FGE investiga a alcaldes y diputados por presuntos delitos graves en Guerrero Milenio

La Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves (FEIDG), dependiente de la Fiscalía General del Estado de Guerrero(FGE), tiene abiertas dos carpetas de investigación que involucran a diez alcaldes y alcaldesas, una diputada local y un síndico.
Se trata de servidores públicos con fuero constitucional que militan en el PRI, PRD, MC y Morena.
?El viernes 7 de julio, el titular de la FEIDG, Germán Reyes, entregó a la Mesa Directiva del Congreso local, presidida por la perredista Yaneli Hernández Martínez, el oficio FGE/FEIDG/925/2023.
En dicho oficio, se solicitan copias certificadas de las actas de protesta o, en su caso, las constancias documentales que acrediten a los servidores públicos relacionados con las dos carpetas de investigación derivadas de la presunta comisión de delitos graves.
El oficio fue recibido ese viernes a las 15:08 horas, como se confirma con el acuse de recibo correspondiente.
Primera carpetaLa primera carpeta de investigación abierta en el área de delitos graves es la 12020910300010290423.
Por esta carpeta se solicita información relacionada con la toma de protesta de César Ortiz Torres, quien ganó la presidencia municipal de Acapetlahuaya, en la región Norte del estado, impulsado por el Movimiento Ciudadano (MC).
Derivado de la misma carpeta de investigación, se pide información sobre los priistas Mayte Arce Jaimes, alcaldesa de Cutzamala de Pinzón; Bulmaro Torres Berrum, de Arcelia; Cuauhtémoc Mastachi Aguario, de Pungarabato; José Luis Antunes Goicochea, de Tlapehuala, y Víctor Hugo Vega Hernández, de Ajuchitlán del Progreso.
Los alcaldes perredistas relacionados con la misma carpeta son Eusebio Echeverría Tabares, de Coyuca de Catalán, y Freddy Vázquez Palacios, de San Miguel Totolapan.
En la lista presentada al Congreso local se encuentra la alcaldesa morenista de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, hija del ex dirigente estatal del PRD, Martín Mora Aguirre, y hermana de la ex diputada Celeste Mora.
Por la misma causa, se solicita la documentación relacionada con la diputada perredista Elzy Camacho Peñaloza, hija del finado ex alcalde de Coyuca de Catalán, Elí Camacho Goicochea.
Segunda carpetaHay otra carpeta de investigación en manos de la FEIDG, la 12020910200016250623.
En esta involucra a la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, y su síndico, Andrei Marmolejo Valle.
También se solicitó la copia certificada de los documentos que acrediten el encargo que actualmente ostentan.
Reservada, la información sobre las causas penalesEn la argumentación de los oficios entregados, la FEIDG explica que los documentos requeridos contienen información necesaria para el esclarecimiento de los hechos que se indagan dentro de la respectiva carpeta de investigación, "misma que se mantiene bajo reserva en atención a los artículos 15, 105, 106 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales".
Detalla que, con base en la interpretación relacionada con los artículos antes mencionados, "solo las partes de una carpeta de investigación o bien, de todo el proceso penal, tendrán acceso a los registros de la indagatoria.
Para ello, es conveniente precisar los sujetos que tienen reconocida calidad de parte en un procedimiento penal.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su artículo 105 que son sujetos del procedimiento penal: la víctima y ofendido; el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.
Lo que conoce la opinión públicaSi bien la FGE mantiene bajo reserva la información que relaciona a los alcaldes, la diputada y el síndico, la opinión pública tuvo conocimiento de la participación de las autoridades municipales en el bloqueo de 72 horas que se registró en las carreteras de la Tierra Caliente durante los primeros días de mayo.
Dichos bloqueos derivaron de un decomiso realizado por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de 11 autos de lujo, que fueron retirados de Pungarabato con apoyo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.
En los bloqueos participaron los presidentes municipales, pero además, representantes de la delegación de gobierno, delegados de los servicios educativos y hasta coordinadores de los "servidores de la nación".
Las unidades de lujo fueron aseguradas en una presunta casa de seguridad del grupo conocido como "La Familia Michoacana".
En el caso de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, y su síndico, Andri Marmolejo, se refiere que fueron mencionados en dos cartulinas abandonadas en la madrugada del 24 de junio en el barrio de San Mateo, justo en el parabrisas de una camioneta de lujo en la que se abandonaron siete cadáveres desmembrados.
Posteriormente, se dieron a conocer dos videos en los que se observa a la alcaldesa Otilia Hernández dialogando con un supuesto capo del crimen organizado, a quien el obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, identifica como Celso Ortega Jiménez, supuesto líder del grupo criminal de "Los Ardillos".
MO