Así está el panorama de los presos del paro nacional y las condenas por infiltraciones: “No se puede opacar o señalar el estallido social como algo malo” Infobae

El 30 de junio, un grupo de jóvenes detenidos durante el paro nacional de 2021 y recluidos en la cárcel de Palmira inició una huelga de hambre a modo de protesta contra el Gobierno nacional, pues desde agosto de 2022 han exigido la instalación de una mesa de negociación que tenga cinco motivos principales, entre ellos su liberación.

El 12 de julio, integrantes del colectivo Jhonatan Sabogal suspendió esta protesta luego de una reunión con delegados de la oficina del alto comisionado para la Paz (Oacp) y la consejería presidencial para la Juventud en la que se acordó instalar una mesa de conversación para resolver la situación de estos y otros capturados durante el estallido social y que son considerados presos políticos.

Que se sean reconocidos como actores políticos no armados y que su encarcelamiento se produjo dentro de la participación del derecho a la protesta social; que se garantice el derecho a la vida de los detenidos y sus familias; que sean establecidas condiciones dignas de seguridad y salubridad con otras personas que se encuentran en las cárceles y establecer los mecanismos necesarios para sus liberaciones. Esas son las peticiones de los presos que duraron 13 días en huelga de hambre y que, ahora, tienen la posibilidad de negociar con la actual administración una boleta hacia sus libertades.

Más allá de los acercamientos, el panorama para la gran mayoría de quienes aún están en proceso de judicialización (ya sea en una cárcel o bajo libertad condicionada) es complejo. De acuerdo con Diana*, que irá a juicio tras haber sido detenida en el paro por participar en calidad de defensora de derechos humanos, varios jóvenes han denunciado montajes judiciales, señalamientos y persecución durante sus procesos.

De acuerdo con lo indicado a Infobae Colombia, el viernes 14 de julio se llevó a cabo una mesa técnica con la Oacp para la construcción de las bases que armarán la mesa de diálogo el miércoles 19 del mismo mes.

“La instalación de la mesa se empezó a solicitar desde noviembre y diciembre del año pasado, pero todas las exigencias alrededor de la atención de la salud física, emocional y psicológica, pero sobre todo hacia la libertad de todas y todos, son exigencias que se han mantenido desde el día uno”, precisó la también vocera del colectivo ‘Objetivo libertad’ que hace seguimiento y acompañamiento a la situación de los detenidos.

Otro de los pedidos es que más jóvenes que estén recluidos en otras cárceles del país hagan parte de la mesa; de hecho, ese fue uno de los temas que se discutió en el espacio técnico del viernes 14. Según registros de ese colectivo, hay 307 personas en proceso de judicialización con motivo de las protestas desarrolladas en 2019 y 2021. De estas, cerca 140 continúan en las cárceles; sin embargo, aún hay datos sin consolidar porque hay jóvenes que fueron exiliados y otros están en un ‘limbo’ judicial.

“Dentro de las 300 personas que estamos siendo judicializadas hay diferentes expresiones del movimiento social y popular, no solamente hay integrantes de la primera línea; sino que también existimos personas defensoras de derechos humanos, como es mi caso. Yo estoy siendo criminalizada por mi labor como defensora acá en Boyacá, pero también hay sindicalistas, personas que estaban haciendo APH –atención prehospitalaria– en las calles e integrantes de ollas comunitarias”, explicó Diana* a Infobae Colombia.

Sobre el fallo contra cuatro jóvenes acusados de hacer parte de disidencias Farc y ELN dentro de las protestas

Tanto para Diana* como para otros movimientos sociales que hacen seguimiento a la situación de los detenidos en las protestas, sí hay una persecución contra quienes participaron en las movilizaciones de 2019 y 2021. Para Isaac Morales, coordinador de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la fundación Paz y Reconciliación (Pares), sí hubo personas que tuvieron la intención de generar afectaciones a bienes públicos y privados y a las fuerzas del Estado.

El 12 de julio un juez de la república emitió un fallo condenatorio contra cuatro jóvenes acusados de pertenecer a disidencias de las extintas Farc que participaron en parte de los actos vandálicos realizados durante las manifestaciones. Sumado a eso, se determinó que uno de los implicados tenía vínculos con el ELN, y en ese orden, esa guerrilla también estuvo infiltrada en el estallido social a partir de lo señalado.

Teniendo en cuenta esa decisión, el experto enfatizó ante Infobae Colombia que esto hay que separarlo de los jóvenes que fueron detenidos solamente por su participación en el derecho constitucional de la protesta.

“Una cosa son estas personas que tuvieron una real intención de hacer daño en un sentido delincuencial o criminal, que seguramente le responderán a algún tipo de estructuras, pero no se puede opacar o señalar el estallido social como algo malo porque hace parte de un proceso legítimo dentro del ordenamiento constitucional colombiano”, mencionó.

Tema aparte, desde colectivos como Objetivo Libertad y Libres y absueltxs les queremos se habla de incluso montajes judiciales contra parte de jóvenes ya sentenciados y parte de los que aún tienen su situación jurídica sin resolver.

Si bien Morales indicó que en Colombia ya hay antecedentes de este tipo (como el Caso Lebrija, en el que hubo un ‘falso positivo’ judicial contra seis estudiantes de la Universidad Pedagógica señalados de terroristas) se debe analizar caso por caso para determinar si los judicializados cometieron los delitos imputados por la Fiscalía.

“Si las pruebas están claras y concretas alrededor de determinados casos, atendiendo que cada caso debe ser judicializado de forma individual, no sé qué tan prudente o serio sea hablar de montaje judicial en algunos de estos casos. Eso sin desconocer que históricamente en Colombia ha habido montajes alrededor de muchos temas, eso sí es verdad”, afirmó el experto.

Por otra parte, para Diana* hay un escenario general incierto sobre las decisiones judiciales y la propuesta del Gobierno nacional de designar vocerías de paz a jóvenes detenidos mientras se resuelve el ‘limbo’ por el que atraviesan. “Mientras logramos esa libertad de todas y de todos, ya sea mediante esta mesa de diálogo o una amnistía o mediante alguna alternativa política o jurídica que se logre, pues hay que enfrentar los procesos porque esa es la realidad que tenemos”, dijo la aún procesada por su presencia en las manifestaciones.

*Nombre cambiado para protección de identidad.