El caso Ciro y la crisis de seguridad interior pública
Las primeras reacciones al intento de asesinato criminal del periodista Ciro Gómez Leyva están sesgando el análisis estratégico del hecho y su significado al orientar de manera directa alguna responsabilidad del presidente de la República. Sin embargo, el problema es mayor porque representa una evidencia de la crisis del modelo de seguridad en la capital de la República como reflejo de lo que está ocurriendo en todo el país.
Las autoridades parecen ignorar el marco interpretativo del suceso y cometerán el error de siempre de buscar y encontrar a los sicarios, pero sin reconocer el incremento en la actividad delictiva de cárteles, bandas y pandillas y la disputa violenta por territorios capitalinos. Es muy posible que las autoridades identifiquen a los sicarios y los arresten, pero como siempre dejaran en el aire el escenario estratégico del reacomodo de la delincuencia organizada en la capital de la República.
El gobierno federal también cometerá su propio error estratégico: asumir el atentado en el contexto de la prensa militante contra el presidente de la República y replicar con una intensificación de la respuesta critica de Palacio Nacional, ahondando los espacios de vulnerabilidad del sector periodístico por la decisión gubernamental de abandonar su protección como parte de la estrategia de seguridad. Los datos son alarmantes: la mayor parte de los periodistas asesinados cayeron por la certeza delictiva de que en Mexico se puede asesinar con impunidad a un periodista, desde Manuel Buendía en 1984 a la fecha.
Las agresiones contra la prensa crítica forman parte de la acumulación de evidencias en el sentido de que existe una profundización de la crisis en el funcionamiento del sistema político en sus tres expresiones preocupantes: crisis de representación, crisis de intermediación y ahora crisis de interlocución. La prensa crítica ha tenido que ocupar el espacio que le debiera corresponder a la oposición, porque la oposición extravió sus funciones y entró en una guerra de posiciones con el régimen y el desplome de su votación —toda la oposición apenas equipara la votación de AMLO-Morena–.
El presidente de la República y su partido como el eje dinamizador del sistema político han dinamitado los puentes de entendimiento como una manera de consolidar su mayoría. Y la prensa, que viene de un papel sistémico, ha tenido que suplir la existencia de la oposición y ha asumido una función de confrontación descalificadora de las acciones del Gobierno federal para pasar de analistas a opositores funcionales, aunque con una circunstancia agravante de que carecen de militantes y los lectores proporcionan apoyos generosos pero no modifican los equilibrios de poder.
Aún con todos sus defectos, en el pasado priista la prensa jugaba un papel equilibrador en el ámbito de las opiniones, aunque la mayor parte de las veces desde los sectores críticos del mismo sistema y muy pocas asumían condiciones de oposición real, jugando un equilibrio dentro del sistema en tanto que la publicidad de los medios era oficial.
El presidente López Obrador ha desarrollado una estrategia de desarticulación y deconstrucción del sistema anulando a la oposición y desactivando en confrontación inequitativa la relación Gobierno-prensa. El repliegue del Gobierno a la defensa de su propia estructura y mayoría y polarizando la vida política nacional se ha convertido en un factor de disfuncionalidad –para decir lo menos– del sistema/régimen/Estado y ha abandonado sus obligaciones de garantizar la seguridad interior de la República, es decir, desarticulando su función de “salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.
La lógica schmittiana de amigo-enemigo fortalece al grupo gobernante y sus masas, pero deteriora la función pública del Gobierno para garantizar la gobernabilidad y la gobernanza interior y abandona espacios de seguridad pública que tienen que ver con la estabilidad interna en sectores que son ocupados o capturados por el crimen organizado.
De Manuel Buendía a Ciro Gómez Leyva se percibe la abdicación de las funciones de seguridad interior del Gobierno y del Estado y en la lógica de la suma cero esos espacios son asumidos por sectores delictivos que asesinan ciudadanos, periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y disidentes porque entienden la desidia oficial.
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