctimas no obtienen justicia ni compensación” alguna, declaró una de las expertas, Tracie Keesee, en un comunicado.
“Se trata de un problema sistémico que requiere una respuesta sistémica. Todos los actores concernidos, incluidos los servicios de la policía y los sindicatos de la policía, deben aunar fuerzas para luchar contra la impunidad reinante”, exigió.
El grupo de expertos fue creado en julio de 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cerca de un año después de la muerte del afroestadounidense George Floyd, al que un policía blanco mató el 25 de mayo de 2020 en Mineápolis (Minnesota), para investigar las acusaciones de violencia policial motivadas por el racismo en todo el mundo.
Según su informe, varios estudios muestran que los afroestadounidenses tienen el triple de posibilidades que la población blanca de que un policía los mate, y 4,5 veces más posibilidades de ser encarcelados.
“Existen pruebas sólidas que sugieren que el comportamiento abusivo de algunos policías forma parte de un esquema más amplio”, observó por su parte el investigador Juan Méndez.
“Las actitudes de la policía y del sistema de justicia penal estadounidenses reflejan las actitudes de la sociedad estadounidense”, consideró, subrayando la “urgente necesidad de una reforma global”.
El reporte presenta 30 recomendaciones dirigidas a la administración de Estados Unidos y los 18.000 servicios de la policía de ese país.
El grupo de expertos pide que los policías armados dejen de ser los primeros en ser enviados automáticamente a un lugar en situaciones de crisis, sobre todo cuando se trate de cuestiones relacionadas con la salud mental, los sintecho, la circulación y los centros escolares.
