José Ramón Cossío recupera la historia del intento de asesinato a Gustavo Díaz Ordaz Editorial Aristegui Noticias
La incapacidad del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz para otorgar un proceso legal adecuado a Carlos Castañeda, quien intentó matar al presidente en 1970, fue una muestra de la debilidad que el Estado mexicano tenía en ese momento, consideró el abogado José Ramón Cossío, al presentar su libro más reciente Que nunca se sepa. El intento de asesinato contra Gustavo Díaz Ordaz y la respuesta brutal del Estado mexicano (Debate, 2023).
En el Aula Mayor de El Colegio Nacional, el colegiado se refirió a los acontecimientos del 5 de febrero de 1970, cuando se produjo el intento fallido de un hombre de 28 años por atentar contra Gustavo Díaz Ordaz y la reacción del Estado mexicano, quien le detuvo y torturó hasta declararlo “jurídicamente incapaz” y, literalmente,
Si existen registros de que el gobierno de Díaz Ordaz asesinó y desapareció a “muchas personas”, preguntó José Ramón Cossío: “¿Por qué no lo mató el Estado mexicano?, ¿por qué no lo desapareció?, ¿por qué no lo llevó a un juicio penal como a cualquier persona?, ¿por qué la idea de desaparecerlo, no en el sentido físico de las tragedias que estamos viviendo en el país, pero en el sentido de darle una muerte civil, esconderlo, invisibilizarlo bajo una condición privada?”.
Recordó que en el momento en el que se da el intento de asesinato del presidente Díaz Ordaz, en México el recuerdo de 1968 aún era “brutal”; además, en esos días estaba en campaña rumbo a la presidencia, Luis Echeverría Álvarez, quien competía “contra un candidato del PAN, contra Hinojosa, que no tenía ninguna posibilidad de ganar, entonces no era una amenaza real” y estábamos a unas semanas del inicio del Mundial de fútbol México 70 “cuando se corona Brasil con los goles de Pelé”.
Debilidad del Estado
Lo sorprendente del caso y para el cual no existe una respuesta, estimó Cossío, es “¿por qué el Estado toma esta idea de decir: ‘voy a desaparecer, me voy a comer a una persona y esta persona no va a volver a existir sobre la faz de la tierra’?, ¿es el temor del presidente Díaz Ordaz, él, el individual, de decir no es el gran hombre de México? o ¿es el temor a que hubiera una conspiración católica en ese momento para deshacerse del presidente y se cayera la narrativa del combate al comunismo?”.
O bien, “¿es un sistema político ya tan agotado que no podía mostrar una fisura frente a un pueblo o el pueblo de México?, ¿es esta especie de prurito internacional donde no se podía saber que el presidente de México había tratado de ser asesinado por un mexicano a unos días del Mundial de fútbol, como antes pasó a unos días de la Olimpiada del 68? No tengo una respuesta”.
En el libro, explicó el abogado, “planteé el abanico de las posibilidades, pero me parece que lo que muestra el caso es un Estado en enorme debilidad, sin importar las causas, porque a mí me parece que un Estado fuerte, un Estado que se respeta, un Estado que sabe dónde está posicionado y los agentes que actúan. Un Estado que está bien plantado dice: ‘sí, es verdad, hubo una persona que quiso atentar contra el presidente y esta persona que quiso atentar contra el presidente va a ser sometido a un proceso penal, a un debido proceso penal, donde se le van a garantizar todos los elementos, y, al final de cuentas, va a ser declarado responsable de estos delitos’”.
Si la persona está mal de sus facultades mentales, agregó, “irá a una institución de salud, si no está mal de sus facultades mentales, bajo los procedimientos estándares de la época, irá a una pena de prisión. Ese me parece que es un Estado fuerte, es un Estado que es capaz de decir: ‘tengo unas normas, se dieron unos supuestos que son los de las normas y puedo seguir los pasos hasta llegar a donde está’”.
“Aquí lo que me muestra, o me parece mostrar, es un Estado que está en una situación de, insisto en la expresión: de debilidad, que no sabe qué hacer con sus representaciones y que lo que mejor que se le ocurre, es ocultar un problemón que se le presentó en ese momento. Es un Estado que no puede mostrar una fractura, que no puede mostrar una debilidad”.
Pero ¿por qué?, cuestionó José Ramón Cossío, “porque la representación que probablemente tiene de sí mismo el Estado le impide moverse en ese campo de las debilidades, de las fracturas, no lo sé. Por ahí está el libro”.
El atentado contra Díaz Ordaz
El ex ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, señaló que su libro fue construido a través de informes de la extinta Dirección Federal de Seguridad, entrevistas y reportes firmados por personal médico, para reconstruir un caso que se intentó, y casi se logra, borrar de la historia.
“El 5 de febrero de 1970, Carlos Francisco Castañeda de la Fuente se despierta, lee los periódicos, a veces dice que La Prensa, El Universal o el Excélsior y,
Carlos Castañeda “lee el periódico y en ese momento toma su pistola Luger, la mete en un maletín —él había comprado unos meses antes esa pistola Luger—, se va corriendo al Hemiciclo a Juárez; llega y se da cuenta que no va a poder disparar contra el presidente Díaz Ordaz porque hay una guardia muy grande. Regresa al Monumento a la Revolución, se para en la esquina que hace la avenida Valentín Gómez Farías e Insurgentes Norte y está con su pistola dentro de un maletín”.
El colegiado relató que cuando Carlos Castañeda vio pasar un automóvil grande, supuso, por los gritos que escucha, que es el automóvil del presidente Díaz Ordaz. Dispara. La pistola se encasquilla. La bala perfora la portezuela trasera izquierda del automóvil, pero ahí está el general García Barragán, secretario de la Defensa, con el cual lo confunde. Hay distintas versiones de quién lo detiene: un agente de tránsito, un chofer de un funcionario que estaba en ese momento en la ceremonia, y lo llevan a la Dirección Federal Seguridad, cuyas oficinas estaban a escasas tres cuadras de ese lugar.
En el sitio “está unos 10 días, donde lo tortura, le practican unas pruebas criminológicas para ver cuál era su estado de salud, para ver si estaba inmiscuido con algunas otras personas en ese atentado, finalmente lo trasladan al Campo Militar número uno, ahí está cuatro meses”.
Las autoridades suponen entonces que detrás del atentado “hay una conspiración y, dada las declaraciones que hace el señor Castañeda, van al departamento de sus hermanos, en la colonia San Rafael, y los detienen también, los llevan varios días a la Dirección Federal Seguridad. Al parecer no sufren los mismos golpes, las mismas torturas que su hermano, pero si son maltratados; rompen todo el departamento para ver si hay armas, para ver si hay documentos, para ver qué pasó, y la autoridad se va convenciendo, por las declaraciones y las reiteraciones del señor Castañeda, que es una persona que atentó, que planeó, que decidió actuar en solitario”.
En ese momento, agregó Cossío, “se presenta uno de los momentos más interesantes, más complicados y trágicos del asunto: aquí es donde entra la reconstrucción de las hipótesis porque no hay ningún documento que lo considere. En ese momento el Estado mexicano ya había desaparecido personas, entonces, la primera pregunta es: ¿por qué si el Estado mexicano le quería hacer algo al señor Castañeda, no lo desapareció? Segunda: ¿por qué no lo mató si el Estado mexicano ya había matado personas? Tercera: ¿por qué no lo llevó a un proceso penal?, que es lo que correspondía. Esta persona sí había cometido delitos: el delito de portación de un arma de fuego prohibida, un daño en propiedad ajena, agujero de un automóvil del gobierno federal, de la Secretaría de la Defensa, puede ser un daño menor o mayor, pero es un daño, y tercero, hay un intento de asesinato, una tentativa de homicidio”.
Los tres delitos estaban tipificados “y con una sólida jurisprudencia en la corte, de forma que, si lo hubieran llevado a un juicio penal ordinario normal, él hubiera confesado los delitos, lo hubieran sometido a un proceso y le hubieran correspondido algunos años de cárcel, pero si estaba mal de sus facultades mentales, bueno, lo hubieran sometido a unas medias de tratamiento en un hospital psiquiátrico”.
Nada de eso, sin embargo, sucede y “acontece una de las cosas más extrañas que yo he visto en el campo del Derecho, y es que se toma la decisión de declararlo incapaz; se convence a los hermanos, o se presiona o se somete a los hermanos, para que presenten un documento en el que le solicitan a una juez de lo popular, se llamaba entonces, lo que ahora se conocen como jueces de lo familiar, para que lo declare incapaz mentalmente y le asigne la tutela a una persona dentro del grupo de tutores que tenía el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, del entonces Distrito Federal”.
En el Campo Militar número Uno lo visita un psiquiatra, quien lo declara como esquizofrénico y paranoico y, con el diagnóstico, inicia un juicio para declararlo con incapacidad mental. “El juicio dura cuatro días, las audiencias se celebran en el sanatorio psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno” y una vez terminado no lo meten al Pabellón 5 que le correspondía, sino que “le construyen una celda especial. Es una construcción pequeña que la ponen en el centro del hospital, la rodean con una barda de concreto, luego le ponen una cerca de alambre y ponen una caseta para que, durante cuatro años, 24 horas al día, dos agentes de la Secretaría de Gobernación lo custodien para que nadie pueda hablar con él”.
Es hasta 1993, cuando Norma Ibáñez visita el hospital psiquiátrico para elaborar su tesis y conoce el caso. “Un buen día le dicen al señor Castañeda, pues ya váyase”, su hermano se hace cargo de la tutoría de Castañeda, pero vive 11 años en condición de calle hasta que lo atropellan en la colonia Juárez y “muere prácticamente ahí, en la calle. Como a las cuatro de la mañana lo llevan al hospital de Xoco y le hacen pruebas para ver si había una situación de consumo de drogas, consumo de alcohol: nada de eso pasó” y entregan el acta de defunción un año después.
