El triángulo de las Bermudas

Oficialmente, ocho jóvenes han desaparecido en poco menos de dos años en la zona de antros en Mexicali. Extraoficialmente se mencionan al menos otros tres de los que, en el mismo lapso, nada se sabe. Las investigaciones, si es que las hay, no han conducido a nada. No hay detenidos, no hay sospechosos, ni idea alguna de quién o quiénes pudieron haber participado en la desaparición, seguramente forzosa, de estas personas. Y si se sabe, callan como momias.

La Fiscalía General de Justicia del Estado a cargo de Ricardo Iván Carpio Sánchez no da resultados. No atina a una. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Militarizada), General Leopoldo Aguilar Durán, anda por las mismas. Su jefa, la gobernadora Marina del Pilar Ávila, ocupadísima en las redes sociales, no tiene tiempo para atender las demandas de los familiares de las víctimas. Y a Pedro Ariel Mendívil, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, sólo le alcanza para su retórica de “reforzar” la vigilancia en la zona del conflicto, discurso repetido por la alcaldesa Norma Bustamante y apuntalada por el secretario del Ayuntamiento, Daniel Valenzuela Alcocer, con su tema de fortalecer la vigilancia en los cierres de dichos establecimientos.

Mediocridad, indolencia, impunidad, complicidad, corrupción, incapacidad, tolerancia, favoritismo, compadrazgos, negocios personales, protección son, entre otros, elementos que confluyen para que la delincuencia se haya apoderado de esos sitios que deberían ser de diversión, sí con bebidas alcohólicas y música estruendosa si se quiere, pero que se han convertido en centros de distribución y consumo de diversas drogas ante la inacción de las autoridades. Pero también de peligro.

Es un secreto a voces que, en algunos antros de moda, son varios los clientes hombres en su mayoría, que luego de consumir alguna bebida se muestran eufóricos o con ganas de pelear con quien se les ponga enfrente. Jóvenes sanos que se han negado a comprar droga salen embrutecidos, en el mejor de los casos, o sacados a rastras y golpeados por los elementos de seguridad privada que cuidan el lugar. A unos metros, las patrullas municipales los esperan, no precisamente para auxiliarlos y protegerlos, sino para exprimirles la cartera.

La desaparición el pasado 8 de abril, Sábado Santo, de David Alfonso Melecio Rodríguez, Manuel Bramasco y Mauricio Andrés Verdugo Fragoso, denunciada por sus familiares en las redes sociales, puso en evidencia una vez más las redes de complicidad que existen, entre algunos empresarios de antros en Mexicali y que seguramente se da en otras ciudades del Estado, con grupos delincuenciales. Es imposible ocultar que estos empresarios gozan de la protección de autoridades de los tres niveles de gobierno, así como de los cuerpos policiacos.

Sus negocios siguen sin ser tocados y un ejemplo claro y reciente está en el antro Shots, de la avenida Montejano, lugar donde acudieron y fueron vistos por última vez con vida, los tres jóvenes desaparecidos. A pesar de ser una escena del crimen, nadie se atrevió a ordenar su cierre para realizar las investigaciones correspondientes. El lugar sigue operando como cualquier día, con absoluta normalidad y cerrando hasta que el cuerpo aguante.

Ni por cuestiones de imagen institucional, la Fiscalía General del Estado resguardó el local. El gobierno municipal, por su parte, solo se atreve a amenazar con revisar los horarios y aumentar los rondines de la vigilancia policiaca o exigir a los empresarios la capacitación certificada de su personal de seguridad. Mientras en las familias de estos y cientos de desaparecidos la desesperación crece, en las redes sociales la irritación social se manifiesta con mayor fuerza, la sociedad en general exige resultados, menos retórica fácil y repetitiva.

Los empresarios tienen derecho a hacer negocios y los jóvenes necesitan divertirse. Pero la sociedad exige seguridad y protección para con sus ciudadanos y no para los grupos criminales que, en absoluta impunidad, a veces de manera abierta, sabedores de que las autoridades no moverán un dedo en su contra a menos que dejen de pagar sus cuotas, podrán seguir envenenando y, como es el caso, desapareciendo personas.

Es tiempo de que la señora gobernadora, como responsable de la tranquilidad, paz y seguridad de los bajacalifornianos, ponga atención a los temas importantes. Puede seguir haciendo sus tiktoks y facelives si quiere que a nadie molestan y si, en cambio, divierten a muchos. Pero su función, como gobernante electa, es cumplir con la responsabilidad constitucional de proteger a todos los bajacalifornianos. Es imposible evadirla.

Suena duro, pero transcurrida una semana, resulta casi imposible recuperarlos y regresarlos con sus familias. Pero sí pueden, si quieren, evitar más desapariciones. Y no será con declaraciones ni falsas poses de solidaridad, sino con acciones y estrategias claras, medibles, con el aprovechamiento de la tecnología y la integración de cuerpos investigadores confiables. Pero, sobre todo, romper con la protección e impunidad que reciben, por amistad o corrupción, muchos de estos negocios. Sólo así desaparecerá el Triángulo de las Bermudas.

*El autor es periodista con 45 años de experiencia, licenciado en periodismo, asesor en comunicación y marketing político, consultor de medios.