Cancelan amparo de Tomás Zerón contra orden de aprehensión por tortura en el caso Ayotzinapa El Sur de Acapulco
Ciudad de México, 25 de marzo de 2023. Un tribunal federal canceló el trámite de un amparo promovido por Tomás Zerón de Lucio, contra la orden de aprehensión que pesa en su contra por las supuestas torturas a un presunto narcotraficante implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El Décimo Tribunal Colegiado Penal en esta capital sobreseyó o dejó de tramitar el amparo en revisión del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el argumento de que existe otro amparo en curso contra el mismo mandamiento de captura.
Los magistrados del colegiado confirmaron el fallo de primera instancia dictado por Luz María Ortega Tlapa, jueza octava de Distrito de Amparo en la Ciudad de México, quien resolvió en octubre pasado que esta demanda de garantías era improcedente porque Zerón lo presentó contra los mismos actos que ya combatía en otro amparo.
Los hechos que le atribuyen en este asunto son las torturas a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, operador del grupo criminal Guerreros Unidos, tras su detención en 2015.
En julio del 2020 circuló en redes sociales un video en el que aparece el ex mando policiaco al frente de un interrogatorio en el que El Cepillo se encuentra sometido y rodeado por otros elementos de la corporación.
En las imágenes, el presunto sicario aparece sentado, esposado y encapuchado; a Zerón le imputan amenazarlo y amedrentarlo para que cooperara con las indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Por esta imputación, el 23 de abril de 2021 un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur ordenó la aprehensión del ex jefe de la AIC por los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos.
Contra Zerón se han girado cinco mandamientos de captura, dos de ellas relacionadas con el caso Iguala, por tortura y desaparición forzada, y tres por los delitos de peculado, asociación delictuosa, uso indebido de atribuciones y facultades y fraude equiparado.
En estas últimas le imputan compras supuestamente ilegales por 850 millones de pesos de 24 camionetas y equipos de espionaje para el Programa Tayopa; también un contrato de plataformas digitales por 250 millones de pesos; y pagos de más de 99 millones a distintas empresas contratistas, entre ellas la que hizo el proyecto arquitectónico del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la PGR en Querétaro.
Regresan a Murillo Karam al Reclusorio Norte tras estar internado en la Torre Médica
Después de una semana de estar internado en la Torre Médica del Penal de Tepepan, ayer en la tarde autoridades capitalinas llevaron de regreso a Jesús Murillo Karam al Reclusorio Norte, donde se encuentra preso por diversos delitos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Funcionarios locales confirmaron que alrededor de las 13:00 horas agentes de la policía procesal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México iniciaron el traslado del ex procurador general de la República.
Murillo llegó el 17 de marzo pasado a la Torre Médica de Tepepan, por solicitud de sus abogados y familiares, quienes dijeron que en los días previos había padecido crisis recurrentes derivadas de sus problemas de hipertensión arterial.
En un comunicado, informaron que había registrado niveles de 190/112 e incluso indicadores superiores en su presión sanguínea.
A fines del año pasado Murillo estuvo varias semanas fuera del Reclusorio por sus distintos padecimientos e incluso lo ingresaron al Instituto Nacional de Cardiología, donde fue sometido a una cirugía Endarterectomía Carotidea de Alto Riesgo.
El ex procurador tiene otros padecimientos de salud como enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC), hipertensión y la obstrucción vascular cerebral.
El hidalguense fue detenido el pasado 19 de agosto y desde entonces se encuentra preso en el Reclusorio Norte de esta ciudad, procesado por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, supuestamente cometidos durante la investigación del Caso Iguala.
Texto: Abel Barajas/ Agencia Reforma
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